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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 13 DE MAIG DE 2020 Laboral Medidas sociales en defensa del empleo Acuerdo de modificación del artículo 10 del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil Tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo del sector de industrias de pastas alimenticias Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia Tablas salariales del Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección Mercantil, Civil i Administratiu Medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del estado de alarma Procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea y su control normativo Euro Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Fiscal El Gobierno obliga a los intermediarios a informar si detectan una "planificación fiscal agresiva" Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que se avanza hacia la transposición de esta norma comunitaria que obliga a los intermediarios fiscales a informar a la Administración tributaria de determinados esquemas que presentan señales o indicios de planificación fiscal agresiva. Montero ha subrayado que por parte del Gobierno se marca la "prioridad" de luchar contra el fraude y la elusión fiscal, siendo en el momento actual de crisis del Covid-19 aún "todavía más importante y más necesario que nunca proteger el sistema tributario de prácticas ilegales abusivas, que lo debiliten o impida obtener los recursos necesarios y sobre todo que sean injustos para los que contribuyen". "No puede haber justicia social sin justicia fiscal", ha enfatizado Montero, quien ha resaltado que la transposición de la directiva europea será una "herramienta añadida" que se sumará al ordenamiento español para luchar y combatir el fraude fiscal. La transposición de este mecanismo transfronterizo de planificación fiscal permitirá a la Agencia Tributaria recibir una mayor información para combatir el fraude. La transposición de la directiva 'DAC 6' ha despertado en los últimos meses la preocupación de los profesionales tributarios y los asesores fiscales respecto a los términos en los que se llevará a cabo, en la medida en que pueda afectar a su secreto profesional y la consiguiente responsabilidad penal que ello conlleva. Sin embargo, el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Hacienda contemplaba que no se endurecería el secreto profesional para el colectivo de asesores fiscales. Montero prefiere reformar impuestos existentes en lugar de crear uno a la riqueza como pide Podemos Montero destacó "la clara vocación" del Ejecutivo de coalición de desarrollar "una fiscalidad justa, progresiva, en la que los que más tienen más aporten y todos recibamos en función de nuestras necesidades.". En este sentido, indicó que "tener una fiscalidad dirigida hacia la riqueza se puede hacer por diferentes fórmulas desde la revisión de las figuras fiscales que existen, para adecuarlas a la mayor aportación de los que más tienen". A este respecto, recordó la intención del Gobierno de establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, así como "otras categorías fiscales en las que seguir trabajando sin necesidad que haya ninguna figura expresa". "Lo importante no es el instrumento, sino la voluntad de que aquellos que más tienen aporten más para que el conjunto de la sociedad se beneficie en esa redistribución de la riqueza, que sobre todo se expresa en los servicios públicos", declaró. Según señalaron este martes fuentes de Unidas Podemos a Servimedia, el nuevo gravamen que proponen a las grandes fortunas sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio y no sería susceptible de bonificación por las comunidades autónomas que quisieran hacerlo. En concreto, su propuesta es que los patrimonios a partir del millón de euros contribuyan con un 2% del mismo; a partir de los 10 millones con el 2,5%, a partir de 50 millones con el 3% y a partir de 100 millones con el 3,5%. Así, desde el grupo confederal calculan que se recaudarían unos 11.000 millones de euros, el equivalente al 1% del PIB, y que sólo se verían afectados los mil patrimonios más elevados de España, los de más de un millón de euros una vez exenta la vivienda habitual hasta un valor de 400.000 euros. Laboral El Consejo de Ministros aprueba el decreto que prolonga los ERTEs hasta el 30 de junio En concreto, el decreto aprobado, fruto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada. La norma establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores. El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario. De acuerdo con este Real Decreto-ley, se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción. A los ERTEs por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción que se inicien tras la entrada en vigor de este nuevo decreto y hasta el 30 de junio les serán de explicación las características especiales establecidas en la regulación del 17 de marzo. Se permitirá además que estos últimos se tramiten mientras estén vigente un ERTE de fuerza mayor. Exenciones de cuotas con la vuelta a la actividad En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. En el caso de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos desde la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros o ser extendidas a ERTEs basados en causas objetivas. Se flexibiliza el compromiso de mantener el empleo En el decreto se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado). En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora. Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores según los términos establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Concursal. Asimismo, se ha añadido un nuevo párrafo, respecto al texto anterior, para suavizar el compromiso de mantenimiento del empleo en las actividades estacionales, como las turísticas. Así, la norma establece que dicho compromiso "se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo". El Banco de España advierte de que el país estaba a la cola de la UE en la implantación del teletrabajo Concretamente, España se situó en 2018, último año para el que se dispone de información homogénea, en la posición número 19 de los 28 países de la UE, muy por debajo del promedio europeo de empleados que teletrabajan (13,5%), con el 7,5% del total, claramente distanciada de las cifras de otros grandes países, como Francia (20,8%) o Alemania (11,6%). Los datos recogidos por el BDE en el artículo analítico "El teletrabajo en España" reflejan la heterogeneidad entre países, sobre todo entre los del norte y los del sur o el este. En los primeros existe un mayor arraigo del teletrabajo, mientras que, en los segundos, esta práctica se utiliza con menos frecuencia. Así, en los Países Bajos y en Suecia más del 30 % del total de trabajadores desarrollaron su actividad laboral a distancia en 2018, al tiempo que esta modalidad fue prácticamente inexistente en Chipre, Bulgaria o Rumanía. Asimismo, desde 2009, la mayoría de los países europeos han incrementado la incidencia de esta herramienta, con un aumento medio de 3 puntos porcentuales (pp) entre 2009 y 2018. Los Países Bajos, Suecia y Estonia fueron los países en los que más se incrementó el trabajo en remoto, con subidas de, al menos, 10 pp. Por otro lado, España no ha sido una excepción, si bien su crecimiento hasta 2018 fue mucho más limitado (+1,7 pp), algo menor que el registrado en Francia (+2,2 pp), mientras en Alemania se redujo en 1,3 puntos porcentuales. De esta forma, la aplicación del teletrabajo en España ha sido a lo largo de los años una cuenta pendiente en comparación con otros países europeos. Según los datos más recientes, en 2019 tan solo el 8,4% de los ocupados en el país practicaba esta modalidad laboral en un periodo normal, ya sea ocasionalmente (el 3,5%) o más de la mitad de los días (el 4,9%), a pesar de tener un potencial mucho mayor, que ascienda hasta el 30,6% de trabajadores que podían ejercer su actividad desde el domicilio, según el estudio del BDE, que también destaca que ese porcentaje ascendía hasta el 60% en los grupos de ocupaciones cualificadas. Sin embargo, esa cifra potencial se ha alcanzado en España en los últimos meses como consecuencia de la crisis del coronavirus que ha impactado bruscamente en la vida económica y social del país. La pandemia ha convertido el teletrabajo en la vía para hacer compatible el mantenimiento de las actividades productivas con el confinamiento decretado bajo estado de alarma, elevando la incidencia del trabajo a distancia en España hasta el 34% del total de ocupados, según lo indicó recientemente un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que situaba en el 4,8% a los empleados que en 2019 trabajaban desde casa normalmente o más de la mitad de los días. Mercantil, Civil i Administratiu La Justicia española quiere que el TJUE concrete el fallo sobre IRPH porque siguen existiendo dudas El magistrado del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, quien formuló a Luxemburgo la cuestión prejudicial sobre IRPH, quiere repreguntar al TJUE en relación a la interpretación del alcance del control de transparencia y de sus consecuencias si resulta que la información al consumidor fue insuficiente. "Una vez recibida y analizada la sentencia del TJUE, se entiende por el juzgador que la información ofrecida no es suficiente para resolver el asunto (...), por lo que reconsidero el sometimiento de nuevas peticiones concretas", según recoge la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press con fecha de este martes. González de Audicana considera que el fallo del Tribunal Europeo no termina de despejar las dudas, sobre todo porque después de que se hiciera público se han dictado diez sentencias que anulan el índice en primera instancia y tres que lo consideran válido a escala provincial. En este sentido, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha calificado de "indignante" que las audiencias provinciales estén reiterpretando la sentencia del TJUE posicionándose a favor de la banca, a pesar de que "es muy difícil" que el IRPH supere el control de transparencia exigible en la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores. También ha agradecido la "valentía" del magistrado al pedir una aclaración. El consumo de los hogares caerá un 31,5% en el segundo trimestre El instituto explica que el ajuste realizado en esta crisis es diferente al sufrido durante la recesión de 2008 a 2013, por la velocidad de contracción, ya que en un solo año se