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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 16 AL 18 DE MAIG DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Ampliación de la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional
Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
(BOE, 17-05-2020)

Flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(BOE, 16-05-2020)

Medidas especiales para la inspección técnica de vehículos
Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos.
(BOE, 16-05-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/index.php?s=3 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/
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NOTÍCIES DE PREMSA DEL 16 AL 18 DE MAIG DE 2020

Fiscal

El Supremo decidirá si los consejeros están exentos de IRPF por sus retribuciones en el extranjero
El Tribunal Supremo se dispone a zanjar un largo pulso entre los consejeros empresariales y el fisco. Sus magistrados han aceptado pronunciarse para aclarar definitivamente si la exención del IRPF sobre las rentas obtenidas en el extranjero que recoge la legislación tributaria española es aplicable a los miembros de consejos y a los administradores empresariales o es una ventaja fiscal solo destinada a trabajadores asalariados. De momento, la Agencia Tributaria viene negándose a aplicarles esta exención tributaria, mientras que los altos cargos han logrado ya una importante victoria en este terreno en la Audiencia Nacional. El alto tribunal español tendrá ahora la última palabra.

El elemento en cuestión es la aplicación del artículo 7 p) de la Ley 35/2006 de IRPF, que prevé la exención de los rendimientos del trabajo percibidos por residentes en España a cambio de tareas laborales efectivamente realizadas en el extranjero. Para gozar de esta ventaja fiscal se requiere que esos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España, o para un establecimiento permanente radicado en el extranjero y, a la vez, que el territorio en el que se llevan a cabo estas tareas aplique un impuesto análogo al IRPF.

La exención afecta únicamente a las retribuciones correspondientes a los días de estancia en el extranjero, por un máximo de 60.100 euros anuales. Esta legislación trata de promover la internacionalización del capital humano español en beneficio de los trabajadores. La exención tributaria puede aplicarla directamente la empresa, evitando realizar retenciones, o puede solicitarla el contribuyente, bien a través de la declaración de IRPF o reclamando la devolución de lo abonado de más. A menudo, el fisco reclama a la empresa pagadora que justifique la naturaleza de los pagos para comprobar si merecen la exención.

Sin embargo, la Agencia Tributaria viene evitando reconocer el derecho a esta exención en el caso de los consejeros y administradores de sociedades alegando que su relación con la misma es un vínculo mercantil y no laboral. La Dirección General de Tributos considera que el artículo 7 p) hace referencia explícita a “trabajos” en el extranjero, lo que, a su parecer, excluiría los pagos no dirigidos a los asalariados.

Sin embargo, semejante lectura acaba de recibir un severo varapalo en la Audiencia Nacional, que a finales de febrero emitió una sentencia que anulaba una liquidación fiscal, así como una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que la avalaba, en la que la Agencia Tributaria “niega la aplicación de la exención prevista en el artículo 7 p) LIRPF a las remuneraciones” percibidas por una serie de contribuyentes “por trabajos realizados en el extranjero, por la única razón de ser miembros del consejo de administración”. Algo que el tribunal rechaza.

Pero incluso en el seno de la Audiencia Nacional este es un asunto controvertido, como muestra el voto particular recogido en ese fallo por una magistrada que se opone al entender que la norma tributaria “en ningún momento equipara al trabajador por cuenta ajena con el administrador de la sociedad” a la hora de aplicar esta exención.

Llegados a este punto, el Tribunal Supremo acaba de considerar de interés casacional interpretar el concepto de “rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero” del artículo 7 p) de la Ley de IRPF “y, en particular, si se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y el control propios de la participación en los consejos de administración de una filial en el extranjero o, por el contrario, esas funciones carecen de la consideración de trabajos efectivos y, consecuentemente, no dan derecho a la exención contemplada en el precepto arriba indicado.”
(Cinco Días, 18-05-2020)

Hacienda mantiene el límite de 183 días para considerar residentes fiscales a los extranjeros atrapados por la cuarentena
Hacienda aprovecha el confinamiento de los extranjeros a los que ha sorprendido la crisis del coronavirus en sus segundas residencias en España y no pueden regresar a sus países para exigirles el pago de impuestos. La Agencia Tributaria mantiene, en contra de las recomendaciones de la OCDE, la obligación de residir fuera de España 183 días para evitar que Hacienda considere a estas personas como residentes fiscales en España de manera automática y les obligue a liquidar con el fisco español.

