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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 A L’11 DE MAIG DE 2020

Laboral

Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19
Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
(BOE, 09-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.
(BOE, 10-05-2020)

Flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(BOE, 09-05-2020)

Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
(BOE, 09-05-2020)

Prórroga de los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 09-05-2020)

Prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 09-05-2020)

Términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA)
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
(BOE, 09-05-2020)

Euro
Resolución de 8 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de mayo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-05-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 9 A L’11 DE MAIG DE 2020

Fiscal

El Congreso vota el miércoles el decreto del pago fraccionado de Sociedades y la rebaja del IVA sanitario
El Pleno del Congreso someterá el miércoles a debate y votación el último gran decreto ley aprobado por el Gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y que incluye los cambios en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en el IVA a productos sanitarios. El impacto económico global de esas medidas fiscales y laborales se cifra en 2.425 millones de euros, en su mayor parte por los 2.122 millones que dejarán de recaudarse por esos cambios en Sociedades y el IVA sanitario.

En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan. En todo caso, el Pleno tiene la opción de tramitarlos como proyecto de ley, lo que abriría la puerta a modificar su redacción vía enmiendas.

En materia laboral, el decreto ley prorroga durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, y se contempla el acceso a las prestaciones por desempleo de los trabajadores que, estando en periodo de prueba, vieron extinguido su contrato laboral a partir del 9 de marzo, y de quienes extinguieron voluntariamente su contrato de trabajo a partir del 1 de marzo por contar con otra oferta laboral en firme que finalmente decayó.

Además, se modifica también la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor, para cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos. Los trabajadores fijos-discontinuos podrán incorporarse a ERTE o recibir una prestación de 90 días aunque hubiesen agotado el desempleo o no hubieran cotizado.

También endurece las sanciones por la presentación de ERTE fraudulentos, de forma que se considere como infracción "muy grave" efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que los trabajadores obtengan o disfruten indebidamente de prestaciones.

También figura la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las cooperativas para que pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar el Covid-19.

Finalmente, con efectos desde el 1 de enero de este año, los trabajadores agrarios que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en 2019, ven reducidas sus cotizaciones resultantes un 19,1% durante los periodos de inactividad en 2020.

En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de fondos de pensiones, con un límite de unos 1.613 euros al mes a los afectados, que pueden realizar hasta un mes después del estado de alarma y se permite la tramitación si falta algún documento. Se reducen, asimismo, un 50% los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.

Igualmente, se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas, que beneficiará a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo. En el caso de que el propietario sea distinto a grandes tenedores o empresas públicas, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias vulnerables, se habilita que la Línea de Avales aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020 tenga una dotación de hasta 1.200 millones de euros.
(Expansión, 10-05-2020)

Laboral

El acuerdo sobre los ERTE provoca una tormenta en la CEOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmará hoy en la Moncloa con los líderes de la patronales y de los sindicatos UGT y CC.OO. el acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta el 30 de junio, más allá del estado de alarma. Un acuerdo que ha levantado numerosas críticas dentro de la CEOE, como se puso de relieve en la reunión del comité ejecutivo del viernes pasado, donde diversas patronales de peso, como la madrileña CEIM, la catalana Foment del Treball y las sectoriales de hostelería y automoción expresaron su oposición a los términos acordados.

Dos aspectos molestan en particular. El primero es el plazo fijado, pues algunos sectores, entre ellos los relacionados con la actividad turística, entienden que el 30 de junio no estarán en condiciones de recuperar su actividad. Y el segundo aspecto más criticado es que las empresas no puedan reducir plantilla a menos que acrediten que van a concurso de acreedores.

La reunión, telemática, tuvo algunos momentos de tensión entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los sectores críticos. No se sometió a votación y se dio por bueno el acuerdo, aunque con el matiz de que se pide al Gobierno que se siga negociando con los sectores más afectados. “Los empresarios españoles instamos al Gobierno a que se reúna ya, desde mañana mismo, con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos”, destacó la CEOE en un comunicado.

“Aún no tenemos ni siquiera el texto del pacto cuando lo que necesitamos es certidumbre”, destacó ayer Gerardo Pérez, presidente de Faconauto (concesionarios). A su juicio, “a 30 de junio muchas empresas no habrán podido arrancar su actividad y el hecho de que no se pueda reducir plantilla pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas y, en consecuencia, también de sus trabajadores”. “Tampoco es de recibo que no se pueda repartir dividendos cuando hay un ERTE de fuerza mayor porque eso va a impedir que venga inversión extranjera a España”. Al igual de Faconauto, Anfac también se posicionó en contra del acuerdo.

