Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 DE MAIG DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Actualización del Anexo 1 por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 08-05-2020)

Euro
Resolución de 7 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de mayo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-05-2020)

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 8 DE MAIG DE 2020

Fiscal

Bruselas propondrá crear un supervisor europeo contra el blanqueo

La Comisión Europea (CE) propondrá establecer un supervisor único en la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales dado que el sistema actual, basado en la vigilancia de las autoridades nacionales, no evitó los recientes escándalos de lavado de dinero en Holanda, Estonia o Letonia.

"Estamos explorando dos opciones: podemos crear una nueva agencia europea o darle más responsabilidades a la Autoridad Bancaria Europea", anunció este jueves en una rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea para asuntos económicos, Valdis Dombrovskis.

La propuesta, que se presentará en el primer trimestre de 2021, es la medida más relevante de un nuevo plan de acción contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo presentado hoy por el Ejecutivo comunitario y que se someterá a consulta pública antes de materializarse.

Dombrovskis indicó que establecer una nueva agencia europea tendría la ventaja de ser "más flexible en su gobernanza y alcance"; mientras que ampliar las competencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) tiene ventajas en términos presupuestarios y por la menor fragmentación del sistema de supervisión.

Pero advirtió de que si se opta por dejar la tarea a la EBA habrá que mejorar su proceso de toma de decisiones para hacerlo "más centralizado y efectivo", algo que ya se intentó con poco éxito el año pasado, cuando se le dieron algunos poderes de lucha contra el blanqueo.

El vicepresidente comunitario argumentó que el "decepcionante" rechazo de la EBA a investigar el blanqueo a través de la filial estonia de Dankse Bank, "uno de los escándalos más grandes de Europa", muestra que esos cambios serían necesarios.

Las peticiones para establecer un único supervisor, procedentes entre otros del Banco Central Europeo, se multiplicaron en 2019 a raíz de escándalos de blanqueo a través de cuentas de bancos en Holanda, Letonia o Estonia. Sin embargo, las reticencias de los países a dar más competencias a los supervisores financieros comunitarios impidieron adoptar medidas de calado más allá de ampliar los poderes de la EBA.

El plan de Bruselas pasa además por armonizar las reglas sobre blanqueo de dinero para evitar las lagunas que surgen por la diferente interpretación que hace cada autoridad nacional, así como por crear un organismo que coordine a las Unidades de Inteligencia Financiera de los Veintisiete, que se encargan de identificar las transacciones sospechosas. Ambas propuestas se presentarían en el primer trimestre de 2021.

En los últimos años la UE se ha dotado de numerosas normas para prevenir el blanqueo de capitales con dos directivas aprobadas en 2015 y en 2018, pero la mayoría de Estados no las ha introducido todavía en su legislación nacional pese a que ha expirado el plazo para ello.

En los últimos años la UE se ha dotado de numerosas normas para prevenir el blanqueo de capitales con dos directivas aprobadas en 2015 y en 2018, pero la mayoría de Estados no las ha introducido todavía en su legislación nacional pese a que ha expirado el plazo para ello.
(Expansión, 08-05-2020)

Laboral

Preacuerdo para renovar los ERTE

El Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis sanitaria y de la suspensión de determinadas actividades durante al estado de alarma. En concreto, el texto de este preacuerdo, que podría sufrir modificaciones de última hora para conseguir el sí definitivo de la patronal, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTE de fuerza mayor derivados de la covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad).

No obstante, por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrán prorrogar estos ERTE “en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio”. El texto, que está elaborado en forma de Real Decreto-ley, establece que no podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas.

Esta limitación no será aplicable a las empresas que, a 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores. El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo con este borrador del preacuerdo, que será sometido este viernes a la consideración de los órganos de dirección de las organizaciones sindicales y empresariales, a partir del desconfinamiento se facilitará la transición de ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción y se permitirá que estos últimos se tramiten mientras estén vigentes los primeros.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del preacuerdo se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.

En el caso de ERTE de fuerza mayor parcial, la empresa se beneficiará de una exención por los trabajadores que vuelvan a la actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este año su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. En el caso de los trabajadores que se queden en el ERTE y sigan con sus contratos suspendidos, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados.

Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros. Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTE ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las ventajas de los ERTE derivados de la covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, una exigencia a la que la CEOE se opone y de la que dependerá su sí definitivo al acuerdo.

En el texto que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, y que podría cambiar a lo largo de este viernes, se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado).