Las restricciones de movilidad decretadas por el Gobierno, y articuladas a través del estado de alarma, han provocado que estas personas con residencia fiscal en el extranjero queden atrapadas en el país. De esta forma, muchos terminarán acumulando mucho tiempo de permanencia, más de los 183 días, tras sumar lo que duren esas restricciones y el tiempo que hayan permanecido en España antes y después de las mismas.

La situación ha hecho saltar todas las alarmas entre los extranjeros a los que el confinamiento ha cogido dentro de las fronteras españolas. Muchos se las han ingeniado para abandonar el país por medios poco habituales. "Hace unos días, un cliente, desesperado, tuvo que afrontar un largo viaje hacia su país, con muchas complicaciones y varios barcos para no acumular permanencia en España y no poder ser considerado residente fiscal aquí", destaca el fiscalista Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting en Mallorca, con una gran cartera de clientes extranjeros. "Ante el inminente fallecimiento de un familiar, podría incluso tener que haber respondido por Sucesiones", destaca.

Las consecuencia de permanecer 183 días en suelo español es la aplicación inmediata del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El extranjero se convierte así en contribuyente español y la Agencia Tributaria le exigirá liquidar, entre otros impuestos, el IRPF sobre todas sus rentas mundiales.

Además, Hacienda les obligará también a pagar el Impuesto sobre el Patrimonio -salvo a aquellos extranjeros que residan en Madrid, que lo tiene bonificado, de momento, al 100%-, también sobre el patrimonio que tengan en todo el mundo. Este impuesto no existe en la inmensa mayoría de países del entorno.

Como en España, los extranjeros también afrontan la muerte de familiares a causa del coronavirus. Si esta situación les sorprende en el país, y pasan este año 183 días en España, estarán obligados a tener que pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por cualquier herencia o donación que reciban en cualquier lugar del mundo.
(El Economista, 18-05-2020)

Las autonomías exigen a Sánchez que aclare cómo repartirá el fondo de 16.000 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este domingo la reclamación de la mayoría de las comunidades autónomas para que aclare cómo serán los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones que anunció hace semanas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha señalado en rueda de prensa que se tomará en cuenta el número total de hospitalizados y el tamaño de la población, así como otros criterios que el Ejecutivo todavía está estudiando.

De los 16.000 millones destinados a las autonomías, 10.000 irán a cubrir gasto sanitario, 5.000 a paliar el impacto económico y 1.000 más a cubrir la factura social de la emergencia. Hacienda anunció que del total de fondos sanitarios 6.000 serán inyectados a las regiones en el primer semestre.

En principio, el peso de los criterios de reparto será del 35% para el volumen de ingresados en UCI; del 25% por hospitalizados; del 20% por infectados y otro tanto por población total. Los otros 4.000 se abonarán en la recta final del año, con un 40% de pago según la población; un 30% por ingresos en UCI; un 20% por hospitalizados y un 10% por casos confirmados. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sin embargo, confirmó el domingo en rueda de prensa que todavía se negocian los criterios.

La idea es que el primer tramo sufrague la atención a los enfermos y el segundo se dirija a preparar los sistemas sanitarios para un posible nuevo brote. En la décima convocatoria de la Conferencia de Presidentes desde el decreto del estado de alarma -14 de marzo- Sánchez escuchó a todos los mandatarios autonómicos que volvieron a no fallar a la cita.

En esta ocasión, la mayoría de los presidentes denunció la incertidumbre en los criterios para el reparto del fondo autonómico. Además, expresaron su preocupación por lo que consideran una "descoordinación" en la cuestión educativa. El turismo, principal motor de la economía española, también centró parte de las intervenciones de los presidentes autonómicos.

En su intervención final, Sánchez confirmó, como ya se venía señalando días atrás, que se celebrarán sesiones monográficas de Educación y Turismo. El inicio de las cuatro horas de reunión de este domingo lo marcó el presidente Sánchez exponiendo los últimos datos "francamente buenos" sobre el impacto de la pandemia en España, que arrojan la cifra más baja de fallecidos desde la irrupción de la Covid-19 en España, con 87 pérdidas.