“Algo había que regular, pero el acuerdo no satisface las necesidades”, apuntó el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido. “De entrada se parte de un error de concepto: pensar que los ERTE son una ayuda a las empresas y que estas deben compensar por ellos a la sociedad, cuando en realidad cuando existe fuerza mayor es que la empresa tiene impedida su capacidad de trabajar”. No obstante, Garrido se mostró esperanzado en las posteriores negociaciones con los sectores más castigados.

En la misma línea se pronunció Joan Gaspart, que forma parte del comité ejecutivo de la CEOE en representación de Foment del Treball, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre, otra de las voces más críticas el viernes con los términos pactados por Antonio Garamendi con el Gobierno y los sindicatos. “El 30 de junio difícilmente podrán estar activos los hoteles, con los requisitos establecidos y la movilidad limitada, pero confiemos en que el Gobierno acepte mejorar las condiciones al sector”, subrayó Gaspart.

Exceltur, que agrupa a empresas de toda la cadena del negocio turístico como Amadeus, Iberia, Globalia, Air Nostrum o Meliá, opina que el pacto no ha tenido en cuenta el turismo. Lo mismo que el Gremi d’Hotels de Barcelona, que advierte que prorrogar los ERTE sólo hasta el 30 de junio “empuja al sector hotelero a la ruina”.

El gremio exige que los hoteles puedan alargar los ERTE por fuerza mayor, como mínimo, hasta finales de año, sin ningún tipo de condición. “Especialmente, la cláusula que obliga a las empresas a mantener los puestos de trabajo durante seis meses después de reanudar la actividad”, según destacó la organización que preside Jordi Mestre.
(La Vanguardia, 11-05-2020)

El Gobierno dará hasta 1.015 euros al mes a un millón de familias vulnerables
El ingreso mínimo vital podrá solicitarse desde junio con la referencia de ingresos de 2019. La renta base será de 462 euros y aumentará si hay niños a cargo. Se darán incentivos por lograr otros ingresos. La cuenta atrás para la aprobación del gran escudo social del Gobierno entra en su recta final.

El ingreso mínimo vital (una renta mensual garantizada para personas vulnerables) echará a andar en junio, así que el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá le está dando los últimos retoques al decreto-ley que lo regulará.

La medida estrella del Gobierno en materia social, el ingreso mínimo vital, podrá solicitarse desde junio con la referencia de ingresos de 2019, según adelanta en exclusiva El Mundo. Esta renta mensual garantizada para personas vulnerables, a la que el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá está dando los últimos retoques, iniciará su andadura el mes que viene.

La renta base será de 462 euros, no se concederá a personas sino a la "unidad de convivencia", aumentará si hay niños a cargo y podrá alcanzar un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, según afirma el rotativo, se darán incentivos por lograr otros ingresos.
(El Mundo, 11-05-2020)

ATA cerró 2019 con más de 253.500 socios de cuota
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) cerró el año 2019 con 253.521 socios de cuota, lo que representa un incremento del 20,5% con respecto al ejercicio anterior. Según informó la asociación, en el ejercicio registró un resultado positivo de 889.985,04 euros, con unos ingresos de 6,400 millones de euros y unos gastos de 5,51 millones de euros.

El presupuesto de ATA se incrementó en 1,194 millones de euros, un 22,9% más, hasta alcanzar los 6,4 millones de euros, fruto de un incremento en parte proporcional de los ingresos de cuotas de socios con respecto a 2018. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que el objetivo de la federación es "llegar a cubrir el 100% de los gastos con cuotas", y destacó que en 2019 los ingresos en cuotas supusieron el 92% del gasto total.

