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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE MAIG DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 12-05-2020)

Condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 12-05-2020)

Medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad
Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.
(BOE, 12-05-2020)

Euro
Resolución de 11 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de mayo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-05-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 12 DE MAIG DE 2020

Fiscal

Hacienda abre la puerta a dar más manga ancha fiscal a los Ayuntamientos
Los Ayuntamientos españoles quieren ganar protagonismo con medidas anticrisis para paliar las lesiones económicas causadas por el coronavirus. La Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP) presiona para desbloquear los fondos que las corporaciones locales llevan acumulando desde 2012 a golpe de superávit: 28.000 millones de euros. Hacienda está estudiando la propuesta. Y la Autoridad Fiscal Independiente ve razonable esa solicitud, pero con matices: está a favor de dar manga ancha fiscal, pero sin incurrir en déficit ni convertir esos desembolsos en gasto estructural, según asegura a este diario.

Las corporaciones locales ya tienen más dinero en la hucha que deuda: los ahorros que guardaban en depósitos al cierre de 2019 superaban los 28.000 millones de euros, según el Banco de España, frente a un endeudamiento de unos 23.000 millones, la mayoría con el Estado. Esa pequeña fortuna —que supera la caída de ingresos estimada para 2020 por el Gobierno— es sin embargo intocable por el corsé de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. A la fuerza ahorcan: ante una crisis sin precedentes y bajo la presión de la FEMP, Hacienda estudia liberar por lo menos parte de ese dinero.

Ya en marzo, el Gobierno permitió que los municipios emplearan hasta 300 millones de los más de 3.800 millones de superávit conjunto logrado en 2019 ante la crisis. Hacienda impuso entonces ciertas restricciones para que no se gastaran de cualquier forma. Pero los Ayuntamientos quieren abrir más ese grifo. “Una infausta de ley de Montoro nos obliga a pedir permiso para gastar ese dinero. No puede ser que los vigilantes no cumplen y los vigilados sí”, lamenta el socialista Abel Caballero, presidente de la FEMP y alcalde de Vigo.

Los Ayuntamientos han acumulado ahorros durante los últimos años mientras comunidades y Seguridad Social agrandaban su agujero. La regla de gasto es el gran cerrojo que impide invertir más: este mecanismo, calculado a partir de los ingresos estimados del ejercicio, frena la expansión de los desembolsos en épocas de bonanza para garantizar la estabilidad presupuestaria. Los municipios, que tienen prohibido incurrir en déficit, piden ahora gastar sus ahorros sin que esto compute para calcular los objetivos fiscales, y contribuir así en la fase de recuperación.

La FEMP, en fin, pide manga ancha fiscal y a la vez reclama un fondo adicional al Gobierno para cubrir las necesidades de los Ayuntamientos menos virtuosos. “Son medidas razonables, que fueron planteadas con anterioridad a la crisis; somos mayores de edad administrativamente hablando”, apunta el popular José María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP. Los municipios llevan años reclamando más flexibilidad, y el año pasado Hacienda se mostró dispuesta a hacer ciertas concesiones. Los alcaldes no contemplan asumir más competencias, como la dependencia, sin tener aparejado un aumento de la financiación. Algo que la Airef sugirió en 2017, con el actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, aún al mando.

El buen comportamiento fiscal de los Ayuntamientos no solo es fruto de rigor; los impuestos municipales, como el IBI, están menos sujetos a los vaivenes cíclicos y su recaudación no caen tanto en momentos de crisis como otras figuras que se resienten cuando aumenta del paro (IRPF) o baja del consumo (IVA). “También su gasto es menos sensible al ciclo, porque en parte tiene que ver con servicios como el alumbrado o la recogida de basuras”, añade Ángel de la Fuente, director de Fedea. “Ahora que ese dinero ahorrado se necesita no tiene por qué estar congelado, mientras los alcaldes no se salten la regla de gasto”.
(El País, 12-05-2020)

Laboral

Solo el 60% de los comercios y el 30% de la hostelería de las zonas en fase 1 ha abierto
El 60% de las tiendas menores de 400 metros cuadrados y que no se encuentran dentro de grandes superficies han abierto sus puertas en las comunidades que este lunes han entrado en la fase 1 de la desescalada, según ha informado la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Según ha señalado ATA, si se suman los comercios que podían abrir en las dos diferentes fases, la 0 y la 1, han abierto sus puertas entre el 40% y el 42% del total.