En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora. Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores.

Este preacuerdo sobre la extensión de los ERTEs tendrá que ser ratificado por las distintas organizaciones, tanto sindicales como empresariales. Así, CEOE ha convocado a su Comité Ejecutivo a una reunión a las 9.00 horas de este viernes. Por la parte sindical, UGT también celebrará un Comité Confederal para dar el visto bueno al borrador, al igual que CCOO, que reunirá a su Ejecutiva. Si los órganos de dirección de los agentes sociales dan el visto bueno al acuerdo, no es descartable que esta norma se apruebe en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes para dar luz verde a la prórroga del estado de alarma.
(Cinco Días/Expansión, 08-05-2020)

La tasa de paro ascenderá al 34% si los afectados por un ERTE pierden el trabajo

Es la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), presentada este jueves. A medida que se recupere la actividad, explica el director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, Raymond Torres, la economía va a ir reponiéndose, pero no será hasta dentro de tres años cuando logre volver a los índices en los que cerró el año 2019. "No todos los sectores van a recuperarse de forma simétrica, por lo que la contribución de cada uno al PIB será diferente.

Pero en términos agregados, los números de 2019 no volverán a verse hasta 2023", explica. Durante la primera mitad de 2020, Funcas prevé una destrucción del PIB del 20%. La recesión será del 7%, para rebotar un 5,4% a partir de 2021. La misma tendencia se repetirá con los índices de paro. Funcas estima que la tasa de desempleo ascienda al 19% durante 2020, para ir recuperándose muy lentamente a partir de 2021, cuando bajará al 17%. "No será hasta 2023 cuando se recupere la tasa anterior a la crisis", añade.

La pandemia, prosigue Torres, ha producido un parón inmediato de la actividad más o menos parejo en las principales economías. Sin embargo, la magnitud del impacto dependerá de las vulnerabilidades propias de cada sistema. En el caso español, con mucho peso del sector turístico y el de los servicios, la contracción será más severa. La recesión también estará condicionada por el impacto de las pymes y del trabajo temporal, así como por las políticas económicas llevadas a cabo para contrarrestar los efectos de la crisis. Otra vulnerabilidad propiamente española será "los insuficientes esfuerzos de correción que se hicieron durante la época de expansión", detalla Torres.

Según el análisis de Funcas, España tiene en este momento tres prioridades para minimizar al máximo el impacto de la pandemia. Por un lado, explica Torres, hay que "evitar el cierre en cascada de empresas y pequeños negocios con medidas de apoyo a la liquidez y moratorias de impuestos". También hay que limitar los despidos "promoviendo los ERTE, las adaptaciones de jornada y otras fórmulas que consigan mantener el mercado laboral". Por último es necesario, insiste Funcas, un impulso de la demanda pública. "Estos tres ejes serán necesarios para una recuperación económica, y los están llevando a cabo todos los países que están promoviendo políticas fuertes para luchar contra la pandemia", apunta Torres.

Una de las herramientas adoptadas, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), está dando por el momento sus frutos en España. De hecho, según cálculos de Funcas, si los cerca de 3 millones de afectados por estos planes de regulación de empleo contasen como desempleados, la tasa de paro española estaría rozando el 34%. Por ello, explica Torres, el Gobierno debe prorrogar al máximo posible este instrumento a lo largo de toda la desescalada, para evitar una sangría de despidos antes de que finalice el año. En esta línea, la cifra de 17.000 millones presupuestados por el Ejecutivo para afrontar la crisis tendrá que crecer, algo que desde la Fundación de las Cajas de Ahorro ven con buenos ojos.(Cinco Días, 08-05-2020)

La Seguridad Social lanza un asistente virtual para solucionar las dudas

La Seguridad Social ha puesto en marcha un asistente virtual para su página web con el objetivo de proporcionar información útil y solucionar las dudas de los usuarios que quieran realizar algún trámite con el organismo, ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Social y Migraciones.

Se trata de un nuevo canal, disponible a cualquier hora los 365 días del año, que se suma a los ya habituales y refuerza las medidas extraordinarias que la Seguridad Social está adoptando para mitigar el cierre de oficinas de atención presencial ante la pandemia provocada por el coronavirus.

Entre febrero y abril, las consultas en la página web de la Seguridad Social se han disparado casi un 60%. Entre las consultas más habituales se encuentran las de solicitar prestaciones, conocer requisitos para darse de alta como autónomo o saber cómo acceder a la pensión de jubilación.