prevé una caída del consumo del 11,8%, mientras que en los cinco años de la crisis anterior se acumuló un descenso del 16,6%. Así, dice que todas las crisis tienen efectos "más intensos en la reducción del gasto de los bienes y servicios duraderos relacionados con el ocio, pero que, en esta ocasión, la limitación para la realización de algunas actividades como hostelería, restauración, ocio, cine, deportes grupales o viajes ha tenido efectos especialmente negativos". Durante el primer trimestre del año, solo con dos semanas de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma, el comercio, transporte y la hostelería se han reducido un 10,9%, mientras que las actividades artísticas, recreativas y otros servicios han perdido un 11,2% de su valor. "Se trata de sectores que, aunque podrán ir activándose conforme avancen las fases de desescalada, podrían enfrentarse a limitaciones hasta que se disponga de tratamientos eficaces o vacunas para combatir la pandemia", apunta Ivie, que insiste en la necesidad de prolongar las medidas de protección a trabajadores y empresas en estos sectores. De esta crisis, también destaca que los servicios de comunicación, información y entretenimiento consumidos en el hogar han registrado valores récord. No obstante, señala que al ser servicios adquiridos mediante tarifas planas, este incremento no se ha reflejado en un mayor gasto. Por otro lado, sí que se ha registrado un aumento en la compra de equipamientos digitales, porque la necesidad se ha intensificado por el teletrabajo, educación, entretenimiento o comunicación. Bruselas establece un plan de desescalada en tres fases para la UE La primera fase o fase cero, la actual, los movimientos estarían totalmente limitados entre los países de la región. En la fase 1, a la que cada país llegará según los criterios de sus Gobiernos y la evolución de la pandemia, permitiría que los ciudadanos de diferentes Estados que estén en la misma situación puedan viajar entre sí. No obstante, para dar este paso, la Comisión Europea asegura que será fundamental "que se alcance un nivel suficiente bajo de contagios". Si el control de la pandemia permite llegar a esta situación, Bruselas espera salvar, al menos parcialmente, la temporada turística de este verano. En cualquier caso, la CE establece que para permitir el cruce de fronteras deben aplicarse los protocolos de seguridad en cualquier tipo de medio de transporte, alojamiento o atracciones de seguridad, y medidas de contención, como el distanciamiento físico. Ya en la fase 2, se produciría el levantamiento general de las limitaciones y de los controles fronterizos dentro de la Unión Europea, según explica la CE. Aunque el paso de una fase a otra queda en manos de cada país, Bruselas solicita una coordinación entre Gobiernos para evitar el desconcierto y la incertidumbre en los ciudadanos. El Gobierno propone a los partidos prorrogar el estado de alarma un mes Este martes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mantenido una videoconferencia con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ante la que se ha comprometido a mantener informada periódicamente con respecto a la evolución de la pandemia y con la que ha hablado de seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos futuros frente al coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran que el presidente no le ha planteado a Arrimadas la posibilidad de plantear una nueva prórroga de un mes. En cambio, la vicepresidenta Carmen Calvo y otros miembros del Ejecutivo sí se han dirigido a otras fuerzas políticas para tantearles acerca de esta cuestión. Hasta la fecha, el Gobierno ha justificando el ir solicitando sucesivas prórrogas de 15 días para garantizar así el control parlamentaria sobre las decisiones del Ejecutivo, dado que es la Cámara Baja a la que compete autorizar la solicitud de prórroga propuesta por el Gobierno y modificarla de acuerdo a los que acuerde la mayoría del Congreso. El artículo 116.2 de la Constitución que hace referencia al estado de alarma limita a un "plazo máximo de 15 días" el estado de alarma declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y señala que sólo podrá prorrogarse en caso de que así lo autorice el Congreso de los Diputados, si bien nada dice acerca del plazo de esa prórroga. El Gobierno considera imprescindible mantener el estado de alarma al menos hasta que concluya la actual fase de relajación progresiva de las restricciones del estado de alarma que limitan la movilidad de los ciudadanos, que tienen por regla general viajar a otras provincias salvo en casos justificados. Sostiene que el estado de alarma es el instrumento que se requiere para seguir restringiendo un derecho fundamental como el de la libertad de circulación, que no se podría recuperar hasta terminada la fase de transición, como pronto para finales de junio. Sin embargo, el PP ya ha avanzado de que votará en contra de una nueva prórroga al considerar que el Gobierno tiene otras alternativas, por lo que el Gobierno necesita amarrar los apoyos y abstenciones que ha tenido hasta la fecha y no sumar más votos en contra. En la última votación, logró superar el umbral de la mayoría absoluta sumando 178 votos.
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