Once comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, han pasado este lunes a la fase 1 de la desescalada, y el resto lo hará parcialmente, menos Madrid, que no se sabe cuando podrá pasar a la fase 1. Los centros y parques comerciales no podrán abrir hasta la fase 2 de la desescalada que, en las provincias más adelantadas, podría comenzar el 25 de mayo. El porcentaje más alto de aperturas se encuentra, según ATA, en los negocios de peluquerías y centros de estética, que ya están entre el 73% y el 75% de aperturas de media en toda España.

Según ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, "muchos autónomos están aún adaptando sus locales y sus protocolos de actuación para atender a sus clientes con las máximas medidas de seguridad". Respecto a la hostelería, los datos de ATA señalan que la media total nacional de aperturas se sitúa entre un 18% y un 20%, mientras que solo en las zonas que se encuentran ya en la fase 1 han levantado la persiana un 30%.

Sin embargo, el porcentaje más alto de aperturas se sitúa en los negocios de peluquerías y centros de estética, que ya están entre el 73% y el 75% de aperturas de media en toda España. "Hay una importante incidencia de aperturas en peluquerías y centros de estética, pero solo uno de cada tres locales de hostelería de las zonas en fase 1 ha abierto hoy", ha indicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

El grupo Inditex que comenzó el pasado jueves su apertura de tiendas con cita previa, ha informado de que temporalmente algunas de sus tiendas permanecerán cerradas y "siguiendo las medidas de cada comunidad, algunas tendrán aforo limitado o abrirán con opción de cita previa".
(Cinco Días, 12-05-2020)

El Gobierno flexibiliza las condiciones para hacer despidos tras los Erte
El Gobierno ha aceptado a última hora flexibilizar las condiciones para que se puedan realizar despidos en los seis meses posteriores a la finalización de los Erte por causa de fuerza mayor. En el acuerdo firmado con los sindicatos, CEOE y Cepyme, hay una clausula que establece que habrá flexibilidad con los sectores en los que hay una alta estacionalidad, como es el caso, por ejemplo, de la hostelería y el turismo.

En concreto, esta cláusula establece que "este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo".

Tanto la hostelería como el turismo se han mostrado muy críticos con el acuerdo, exigiendo que se extendiera hasta final de año, eliminando además la prohibición de hacer despidos, algo que hasta ahora solo estaba justificado si se demostraba una situación de máxima dificultad económica que pudiera arrastrar a las empresas a una quiebra.

En el acuerdo se establece, además, que las empresas y entidades que hayan presentado un Erte y que vayan a reiniciar la actividad "deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada".

Pese a todo la hostelería como el comercio alertan de concursos, quiebras y cierres masivos. Así, Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil Acotex, señala que "la ampliación de los Erte solo hasta el 30 de junio nos parece un grave error2 y advierte que "es absurdo pensar que no va a haber despidos después de meses sin tener ingresos y con numerosos gastos fijos". En la misma línea, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, reclama que los Erte se extiendan "por lo menos hasta final de año".

CEOE y Cepyme han insistido en que "el proceso de recuperación en estos casos será lento, más que la propia desescalada, por lo que insistimos en la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad".

Gerardo Cueva, presidente de Cepyme, ha ido más allá, asegurando que la cláusula del mantenimiento del empleo para las empresas que se acojan a los Erte "puede llevar a la liquidación o al cierre". Según dice, "habrá que adaptar el acuerdo a la realidad", reclamando al Gobierno "medidas ambiciosas para mantener el tejido productivo".
(Expansión, 12-05-2020)

Gobierno, patronal y sindicatos sellan el acuerdo para renovar los ERTE
Apenas dos minutos. Eso es lo que ha durado exactamente el acto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado hoy con los máximos líderes patronales y sindicales en el Palacio de la Moncloa el pacto que el Ejecutivo ha denominado Acuerdo Social en Defensa del Empleo y que es el texto que consensuaron los agentes sociales entre la noche del jueves y la mañana del viernes de la semana pasada, recogiendo las condiciones en las que los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) quedan desvinculados del estado de alarma, y pueden prorrogarse hasta el 30 de junio. Además, las partes quedan convocadas a estudiar si serán necesarias nuevas prórrogas a partir de esa fecha si las condiciones sanitarias siguen limitando la actividad económica.