"Nuestra meta es seguir aumentando la afiliación y a la vez reducir y ajusta el gasto lo máximo posible como se marcó como objetivo la nueva Junta directiva elegida el pasado 9 de marzo", añadió. Las subvenciones que recibió ATA en 2019 ascendieron a 1,059 millones de euros, registrando un incremento de casi el 50% con respecto al ejercicio anterior.
(Expansión, 10-05-2020)

La justicia obliga a una empresa en ERTE a pagar las nóminas retrasadas
El Juzgado de lo Social n.º3 de Albacete ha obligado a una empresa en situación de ERTE a pagar los salarios atrasados que debía a sus empleados. En la sentencia, el tribunal considera que encontrarse inmerso en un expediente de regulación de empleo "no exime a la compañía de cumplir con las obligaciones previas que tenía con sus trabajadores".

La Sala declara además la extinción de sus contratos de trabajo, como así solicitaron los demandantes. Lo hace en virtud del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que permite al trabajador cesar su contrato laboral voluntariamente y de forma unilateral siempre que se cumplan ciertas causas. Entre ellas, la "falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado".

Según recoge el fallo, la empresa, un taller de reparación de automóviles, llevaba aplazando los pagos de las nóminas a la plantilla, compuesta por ocho trabajadores, desde enero de 2018 hasta mayo de 2019. En ocasiones, los retrasos llegaron a ser de hasta cuatro meses. Cuando llegaban, solían hacerlo de forma fraccionada, por lo que los empleados recibían el sueldo repartido a lo largo del mes.

En este sentido, el juzgado entiende que la compañía ha incumplido de forma "grave y reiterada" su obligación del abono puntual de la nómina. Para el tribunal, este comportamiento debe ser condenable, "siendo totalmente ajenas las cuestiones empresariales que hayan podido determinar a la empresa a mantener tales retrasos", asevera. Por ello, obliga a la firma a abonar las nóminas que quedan pendientes.

Igualmente, el juez sostiene que la presentación de un ERTE ante la autoridad laboral "no puede servir de óbice a las pretensiones ejercitadas por los demandantes" por dos motivos. Por un lado, porque la existencia de un expediente de regulación de empleo en ningún momento congela o anula las acciones que los trabajadores puedan ejercitar "en defensa de sus legítimos intereses". Por el otro, porque la presentación de un ERTE después de años atrasando pagos "no constituye un elemento que priva de eficacia a los incumplimientos previos".

Por el contrario, el juez argumenta que la propia tardanza en adoptar tal decisión "supone un claro elemento justificativo de la pretensión ejercitada por los empleados". Aunque la decisión empresarial tenía como propósito conseguir una salida a los problemas generados en su actividad, apostilla, "ello no puede suponer que los trabajadores tengan que soportar ya no meros retrasos, sino situaciones de deuda de hasta cuatro nóminas".

La sentencia, no obstante, distingue entre aquellos trabajadores que no se han visto afectados por el ERTE y aquellos que sí. Los primeros, indica, deberán percibir no solo las sumas atrasadas, sino también los salarios posteriores hasta la terminación de la relación laboral; mientras que los segundos recibirán únicamente los salarios retrasados. Así, el juzgado fija indemnizaciones a cada trabajador de entre 36.000 hasta los 80.000 euros.
(Cinco Días, 09-05-2020)

Acuerdo de Trabajo y los agentes sociales para los ERTE
Los empresarios decidieron ayer finalmente apoyar el acuerdo al que habían llegado la noche del jueves con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos para desvincular los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor de la duración del estado de alarma. Este acuerdo, que se plasmará en un Real Decreto que se aprobará previsiblemente el próximo martes en el Consejo de Ministros, modifica algunas de las actuales condiciones de esta herramienta laboral. Estas son los principales cambios legales que estarán vigentes desde el mismo día que el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría ocurrir el miércoles que viene.

Lo primero que hace el borrador del Real Decreto es desvincular la duración de los ERTE de fuerza mayor del estado de alarma, ya que la ley decía actualmente que su vigencia terminaba con el fin de dicho estado. Así, este preacuerdo indica que, desde la entrada en vigor de la norma, seguirán con los ERTE de fuerza mayor las empresas que ya tuvieran uno de ellos y estuvieran afectadas por las causas que se lo propiciaron y que impidan el reinicio de su actividad, "mientras duren las mismas (algo que se desvincula del calendario del estado de alarma) y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020".

No obstante, se prevén posibles prórrogas posteriores al 30 de junio. Para ello, la disposición adicional primera de este decreto habilita al Gobierno, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, a establecer una prórroga de los ERTE por fuerza mayor causados por la crisis sanitaria, "en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020".