Este nuevo servicio se encuentra accesible desde la portada de la web de la Seguridad Social, pinchando sobre una ventana flotante con el texto "¿Te ayudamos?" en el margen inferior derecho de la pantalla. El asistente permite mantener conversaciones y ofrece respuestas con información oficial en materia de Seguridad Social. Los ciudadanos tan sólo deben formular sus consultas utilizando sus propias palabras.

Esta herramienta incorpora información sobre los servicios más demandados. De esta forma, se puede encontrar respuesta a cómo solicitar la pensión de jubilación o cualquiera de las prestaciones del sistema, como la de nacimiento y cuidado del menor, qué requisitos se tienen que cumplir para acceder a las mismas; cómo pedir la vida laboral, cómo darse de alta como autónomo, cómo tramitar el alta de una empleada de hogar y, mientras dure el estado de alarma, cómo hacerlo si las oficinas están cerradas.

Próximamente, esta nueva herramienta, que incorpora tecnología de Inteligencia Artificial y de aprendizaje automático, será accesible también desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social, extendiéndose después a otros canales.
(Expansión, 08-05-2020)

Trabajo alcanza un acuerdo con la banca para que adelante el pago de las prestaciones

La crisis del coronavirus ha tenido tal impacto sobre el mercado laboral que el SEPE y las autoridades laborales de las comunidades autónomas se han visto desbordadas por la cantidad de solicitudes de prestación que han recibido, tanto por despidos como por ERTE, lo que está retrasando el pago de las prestaciones. Para agilizar las transferencias a los beneficiarios, el Ministerio de Trabajo ha firmado un convenio con la banca para que las entidades financieras adelanten el pago de estas prestaciones y así no sea necesario esperar hasta el día 10 de cada mes, que es cuando el SEPE hace el ingreso.

Así lo ha anunciado hoy el ministerio en una nota en la que ha anunciado el convenio firmado con las patronales bancarias AEB, Ceca y Unacc. A partir de este momento, todas las entidades que se adhieran al convenio podrán adelantar el pago de las prestaciones derivadas de la crisis del coronavirus a medida que el SEPE las vaya aprobando.

En concreto, el sistema funcionará de la siguiente forma: cuando el SEPE reconozca el derecho a la prestación del beneficiario y su cuantía, se lo comunicará a la entidad financiera para que ésta realice el pago de la prestación. De esta forma, no será necesario esperar a los plazos con los que trabaja el SEPE y que suponen que el pago se realiza el día 10 de cada mes, lo que implicaba que muchos beneficiarios tenían que esperar varias semanas desde que se reconocía su prestación hasta que se abonaba definitivamente.

A partir de ahora, el SEPE enviará de forma diaria la información a las entidades financieras para que abonen las prestaciones en el preciso momento en el que sean reconocidas. Esta medida es importante, ya que el propio Ministerio de Trabajo reconoce que quedan unos 300.000 beneficiarios de ERTE pendientes de cobrar su prestación. Con este convenio, cuando el SEPE apruebe la prestación, el banco podrá adelantar el pago.

El adelanto también incluirá cualquier cuantía que el beneficiario tenga que percibir con carácter retroactivo hasta el inicio del estado de alarma. El convenio tendrá una vigencia de tres meses prorrogables. En cuanto a las condiciones del anticipo, tendrán un tipo de interés del 0%, lo que no conllevará costes para los beneficiarios.
(El Mundo, 08-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Lagarde asegura que el BCE seguirá haciendo "todo lo necesario"

El Banco Central Europeo (BCE) es una institución independiente que rinde cuentas ante el Parlamento Europeo y está sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero también al cumplimiento de su mandato, para lo que hará "todo lo necesario", según ha indicado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

"Los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo", ha asegurado la presidenta del BCE durante su participación en un acto organizado por Bloomberg, añadiendo, al ser cuestionada sobre el dictamen del Constitucional alemán, que la institución seguirá adelante "sin inmutarse".

La francesa ha insistido en que el BCE "es una institución independiente, que rinde cuentas ante el Parlamento Europeo y que se guía por su mandato", por lo que ha afirmado que la institución "seguirá haciendo lo que sea necesario" para cumplirlo.

"Nuestro mandato dicta que hagamos todo lo necesario y todo lo que haga falta para cumplir nuestro propósito", ha afirmado Lagarde, subrayando las excepcionales circunstancias y el 'shock' sin precedentes que atraviesan actualmente la economía mundial y la eurozona, lo que hace claramente necesario ir más allá de las herramientas normales y convencionales.