El acto de la firma ha sido probablemente el más rápido de la historia de este tipo de acuerdos. Se ha producido en Moncloa alrededor de las 13.20 horas y han asistido, por parte del Ejecutivo, además de Sánchez, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y, por parte de los agentes sociales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Las medidas de distanciamiento social han marcado este acto en el que los asistentes han respetado la distancia de seguridad entre ellos y ninguno ha realizado ningún tipo de declaración a su término, ni tampoco se han visto las habituales imágenes de todos ellos hablando entre sí tras la firma. Posteriormente, Sordo ha enviado unas declaraciones virtuales explicando que la firma de este pacto "representa más que un acuerdo, una actitud de responsabilidad y de colaboración de los agentes sociales ante los enormes problemas de España, lo que muestra que empresarios y sindicatos hemos estado a la altura de las circunstancias".

Sordo ha recordado también que, además de prorrogar estos ajustes de empleo hasta el 30 de septiembre "hemos abierto la puerta a nuevas prórrogas en aquellos sectores donde persistan las dificultades en verano". El pacto recogido en un Real Decreto que será aprobado mañana en el Consejo de Ministros, diferencia entre dos tipos de ERTE a partir de su entrada en vigor, previsiblemente el miércoles: aquellos totales, en los que ningún trabajador puede volver a su empleo y que mantienen las actuales condiciones para las empresas y los trabajadores; y los ajustes parciales, en los que hay menos exenciones de las cotizaciones empresariales pero los empleados también mantienen sus beneficios en el cobro de la prestación por desempleo.

La norma incluye también otras novedades como que las empresas que hagan uno de estos ERTE no podrán repartir beneficios en el año fiscal del ajuste, salvo que devuelvan las cotizaciones que no han abonado a la Seguridad Social por sus trabajadores, a no ser que la compañía tuviera menos de 50 trabajadores. Asimismo, incluye la precisión de que el compromiso de mantener el empleo durante los seis meses posteriores al fin del ERTE empiezan a contar desde la incorporación, aunque sea parcial, del primer trabajador a su puesto de trabajo.
(El País, 12-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Comisión Europea detalla las condiciones para que los Estados puedan intervenir en el capital de las compañías golpeadas por la crisis
La norma que ha aprobado la Comisión Europea para permitir la entrada de los Estados en sus compañías, grandes y pequeñas, cotizadas o no, obliga a notificar a Bruselas las intervenciones superiores a 250 millones. El pasado mes de abril, la Comisión Europea abrió la puerta a una posible 'nacionalización' eventual y temporal de las empresas que sufren contratiempos económicos derivados de la crisis sanitaria.

Este lunes, el organismo dirigido por Ursula von der Leyen ha decretado cuáles son las condiciones y en qué términos los Estados miembros pueden intervenir en el capital de todas sus compañías, tanto las grandes como las pequeñas, así como las cotizadas y no cotizadas. Para ello, podrán emitirse nuevas acciones, aunque también se permiten los bonos convertibles en capital, así como los préstamos participativos.

Con todo, Bruselas avisa: las ayudas de recapitalización, que ya pueden llevarse a cabo, "solo deberán concederse si no se dispone de otra solución adecuada", recoge la Comisión en un documento. Esta fórmula valdrá, por ejemplo, "para evitar dificultades sociales y deficiencias del mercado debido a una pérdida significativa de empleos".

Entre otros puntos, Bruselas solicitará la notificación de las ayudas a empresas que superen el umbral de los 250 millones de euros, a efectos de evaluarlas individualmente. España era partidaria de bajar esa cota lo máximo posible, frente a países como Alemania, que quería subirla a los 500 millones. Además, las empresas que ya estaban "en crisis" el 31 de diciembre de 2019, no podrán recibir ayudas con arreglo al Marco Temporal. Por último, las ayudas se limitarán a permitir la viabilidad de la empresa y no deberán ir más allá del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario previo a la crisis del coronavirus

El Estado que acceda a intervenir en el capital de una empresa en apuros, explica la Comisión, deberá recibir una remuneración suficiente por los riesgos asumidos al conceder estas ayudas. Además, el mecanismo de remuneración deberá incentivar a los beneficiarios y a los propietarios de las empresas a recomprar las acciones adquiridas por el Estado mediante ayudas estatales para garantizar el carácter temporal de la intervención, que debe prolongarse por un periodo máximo de seis años en el caso de que la compañía cotice en Bolsa, plazo que se amplía por un año en el resto de organizaciones.

Así, los beneficiarios y los Estados miembros "deberán desarrollar una estrategia de salida", en particular en lo que se refiere a las grandes empresas que hayan recibido importantes ayudas de recapitalización por parte del Estado. Si seis años después de la concesión a empresas que cotizan en bolsa, o hasta siete años en el caso de otras empresas, la salida del Estado no está clara, deberá notificarse a la Comisión un plan de reestructuración.