Precisamente para estudiar las posibles prórrogas de ERTE u otras medidas laborales que aplicar más allá del 30 de junio, se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las patronales CEOE, CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO.

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma. Su función hacer seguimiento, con datos, de las medidas laborales que se apliquen durante mayo y junio, y en función de ello, proponer y debatir aquellas medidas que se propongan. Además, se especifica que esta Comisión, "deberá ser consultada, con antelación suficiente y con carácter previo a la adopción de las medidas" que afecten a la duración de los ERTE por fuerza mayor.

El borrador de Real Decreto crea dos tipos de situaciones desde el momento que entre en vigor: una la de los ERTE por fuerza mayor que sigan con el empleo de todos los trabajadores afectados suspendido totalmente porque no ha podido reactivarse su actividad. Y, en segundo lugar, los ERTE por fuerza mayor parciales, en los que la empresa podrá ir incorporando a sus trabajadores progresivamente al trabajo.

Los dos tipos de ERTE, totales o parciales, llevan aparejadas distintas exoneraciones en el pago de cotizaciones empresariales. Para los primeros se extienden las actuales a las cuotas de mayo y junio (100% de exoneración en el pago a empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% a las que tengan más).

Mientras que si la empresa reincorpora a parte de su plantilla a la actividad, la exoneración de cotizaciones por los trabajadores que vuelvan al trabajo será del 85% en mayo y del 70% en junio, si la compañía tiene menos de 50 trabajadores; y del 60% en mayo y del 45% en junio, en el caso de que sea una empresa con más empleados. Y para las cotizaciones de los trabajadores de estos ERTE parciales que no se reincorporen, la exoneración será del 60% en mayo y del 45% en junio para las empresas de menos de 50 empleados y del 45% en junio

Además, el Ejecutivo podrá también prorrogar más allá del 30 de junio las exenciones empresariales citadas anteriormente y reguladas en este decreto, e incluso precisa que podría “extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas”, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo de estos ajustes “por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen”.

Los ERTE de fuerza mayor deberán mantener el empleo –esto es no podrán despedir trabajadores– durante los seis meses posteriores al fin del ajuste. Si se incumple esta exigencia, la empresa deberá devolver las cotizaciones sociales exoneradas, tal y como ya ocurría en la actualidad.

Si bien se han introducido algunas novedades. Entre ellas, que la norma aclara que esta prohibición solo afecta a los ERTE de fuerza mayor; que los seis meses empezarán a contar desde el momento en el que la empresa empiece a reincorporar trabajadores a la actividad y la plasmación también de algunas excepciones, que ya se aplican en la práctica, como no computar como aminoración de plantilla los despidos disciplinarios procedentes, las jubilaciones, fallecimientos, incapacidades o el fin de los contratos temporales cuya causa finalice en esos seis meses. Asimismo, no tendrán que mantener el empleo las empresas en riesgo de concurso de acreedores.

El Gobierno ha incorporado una nueva exigencia para las empresas consistente en prohibir a las compañías que hayan hecho uno ERTE de fuerza mayor repartir dividendos en el año fiscal del ajuste, "excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social". Esta limitación no afectará a las empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero.

Entre los cambios legales se incluye también un automatismo en la conversión de ERTE por fuerza mayor en otro ajuste temporal de empleo por causas objetivas (técnicas, económicas, organizativas o de producción). Concretamente, cuando el ERTE por causas objetivas siga a uno por fuerza mayor la fecha de efectos del primero se retrotraerá a la fecha de finalización del segundo, precisa el texto.

El Gobierno también levantará el próximo 30 de junio la polémica prohibición temporal de los despidos por fuerza mayor o causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción, que se justifiquen por el impacto del coronavirus, que el Gobierno aprobó el pasado 27 de marzo. La caducidad de esta medida se adelanta por tanto seis meses ya que estaba prevista para 31 de diciembre.
(El País, 09-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

10.000 millones adicionales para el gasto sanitario
El Ejecutivo no quiere correr riesgos en el proceso de desescalada. Así lo ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en la rueda de prensa tras la reunión mantenida por el presidente, Pedro Sánchez, con los representantes de las comunidades y ciudades autónomas. “Lo realmente grave es alejarse de los criterios sanitarios y guiarse por consideraciones políticas, lo que nos podría devolver a la casilla de salida”, ha señalado la responsable de Hacienda.