En este sentido, Lagarde ha defendido que, en tales circunstancias, el banco central tiene que diseñar y calibrar el adecuado nivel de desviación para contar con el margen de maniobra para cumplir su mandato y evitar así un endurecimiento indeseado de las condiciones de financiación y asegurar que la política monetaria se transmite a todas las regiones de la eurozona.

"Eso es lo que necesitamos hacer, lo que de hecho estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo", ha sentenciado Lagarde. De este modo, la presidenta del BCE ha asegurado que las herramientas, la calibración, la proporcionalidad y la evaluación irán en función de lo que dicten las circunstancias. "Y seguiremos haciéndolo sin inmutarnos", ha concluido.
(Cinco Días, 08-05-2020)

Calviño cree que la recuperación empezará en el segundo semestre

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el impacto del Covid-19 en la economía tendrá forma de "V asimétrica" y la recuperación se iniciará en la segunda mitad de este año, al tiempo que ha asegurado que se está empezando a ver una "cierta estabilización" en el mercado de trabajo.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso para explicar el impacto económico de la pandemia y las medidas implementadas para paliar la crisis, en la que ha indicado que las previsiones de la Comisión Europea y del resto de organismos están "muy alineadas" con las del Ejecutivo, e incluso apuntan a una recuperación "más intensa" en 2021, con un avance del 7%.

Calviño ha defendido que las previsiones del Gobierno "son prudentes", coinciden con la de los organismos y están "en línea" con la de otros países, al augurar una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que prevé un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB.

Asimismo, ha explicado que la caída del PIB este año se debe al retroceso de la demanda interna, particularmente del consumo privado, a resultas del "muy significativo" incremento del ahorro, tanto por el incremento de la incertidumbre como por las restricciones de movilidad, aunque ha proyectado el inicio de la recuperación en el segundo semestre. "Los fundamentos de nuestra economía siguen siendo los mismos que hace unos meses nos hacían crecer por encima de la media de los países de nuestro entorno", ha afirmado.

Según Calviño, el impacto macroeconómico del Covid-19 tendrá forma de "'V' asimétrica", con una caída muy intensa de la actividad económica, que se refleja en una pendiente negativa "muy pronunciada" en este segundo trimestre del año, con una recuperación más gradual y una pendiente positiva "más suave" durante la segunda mitad del año, hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021.

"Nuestras previsiones apuntan a que el inicio de la recuperación comenzará en la segunda mitad del año en curso", ha afirmado Calviño, quien ha explicado que estará liderado por la demanda interna, impulsada por el progresivo levantamiento de las medidas de contención, beneficiando a su vez la creación de empleo. Además, cree que el sector exterior, "particularmente afectado" por el impacto del turismo extranjero, tendrá una "progresiva recuperación", incluyendo el turismo en la medida que se levanten los cierres de fronteras y se reactiven las economías de los socios comerciales.

Así, ha augurado que el "buen comportamiento" del sector exterior en 2021 y un precio del petróleo en torno a 40 dólares permitirá a España aumentar su saldo presupuestario por cuenta corriente y mantener su capacidad de financiación.
(Expansión, 08-05-2020)

Juzgados de Primera Instancia anulan el índice IRPH y lo sustituyen por el euribor

Los Juzgados de Primera Instancia ya han declarado nulo en hasta nueve ocasiones el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y lo han sustituido por el Euríbor desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara el pasado 3 de marzo abriendo la puerta a que miles de clientes litigaran contra esta cláusula.

En estas nueve sentencias se da la razón al consumidor y se sustituye el tipo de referencia IRPH por el Euríbor, en muchos casos sumando el diferencial establecido en escritura que, al ser comercializado en otras épocas, son muy reducidos, como 0,25% o 0,4%. Asimismo, en varios fallos se eliminan de los contratos otros elementos abusivos como la cláusula suelo, de hasta el 4% en algunos casos, gastos (notario, registro y gestoría), comisión de apertura y vencimiento anticipado.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) señala en un comunicado que lo novedoso de estas sentencias es que dejan por escrito las consideraciones clave del TJUE sobre transparencia y cálculo del IRPH, además de incorporar los antecedentes ya sabidos de su desaparición.