Hasta que el Estado haya salido totalmente, los beneficiarios estarán sujetos a prohibiciones sobre el reparto de dividendos y la recompra de acciones. Además, hasta que al menos el 75% de la recapitalización haya sido rescatada, se aplicará una estricta limitación de la remuneración de los gestores, incluida la prohibición del pago de bonificaciones. Estas condiciones, detalla el documento de Bruselas, también están pensadas para "incentivar a los beneficiarios y sus propietarios a recomprar las acciones propiedad del Estado tan pronto como lo permita la situación económica".
(Cinco Días, 12-05-2020)

Lagarde responde con la mayor compra semanal de deuda desde el Covid al órdago alemán
La semana en que el Constitucional alemán puso en cuestión el programa de compras de deuda del BCE, y de paso en entramado jurídico sobre el que se sostiene la Unión Europea, ha sido también el período en que el banco central ha realizado más adquisiciones de deuda en el mercado desde que comenzó la pandemia del coronavirus y desde que lanzó su programa específico de compras con el que hacerle frente.

El volumen de deuda adquirido por Christine Lagarde durante la semana pasada ascendió a 45.000 millones de euros, de los que 34.097 millones corresponden al programa especial antipandemia y otros 7.114 millones al programa previo de compras de deuda soberana, más otros 2.575 millones de deuda corporativa y menores cuantías en cédulas. El importe del programa extraordinario antipandemia anunciado en marzo es la mayor cuantía semanal vista hasta ahora, tras lo que alcanza un total de 152.908 millones de euros. En la semana previa, el volumen de este programa fue de 22.100 millones y en la primera de abril, hasta ahora la más cuantiosa, de 30.000 millones. El importe de las compras correspondiente al programa previo de compras de deuda soberana (PSPP) sí es en cambio inferior al de las semanas precedentes.

El BCE respondió en todo caso con compras contundentes a la elevada inquietud que surgió el martes pasado, cuando la corte alemana criticó que las compras de bonos realizadas por el Bundesbank no se habían ajustado a una necesidad económica y reclamó además tres meses al BCE para justificar su conveniencia o, de lo contrario, impedir que el banco central alemán siguiera participando en el programa de adquisiciones puesto en marcha en el BCE por Mario Draghi en 2015.

El dictamen del Constitucional alemán ha desatado una profunda tormenta financiera, puesto que ha hecho temer por la credibilidad y potencia de fuego del actual programa de compras antipandemia, que Lagarde está dispuesta a ampliar sin limitaciones y que se ha convertido en su principal herramienta para contribuir a la estabilidad del mercado y a la recuperación económica. La sentencia ha provocado también un inquietante revuelo jurídico y político, puesto que su sentencia cuestiona una de una instancia superior, la del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que en diciembre de 2018 ya avaló la legalidad del programa de compras de deuda del BCE.

La decisión del TC de cuestionar pese a todo la proporcionalidad del programa de compras del BCE, si bien no su legalidad, ha sentado un importante precedente que ha desatado reacciones al más alto nivel. El Consejo de Gobierno del BCE respondió ese mismo día insistiendo en que continuaría adelante con sus medidas y recordando que sus decisiones se ajustan fielmente a su mandato de estabilidad de precios. Además, Lagarde insistió la semana pasada en la independencia de la institución y en que proseguirá "sin inmutarse" con su programa de compras de deuda.

Por su parte, el TJUE, en un inédito comunicado, reprendió al TC alemán al recordar que sus decisiones son de obligado cumplimiento en el conjunto de los países de la UE y que una sentencia en contra vulnera el mismo principio de seguridad jurídica de la Unión. Además, Bruselas amenaza con expedientar a Alemania por la decisión de su Tribunal Constitucional.
(Expansión 12-05-2020)

La crisis blinda los precios de las opas en la Bolsa española por dos años
Las opas en la Bolsa española no podrán lanzarse a cualquier precio en los próximos dos años. La pandemia activa un escudo legislativo creado en 2012, tras la expropiación argentina de YPF a Repsol, que exige un informe de valoración de un experto independiente. Este debe certificar que el precio, que además deberá ofrecerse en efectivo, es justo.

El mortífero virus hace temblar la economía de todo el planeta. Bolsas desplomadas, medidas de emergencia de gobiernos, bancos centrales... El Ejecutivo ya restringió al comienzo de la crisis las compras de empresas de sectores estratégicos por parte de inversiones extranjeros. Pero la actual normativa activa además un artículo que supone otro escudo.