Montero ha indicado que el presidente del Gobierno ha puesto en valor ante los líderes autonómicos las ayudas que recibirán para hacer frente al impacto del virus. La ministra de Hacienda ha destacado que el fondo no reembolsable por importe de 16.000 millones de euros es “la mayor dotación directa que recibirán las comunidades, una ayuda que no tendrán que devolver, que no supondrá un aumento de la deuda de las regiones y que no sustituye al resto de fondos”.

De acuerdo a lo detallado de los 16.000 millones, la mayor parte, unos 10.000 millones irán a parar a la caja de gasto sanitario extraordinario. El abono de esta cuantía se hará en dos pagos: 6.000 millones se abonarán en el corto plazo y 4.000 millones dependerán de la evolución de los indicadores y que se entregará en el segundo semestre. El segundo tramo del fondo, 1.000 millones, se reservarán para atender el gasto social y a las personas más vulnerables así como a las residencias de mayores y, el tercero, los 5.000 millones restantes servirán para cubrir las pérdidas de ingresos por la caída de la actividad económica. “La financiación no va a ser ningún obstáculo para preservar los servicios esenciales”, ha remarcado. Este dinero no sustituirá a los 115.887 millones del modelo de financiación de las comunidades autónomas.

Montero ha señalado que en paralelo a este fondo, las comunidades podrán seguir contando con la parte no ejecutable de los fondos Feder, unos 3.200 millones adicionales para la compra de material sanitario, kit de detección del virus o abonos de las nómicas.

La portavoz del Gobierno ha precisado que aún no se conoce la cantidad que recibirá cada comunidad autónoma, algo que no se podrá saber “hasta que los parámetros por los que se distribuyen los fondos no estén perfectamente terminados de fijar”. La ministra ha aclarado que están recibiendo las comunicaciones que les aportan las comunidades autónomas y esperarán a recabar la opinión de los diferentes partidos del Congreso de los Diputados para elaborar el decreto. “Haremos las propuestas que mejor se ajusten para compensar el impacto de la crisis”, ha apuntado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que la reducción de contagios es una muestra de que “el estado de Alarma ha funcionado como también está funcionando la cogobernanza”. Illa ha resaltado el esfuerzo de los dirigentes autonómicos y ha apuntado que la prudencia es la “guía de actuación en el proceso de desescalada”.
(Cinco Días, 10-05-2020)

Bruselas permitirá la entrada de los Estados en el capital de las empresas durante seis o siete años
La Comisión Europea aprobó el viernes las normas para que los gobiernos de la UE podrán ayudar a las empresas afectadas por la crisis económica desatada por el coronavirus. Unas semanas después de que Bruselas diera luz verde a que los Estados entraran en el capital de las compañías, el organismo que preside Ursula von der Leyen da a conocer los requisitos que deben cumplirse.

El primero de ellos es que las empresas que pueden beneficiarse son aquellas compañías, grandes o pequeñas, que sin esa ayuda se verían abocadas a la desaparición. Eso sí, para recibir el dinero público las empresas deberían ser viables antes de la crisis. Es decir, no se podrán adherirse a esta medida aquellas firmas que antes de la situación actual vieran comprometidas sus cuentas.

Para evitar una distorsión en el mercado, la Comisión Europea señala que las razones que justificarían la inyección de dinero público serían cuestiones de interés general como el mantenimiento de la plantilla y evitar la quiebra de empresas innovadoras o de aquellas cuyos servicios sean considerados imprescindibles. Junto a estos requisitos, Bruselas establece que el tiempo máximo que podrá permanece el Estado en el capital de la empresa son seis años en el caso de las cotizadas o siete si se trata de firmas que no estén en Bolsa. Asimismo todas aquellas operaciones en las que la inyección del dinero público supere el 22% del capital o sobrepase los 250 millones de euros tendrán que ser autorizada previamente y disponer de un plan de salida. La adquisición de participaciones estará sujeta a la prohibición de repartir dividendos y a las recompras de acciones, bonos y adquisiciones.