La primera sentencia la firmó la magistrada Begoña Mosacar en Burgos contra CaixaBank, solo un día después de que el TJUE se pronunciara. Cinco días más tarde, la jueza Laura Bueso de Lleida daba salida a dos fallos sobre IRPH, en los que también tumbaba su validez. En este caso, se refería a dos contratos hipotecarios firmados con CaixaBank y Banco Popular (ahora Banco Santander).

Las juezas María Teresa Martínez en Orihuela y María José Ruibal en Cornellà de Llobregat hicieron lo propio los días 13 y 16 de marzo contra Banco Popular (ahora Banco Santander) y BBVA.

En el mes de abril, ya instalados en el estado de alarma pero tramitadas a través de los canales telemáticos de la Justicia, las magistradas Ángela Sanz de Guadalajara, Eva Martínez de Orense, Margarita Isabel Poveda de Palma de Mallorca y Tania Rodríguez de Vigo declararon nulo el IRPH en cuatro ocasiones. Sus sentencias se dictaron contra BBVA, Abanca, CaixaBank y Banco Santander.

No obstante, durante el mismo periodo, dos jueces han desestimado la demanda del cliente y han declarado la validez del índice. El primer caso fue el Juzgado de Primera Instancia de Tarragona, que se posicionó a favor de CaixaBank.

El segundo caso marca un devenir en el futuro de las sentencias al tratarse de una Audiencia Provincial. El juez José María Fernández Seijo desestimó el recurso de apelación que un cliente interpuso contra un fallo que determinó la validez de IRPH incluida en un contrato firmado con Caixa d'Estalvis de Sabadell (ahora BBVA), informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
(El País, 08-05-2020)

Sector

Justicia pretende recuperar la actividad de los tribunales dentro de tres semanas

Un mínimo de tres semanas para recuperar la actividad habitual en los tribunales. Ese es el plazo que se marca el Ministerio de Justicia, según comunicó ayer durante una reunión a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. El plan de Justicia implica una reincorporación paulatina de los funcionarios a partir del próximo lunes. Durante la primera semana, se incorporará entre el 30 y el 40% de la plantilla; la siguiente, ya trabajará entre el 60 y el 70% y se activarán por primera vez, los turnos de tarde; y a la tercera, el 100%. El calendario podría sufrir retrasos en función de la evolución de la pandemia en cada Comunidad.

La incorporación escalonada de los funcionarios, que dependen del Ministerio y de las Comunidades con las competencias transferidas, no implica, en principio, que vaya a haber cambios a partir de la próxima semana respecto a la suspensión de la actividad judicial no urgente, según las fuentes consultadas. Pero, incluso con las vistas suspendidas, la vuelta a los juzgados de los funcionarios empieza a ser necesarias, según estas fuentes, para que los jueces puedan ir trabajando en escritos que se han presentado en las últimas semanas a través de Lexnet, el sistema de notificaciones telemáticas de la Administración de Justicia.

El Consejo y el Ministerio tienen pendiente decidir cuándo se retomará toda la actividad judicial y se levantará la suspensión de los plazos procesales que entró en vigor con el estado de alarma. El plan de Justicia es reactivar los plazos dentro de tres semanas, coincidiendo con la incorporación total de la plantilla de funcionarios. Aunque el Consejo no ha informado de cuándo planea retomar las vistas, las fuentes señalan que lo previsible es que se haga coincidir esa fecha con la que establezca el Gobierno para los plazos procesales. Este calendario para la desescalada estará sobre la mesa en la reunión que, como cada viernes, mantendrá hoy la comisión de coordinación de crisis de Justicia, de la que forman parte el ministerio, las 12 comunidades con las competencias transferidas, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.

Tras el encuentro de ayer, las asociaciones de jueces y fiscales difundieron un comunicado conjunto en el que mostraron su malestar por la falta de información y de consenso con las medidas que se han ido adoptando en las últimas semanas. Los miembros de ambas carreras pidieron también que se garantizara la protección de los trabajadores y se potencien las herramientas tecnológicas, que se consideran imprescindibles para impulsar la justicia telemática en la que se basa buena parte del plan de Justicia para evitar el caos tras la pandemia. A preguntas de las asociaciones, el ministerio advirtió de que si no se convalida la próxima semana el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas habrá dificultades para cumplir con los objetivos propuestos.

El CGPJ, por su parte, acordó ayer una modificación parcial del contrato con la compañía médica que realiza reconocimientos anuales a los más de 5.400 jueces en activo en España para poder hacerles la prueba serológica que permite saber si se han generado anticuerpos frente al covid-19.
(El País, 08-05-2020)

 

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).