Se añadió a la Ley del Mercado de Valores (LMV) hace ocho años para impedir opas indeseadas sobre Repsol, cuya filial YPF le había sido arrebatada por el país. Las ofertas de compra sobre empresas que hayan sufrido expropiaciones tienen que contar con una tasación objetiva en los 24 meses siguientes. Pero no solo estas.

La protección se requerirá cuando “los precios de mercado, en general, o de la sociedad afectada en particular, se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales tales como por catástrofes naturales, situaciones de guerra o calamidad u otras derivadas de fuerza mayor”. Es decir, se debe aplicar a todas luces ante la situación actual.

“La salvaguarda que se introdujo en la LMV en 2012 es una normativa protectora frente a posibles opas oportunistas que traten de aprovecharse de situaciones excepcionalmente bajistas de mercado”, revela Enrique Carretero, socio de Baker McKenzie. Los hundimientos en la Bolsa española son estelares. En el Ibex, 18 compañías pierden más de un 30% en el año. Esto sitúa a muchas de ellas a tiro de potenciales opas pergeñadas por inversores buitre. Meliá, por ejemplo, se desploma un 50%, e IAG, casi un 70%.

El experto en opas añade que “es la CNMV la que tendrá que determinar si concurren las circunstancias para la aplicación de esta norma, si bien la misma se formula en términos muy amplios, incluyendo situaciones excepcionales que hayan afectado a los precios de mercado en general, o de la sociedad afectada, en particular”. El abogado explica que la legislación se aplica además a todas las empresas cotizadas, con independencia de su sector o actividad y a todos los potenciales oferentes, al margen de su nacionalidad.
(Expansión 12-05-2020)

El número de empresas en concurso desciende un 19,8% hasta marzo
El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- se redujo un 19,8% al cierre del primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 974, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Encuesta de Procedimiento Concursal muestra que para un total de 1.501 deudores concursales -empresas y personas físicas con y sin actividad empresarial-, 1.430 fueron voluntarios y 71 necesarios.

Entre enero y marzo de este año entraron en concurso de acreedores un 23,9% menos de empresas que en el último trimestre de 2019. El número de familias que se declaró en concurso también sufrió un fuerte descenso en el primer trimestre, del 26,6%, con lo que baja en seis de los siete últimos trimestres.

En su nota, el INE destaca que cabe esperar que en los próximos trimestres afloren más deudores, ya que la pandemia de COVID-19 ha impactado en la tasa de respuesta de los juzgados, que ha caído al 34%; de ahí que la estadística se ha completado con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), hasta el 85% de los órganos judiciales que habitualmente colaboran.

Entre enero y marzo de este año entraron en concurso de acreedores un 23,9% menos de empresas que en el último trimestre de 2019; la variación del número de deudores concursados del primer trimestre sobre el cuarto de los cinco últimos es en esta ocasión del 24,2%. En función de la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 33,3% y los abreviados, un 21,4%.

De los 1.501 deudores concursados en el primer trimestre, 974 eran empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y 527 personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 64,9% y el 35,1%, respectivamente, del total de deudores. Según la forma jurídica, el 78,6% de las empresas concursadas eran sociedades de responsabilidad limitada.

De las empresas concursadas, un 34,0% de las empresas concursadas se encontraba en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y eran, sobre todo, sociedades de responsabilidad limitada. Por lo que respecta a la actividad, un 22,4% de las empresas concursadas se dedica al comercio, y un 13,6% a la construcción.
(El Mundo, 12-05-2020)

Sector

Los bufetes fían su año al tirón de concursos, refinanciaciones y ERTE
Es solo una predicción y, como tal, debe analizarse con cautela. Pero, a la vez, revela qué áreas tirarán del negocio de los grandes bufetes en España y cuáles quedarán rezagadas durante 2020, un año especialmente complejo por la debacle económica provocada por el coronavirus. Cinco Días ha consultado a 15 de los mayores despachos del país por la carga de trabajo que tienen actualmente sus departamentos respecto al comienzo de este ejercicio y, además, cuál creen que será la misma al final del tercer trimestre y al cierre del año.