Bruselas adoptó esta medida a razón de que una eventual nacionalización de las empresas que penden de un hilo reducirá el riesgo que para la economía de la Unión supone un "número significativo de insolvencias y quiebras". Además, gracias a este mecanismo, se preservaría la continuidad económica durante el brote inicial de la pandemia y durante la recuperación posterior, que la Comisión prevé larga y dura.
(Cinco Días, 10-05-2020)

ICO, BME y Cersa tienen 20 días para poner en marcha el tercer tramo de avales del ICO por 24.500 millones de euros
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, la Compañía Española de Refianzamiento (Cersa) y la Secretaría General del Tesoro disponen de 20 días para que la tercera línea de avales a empresas y autónomos por importe de 24.500 millones de euros aprobada el pasado martes por el Gobierno se ponga en marcha de forma efectiva. Así consta en la resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo del Consejo de Ministros refuerza la obligación de las compañías beneficiarias de los avales de emplear la financiación obtenida para hacer frente a las necesidades de liquidez como gestión de facturas, pago de nóminas o proveedores, necesidad de circulante o vencimientos de obligaciones financieras y tributarias, no pudiendo emplearla para el reparto de dividendos.

Hasta el momento, se han puesto a disposición de empresas y autónomos 40.000 millones de euros en avales liberados en los dos primeros tramos. El 75% de estos avales han ido destinados a la cobertura de las necesidades de liquidez de pymes y autónomos, por entender que son los agentes económicos que más lo requieren.

Dado el buen funcionamiento de este sistema de avales, el presente acuerdo libera 10.000 millones de euros adicionales para pymes y autónomos y otros 10.000 millones de euros para empresas que no tengan la consideración de pyme. El 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas. Los avales de este tercer tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE.

La distribución de la línea de avales entre los operadores se llevará a cabo conforme a los criterios establecidos en para el segundo tramo, si bien para este tercer tramo la distribución del volumen máximo asignado será válida hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha.

Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos. El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Por parte de la banca, el sector deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los acuerdos y en el contrato marco con el ICO. Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por el cliente. De lo contrario, los incumplimientos materiales de sus obligaciones se considerarán infracción de disciplina.

De igual forma, el Gobierno ha habilitado una línea de 4.000 millones de euros para los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF), que será gestionada en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME).

El importe máximo del aval será del 70% del principal de cada una de las emisiones y el plazo máximo de 24 meses. El coste será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses.

Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada recientemente, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.
(Expansión, 09-05-2020)

Sector

Bruselas estudia sancionar a Alemania por la polémica sentencia de su Constitucional
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este sábado la primacía de los tribunales europeos sobre los nacionales en materia de derecho comunitario y amenazó con sancionar a Alemania por la sentencia de su Tribunal Constitucional sobre el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE).

"Me tomo este asunto muy en serio. La Comisión está ahora en el proceso de análisis detallado de las más de 100 páginas de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Sobre la base de esos hallazgos, consideraremos los siguientes pasos, incluyendo procedimientos de infracción", declaró Von der Leyen.

Es la respuesta de la presidenta del Ejecutivo comunitario a la pregunta escrita de un europarlamentario alemán del Grupo de Los Verdes, Sven Giegold, quien en la simbólica fecha en la que se celebra el Día de Europa obtuvo una contestación de la presidenta en un tiempo récord de dos horas, cuando suelen tardar meses.

El Tribunal Constitucional de Alemania dictó una sentencia el pasado martes que cuestiona el programa de compra de bonos soberanos en los mercados secundarios del Banco Central Europeo (BCE) al rebasar sus competencias con el billonario programa de compras de deuda puesto en marcha en 2015.

El fallo no considera ilegal el programa, pero pide al BCE que aclare la proporcionalidad de sus medidas de política monetaria y ordena al Bundesbank alemán que deje de comprar deuda en tres meses si el Banco Central Europeo no justifica que las compras son proporcionadas.

La sentencia del alto tribunal de la primera potencia económica de la Unión Europea (UE) ha caído como una bomba jurídica en Bruselas, centrada ahora en la preparación con los Estados miembros en la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Además de referirse a un acto de una institución comunitaria, contradice el fallo emitido por el propio Tribunal de Justicia de la UE en 2018, que consideró que el BCE actuó dentro de su mandato.

De ahí que el propio TJUE publicara un comunicado este viernes recordando que es la única corte que puede determinar que un acto de otra institución europea, como el Banco Central Europeo (BCE), es contrario a la normativa comunitaria, una competencia que escapa a los tribunales nacionales.
(El Mundo, 10-05-2020)

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