El presidente les avanzó la intención de que los municipios de hasta 10.000 habitantes disfruten de las mismas condiciones en lo que resta de estado de alarma que los que tienen 5.000 habitantes o menos, sin franjas horarias.
(Cinco Días, 17-05-2020)

Laboral

El Gobierno estima en 3.370 millones de euros el impacto máximo total de la extensión de los ERTE hasta el 30 de junio
El Gobierno ha cifrado en 3.370 millones de euros el impacto máximo del decreto ley aprobado esta semana para extender las facilidades para los ERTE por fuerza mayor ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, entre aumento de gasto y merma en los ingresos de la Seguridad Social. Así, en la memoria de impacto presupuestario que acompaña al decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el martes, el Gobierno estima que el impacto máximo de esta medida será un aumento del gasto en 1.290 millones.

Además de este aumento presupuestario, el Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que el impacto calculado de las exoneraciones a la cotización previsto supone un menor ingreso para el sistema de Seguridad Social de 2.080 millones de euros. Para realizar la estimación del aumento de gasto, extiende en 45 días, hasta el 30 de junio, los costes imputados en el decreto ley que impulsaba este mecanismo, con una duración inicial de 60 días, así como una cuantía media de la prestación por desempleo de 860 euros, dato correspondiente al mes de febrero.

Asimismo, el Gobierno estima que cuando acabe el estado de alarma y sus prórrogas, un máximo de 4 millones de personas estarán afectadas por ERTEs regulados en estos decretos. Respecto a la extensión de prestaciones a personas que no tengan período de cotización suficiente para tener una prestación contributiva, estima un 30% de las solicitudes, en consonancia a los datos de 2019, teniendo en cuenta este porcentaje que debió recurrir a un subsidio por no poder acceder a la prestación contributiva.

En total, cifra el impacto inmediato por aumentar durante un mes y medio en 430 euros la prestación por desempleo por el 30% de las personas afectadas por un ERTE de fuerza mayor y despedidas posteriormente, en un máximo de 516 millones de euros mensuales (un total de 774 millones). Respecto al reconocimiento de la prestación sin haber generado el derecho previo, Trabajo calcula un impacto equivalente a darle la prestación (la prestación media es de 860 euros) al 10% del total de personas afectadas, estimando todas ellas en 4 millones, por un período de un mes y medio, con un impacto económico máximo de esta medida en 516 millones (344 millones cada mes).

Para el cálculo de la reducción de ingresos, el Ministerio de Trabajo ha tomado en consideración la base media de los trabajadores en ERTE (1.416,33 euros) y el tipo de cotización empresarial que es objeto de exoneración. Asimismo, se tiene en cuenta una previsión de reincorporación paulatina de dos tercios de los trabajadores en el mes de mayo, y de hasta un 83% de los trabajadores en junio en las actividades no suspendidas y, por tanto, susceptibles de un ERTE parcial.
(Cinco Días, 17-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El 50% de la nueva línea de avales del ICO se destinará a pymes y autónomos
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que, como mínimo, el 50% del nuevo tramo de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se pondrá a disposición de autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes).

Durante la rueda de prensa telemática celebrada este domingo, la ministra ha destacado que, hasta el 13 de mayo, han tenido lugar 364.213 operaciones par pymes y autónomos, de las cuales el ICO ha avalado 25.267 millones de euros, lo que supone el 70% de los dos primeros tramos. Asimismo, la ministra ha destacado que estos dos colectivos ya han recibido financiación por valor de 32.000 millones de euros.

Montero ha destacado que la próxima ronda de avales del ICO, de 20.000 millones de euros que se aprobará el martes, el 50% se destinará, como mínimo, a pymes y autónomos, como se ha venido haciendo en otros tramos. Sin embargo, la ministra ha destacado que el Gobierno atenderá a la demanda, por lo que "habrá que ver cuáles son las necesidades", ya que algún tramo se ha destinado totalmente a pymes y autónomos.

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras ser preguntado si España está valorando habilitar "corredores sanitarios" para permitir una reactivación del turismo, ha asegurado que es un "sector muy importante".

Illa ha subrayado que la mejor forma de tener en consideración al sector es "tomando las medidas necesarias para preservar bajo control la epidemia". Asimismo, ha agregado que el Ejecutivo está trabajando de forma "muy intensa" con las autoridades europeas para poder asegurar que se pueda reactivar la actividad turística "cuando sea posible".
(Expansión, 17-05-2020)

La mitad de los españoles descarta viajar por turismo este verano
La mitad de los españoles no espera realizar ningún tipo de viaje turístico durante el verano, independientemente de la fase de desescalada en la que se encuentren, según las conclusiones de un estudio elaborado por EY-Parthenon y publicado este domingo. Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que ya no visualizan poder disfrutar de unas vacaciones turísticas habituales en esta época del año.