Concursal, reestructuraciones y refinanciaciones, y laboral son, en ese orden, las tres áreas que terminarán el año con un mayor volumen de trabajo. Eso sí, mientras los laboralistas no tendrán un respiro porque sus asuntos ya están en máximos, el incremento de concursos y reestructuraciones será progresivo, despegando en el tercer trimestre y alcanzando el máximo en el cuarto. Evolución similar, pero no tan destacada, seguirán los departamentos de procesal. Estos equipos, si bien están sufriendo la paralización de la actividad judicial, a partir del verano se verán arrastrados por el tsunami de demandas pos-Covid.

También en negativo aparece el departamento estrella de los grandes bufetes: mercantil. El parón económico ha cancelado o retrasado muchas operaciones. Unos números rojos que también afectan a los que se dedican al derecho público. Pero ambas áreas, según aseguran las firmas, remontarán conforme avancen los meses.

Más irregular se presenta el comportamiento del trabajo en fiscal, una circunstancia que puede explicarse por el distinto perfil de esta área en cada bufete. Así, hay departamentos muy vinculados al M&A que ahora tienen menos asuntos, pero si esta materia remonta, ellos también lo harán. Finalmente, fuera del ámbito del derecho de los negocios, este periódico ha consultado a especialistas en derecho de familia. Su predicción es un repunte de los divorcios a final de año: la intensa convivencia de la cuarentena causará estragos.

La evolución de las curvas, especialmente conforme avanza el año, transmite un optimismo que choca con las perspectivas económicas nacionales (según el Banco de España, el PIB se contraerá en 2020 entre el 6,6% y el 13,6%). A este respecto, es necesario señalar tres factores. El primero es que no es lo mismo hablar de carga de trabajo que de horas facturables.
(Cinco Días, 12-05-2020)

Justicia, el CGPJ y las CCAA pactan ralentizar la actividad judicial en agosto
Los planes de reactivación de la actividad judicial, congelada salvo para servicios mínimos y de urgencia durante el estado de alarma, se han flexibilizado en lo que afecta a la habilitación del mes de agosto para compensar el parón anterior. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia han acordado que, si bien parte del periodo se mantendrá como hábil, esas semanas se concentrará menor carga de trabajo. El acuerdo consensuado se ha producido tras la protesta de la Abogacía y los procuradores sobre la medida.

El artículo 1 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, en el que se desarrollan las medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, declara hábiles los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020, con excepción de los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales. Se recomienda, sin embargo, a jueces y magistrados que, en esas fechas, limiten en lo posible las vistas orales, sin perjuicio de aquellas que deban celebrarse en atención a su urgencia.

También se ha acordado que se comunique a las partes los señalamientos para agosto "con la suficiente antelación y preferiblemente antes del 15 de junio" y que quede reducido al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y 31 de agosto. En cuanto a las vacaciones de los miembros de la carrera judicial, el CGPJ pide a las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que aprueben antes del próximo 1 de junio el régimen de permanencia de los jueces y magistrados durante el periodo ordinario de disfrute de las vacaciones.

Se utilizará como criterio, en primer lugar, "la concentración en el mes de agosto del periodo de disfrute de vacaciones de jueces y magistrados para poder intensificar en los meses de julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias". También se tendrá en cuenta que durante el mes de agosto deben quedar debidamente cubiertos las Salas de Vacaciones, servicios de guardia y todos aquellos órganos judiciales que sean necesarios para atender las actuaciones declaradas urgentes previamente por las leyes procesales, ha indicado el CGPJ en una nota de prensa.

La reactivación progresiva de la actividad se inicia esta misma semana. Pese a que los plazos permanecerán suspendidos mientras esté vigente el estado de alarma ya se permite, desde hace semanas, la presentación telemática de escritos. A partir de mañana, 12 de mayo, quedará sin efecto el régimen de turnos presenciales y de disponibilidad y las Salas de Gobierno tienen que restablecer el régimen de presencialidad en general y en varias fases.

En la primera se mantendrá un sistema de prestación de servicio mixto (trabajo presencial y teletrabajo), reduciendo el horario de audiencia pública y limitándolo a los días en que se tengan que celebrar actuaciones presenciales. En todo caso, el régimen de presencialidad general deberá estar implantado en su totalidad el próximo 2 de junio, cuando está previsto el 100 por cien de los efectivos funcionariales. A partir de esa fecha se volverá a evaluar la reincorporación de los miembros de la Carrera Judicial que tuviesen autorizada su exención de régimen presencial por razones de salud. También deberán establecerse previsiones de disponibilidad de los miembros de la Carrera Judicial para el supuesto de que se programen actos de vista y comparecencias en horario de tarde.
(La Vanguardia, 12-05-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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