De hecho, la mitad de los españoles descarta viajar por turismo este verano, mientras solo un 37% afirma que lo hará optando por destinos nacionales y apenas un 9% saldrá al extranjero, según el informe de la consultora EY-Parthenon, que analiza la reacción de los consumidores ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia y augura una lenta recuperación del sector.

De todas las personas que tienen pensado hacer planes vacacionales en verano dentro de España, el 19% señala que ya tenía previsto no salir del país, el 10% apunta que cambiará su destino por uno menos masificado y el 8% asegura que tenía pensado ir al extranjero pero que, dadas las circunstancias, no lo hará. Por comunidades autónomas, Galicia y Andalucía son las más pesimistas, con un 56% y un 53% de sus ciudadanos, respectivamente, que no harán turismo este verano, en tanto que 6 de cada 10 madrileños o castellanomanchegos tienen planificado irse de vacaciones.

Asimismo, incluso superada la crisis sanitaria, un 42% de la muestra total, basada en más de 2.000 personas, afirma que su gasto en turismo y viajes será menor que el de hasta ahora o incluso nulo, mientras que un 20% admite que será mayor y el resto se mantendrá en el mismo nivel de antes de la crisis. Los habitantes de la Comunidad Valenciana son los que se muestran más reticentes al gasto en este ámbito, con un 46% de entrevistados que asegura que bajará su nivel de gasto en este fin una vez superada la pandemia, al igual que la región de Castilla y León, seguida de Andalucía, con un 44%.

Además, el Covid-19 no solo cambiará la decisión de planificar las vacaciones, sino también las preferencias del consumidor en algunos aspectos, como por ejemplo, pagar más por tener flexibilidad en condiciones de cancelación y cambios de las reservas: un 67% de los entrevistados asegura que estaría dispuesto a ello, entre los que predominan los jóvenes y las clases acomodadas.

Por otro lado, la existencia de una vacuna contra el coronavirus será una parte importante en la recuperación y normalización del sector. Por lo pronto, un 36% de los entrevistados afirma que no volverá a volar y el 27% que no cogerá un tren hasta que no se cumpla esa condición. En cuanto al alojamiento, entre un 23% y un 28% no dormirá en un hotel ni alquilará un apartamento, pero seis de cada diez personas lo supeditan solo hasta la recuperación de la crisis sanitaria. Asimismo, el desarrollo de una vacuna también es fundamental para un 41% de los entrevistados que ponen esa condición para ir a un evento, así como para ir al cine o a un centro comercial (un 27%) o ir a un restaurante (un 19%).
(Expansión, 17-05-2020)

El Gobierno regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos
El Ministerio de Sanidad regulará en los próximos días el uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos. "Sanidad estaba estudiando esto y lo regulará en los próximos días", ha señalado la ministra portavoz del Gobierno María Jesús Montero.

Así lo ha manifestado este domingo Montero durante la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos. Además ha confirmado que no habrá franjas horarias de salida en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que en los "próximos días" saldrá publicado una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para regular el uso obligatorio de mascarillas. Esta nueva orden, que se publicará para "reforzar la obligatoriedad" del uso de mascarillas, se está valorando con las comunidades autónomas y con los expertos, según ha indicado Illa.

Salvador Illa ha destacado que "ha habido unanimidad" entre los presidentes autonómicos en que "hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas. No obstante, ha subrayado que no va a "anticipar los detalles concretos" de esta nueva orden y que mañana tendrán una reunión interterritorial con las comunidades autónomas.

"Habrá un reforzamiento de la obligatoriedad, pero hasta que no esté la orden cerrada no avanzaré nada", ha sentenciado. La portavoz del Gobierno además ha confirmado que no habrá franjas horarias de salida en los municipios de menos de 10.000 habitantes.
(El País, 17-05-2020)

El Gobierno da marcha atrás y permite las rebajas en cualquier fase si no generan aglomeraciones
El Gobierno ha dado marcha atrás a la polémica prohibición de las rebajas en tiendas físicas. Finalmente, ha decidido permitirlas desde este lunes incluso en los lugares que aún siguen en la fase 0 siempre que no generen aglomeraciones. Así figura en la orden publicada en la tarde de este sábado en el BOE, en la que se recogen la relajación de las medidas previstas en la fase 2 de la desescalada, pero se incluyen también algunas modificaciones de las medidas que se habían previsto para las fases 1 y 0.

“Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el resto de medidas establecidas en esta orden”, reza el texto, que añade que los comercios deberán "adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario".

Algo que contrasta con la contundencia que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se había expresado esta semana: "Las rebajas son un elemento que pueden provocar aglomeraciones y por tanto están prohibidas", afirmó el jueves levantando una polvareda entre el sector de la distribución. También puso de relieve las contradicciones entre distintos organismos del Gobierno, ya que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se entendía que la prohibición solo afectaba a las aglomeraciones, y no a las rebajas en sí. Distintas asociaciones como Acotex, la patronal del textil, o Anged, la de las grandes superficies, mostraron su disconformidad con la medida y con las formas del Gobierno, que no consultó al sector sobre la misma. El BOE del 9 de mayo solo contemplaba las rebajas online. Ahora el Gobierno corrige y las permite también en las tiendas físicas tanto en fase 1 como en fase 2.

El BOE publicado en la tarde de este sábado también detalla las condiciones los centros comerciales y de las tiendas de más de 400 metros cuadrados en la fase 2. "Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales (...) con independencia de su superficie útil de exposición y venta", dice el documento.

Eso sí, deberán hacerlo con un aforo limitado del 40% (en fase 1 es del 30%). En los comercios con más de una planta, como por ejemplo un gran almacén de El Corte Inglés, también se deberá seguir esa limitación en cada una de las plantas y garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente y se establecerá un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.
(El Mundo, 17-05-2020)

Sector

Las auditoras anticipan una caída de negocio y honorarios a partir de 2021
Las empresas auditoras se preparan para afrontar los efectos del Covid-19 en su negocio a partir de 2021. El sector, que apenas se ha visto afectado por el impacto más inmediato del virus, anticipa una caída de ingresos en el medio plazo, la renegociación a la baja de los honorarios y la pérdida de clientes por empresas que quiebren o no cumplan los requisitos para estar obligatoriamente auditadas. Además, alerta del reto que supondrá su labor de verificación sobre las cuentas del ejercicio 2020 para dictaminar si las empresas auditadas siguen siendo viables.

Fuentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) consultadas por este diario señalan que la facturación anual del sector no se verá lastrada en 2020 y, de hecho, prevén cerrar con un crecimiento de la cifra de negocio, siguiendo la tendencia alcista de los últimos ejercicios. Según los últimos datos de los que dispone la patronal, el sector facturó en conjunto 663,2 millones de euros en 2018 y, a falta de cerrar las cifras, estima un crecimiento del 3% para 2019.

Y es que, después de que el Gobierno decretase el estado de alarma, las auditoras han continuado su proceso de verificación de cuentas a través del teletrabajo. Además, el Ejecutivo concedió mayor plazo para la presentación de resultados y su correspondiente informe de auditoría para las cuentas de 2019 todavía pendientes, por lo que no se prevé que algún informe se quede a medias o no se pueda presentar.

No obstante, a partir de 2021 el ICJCE ya prevé caídas de la cifra de negocios. Según los datos históricos, el ejercicio de mayor facturación del sector se produjo en medio de la anterior crisis económica. De esta forma, 2011 cerró con unos ingresos conjuntos 760,6 millones de euros. A partir de ahí cayó en torno al 20% y desde entonces nunca ha llegado a recuperar ese nivel máximo de honorarios.

“Aquí hay dos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, empresas que desaparecen y por lo tanto desaparece el cliente. Y luego, que la mayor parte de los informes de auditoría se hacen porque lo establece la ley. Hay unos límites obligatorios para que una empresa tenga que auditarse y en el momento en que se reduce la facturación o los empleados muchas empresas dejan de estar en los límites de auditoría obligatoria y optan por no auditarse”, explican.

Además, otras fuentes del sector aseguran que habrá una renegociación a la baja de los honorarios pactados debido, precisamente, a la caída de los ingresos de muchas empresas. No obstante, desde el ICJCE destacan la particularidad del sector, que se mantiene muy estable tanto en ciclos expansivos de la economía como en épocas de recesión. De hecho, en 2019, el 78% de los informes de auditoría realizados en España fueron obligatorios (63.000 trabajos frente a los 18.000 de carácter voluntario) por lo que la mayor parte del negocio se va a mantener.
(Cinco Días, 18-05-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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