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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 20 DE MAIG DE 2020 Fiscal Modificado el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas Mercantil, Civil i Administratiu Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos Medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España Condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 Euro
Fiscal El Gobierno amplía a 4 meses la posibilidad de aplazar impuestos y agilizará el pago de ERTE El acuerdo recoge la ampliación y modificación de algunas medidas. El pasado 12 de marzo el Gobierno aprobó flexibilizar los aplazamientos del pago de impuestos de hasta 30.000 euros durante un periodo de seis meses, previa solicitud, sin intereses los tres primeros, con una inyección de 14.000 millones. Conforme al acuerdo suscrito este martes para la nueva prórroga del estado de alarma estos tres meses sin intereses de demora se amplían a cuatro. Según la estimación realizada por el Ejecutivo en marzo, la medida podría beneficiar al 99,8% de los autónomos y al 94% de las pymes. Preocupación por la morosidad del sector público en la devolución del IVA de las facturas Según ha dicho Garamendi en una entrevista con El Economista, la patronal ya ha trasladado al Gobierno su preocupación por este aumento de la morosidad del sector público en la devolución del IVA de las facturas, pero ha indicado que CEOE planteará esta situación al Ejecutivo "con mucha más fuerza". Según ha explicado el líder patronal, para las empresas "la liquidez es ahora clave para que puedan hibernar" por lo que "una de las cosas que más está dañando esa liquidez es la morosidad. Y, en concreto, si los impagos vienen de las administraciones, la queja se convierte en "prioritaria", ha añadido. El máximo responsable empresarial también ha reiterado que los 100.000 millones de crédito con avales públicos a disposición de las empresas "se quedarán probablemente cortos". Además, ha criticado que el Gobierno vaya liberando dichos avales por tramos: "había que haberlos puesto a disposición de las empresas de golpe", ha dicho Garamendi. En su opinión, eso habría sido posible "porque la banca ha demostrado que va muy por delante del Instituto de Crédito Oficial (ICO)" y ha considerado que "eso habría dado más confianza a los mercados". Si bien, ha considerado que si hay algún problema en materia de la concesión de estos avales públicos crediticios "no es culpa de la banca, los bancos están pidiendo los requisitos que tienen que pedir, porque también son empresas" y asumen el 20% del riesgo. Por ello, ha especificado que "lo que se podría estudiar" es que dichos avales lleguen al 90% o incluso al 100% del crédito concedido. En opinión de Garamendi, además de ampliar el porcentaje del aval público, el resto de tramos que el Gobierno vaya liberando deberían contar con más porcentaje específico para las pequeñas y medianas empresas, "es lo que estamos pidiendo nosotros y la propia banca", ha asegurado. Laboral Cerca de 1 millón de trabajadores en un ERTE no ha cobrado nada desde marzo y augura que 1,5 millones se verán en el paro Según los datos facilitados en la encuesta, a 15 de mayo no habían cobrado la subvención del Estado cerca de un millón de trabajadores afectados por un ERTE en toda España, una situación que vienen denunciando los afectados y que se suma al atasco en la tramitación de los ERTE que se produce desde marzo. El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha llevado a cabo una encuesta entre los pasados días 13 y 15 de mayo entre su colectivo, que reúne a cerca de 6.000 gestorías en todas las comunidades autónomas. Fernando Santiago, presidente del Consejo General, señala a este diario que "una de las conclusiones más estremecedoras de la encuesta es que, a la fecha de la contestación, cerca de un millón de trabajadores en un ERTE no habían cobrado aún la prestación del Estado. Tengamos en cuenta que muchos llevan desde el mes de marzo sin ingresar ni un solo euro". "La otra conclusión dura es que en los próximos meses se verán en el paro más de 1.500.000 de trabajadores por el cierre de más de 240.000 pymes a consecuencia del coronavirus. Y esto a pesar de que 135.000 de dichas empresas se han acogido a un ERTE", señala Santiago. En este escenario, los Gestores Administrativos solicitan una nueva prórroga del calendario fiscal ya que consideran que la situación no sólo no ha mejorado, sino que es más desfavorable en muchos lugares y para gran cantidad de negocios. Las distintas Administraciones -de las comunidades en el caso de las empresas con implantación sólo en una región, y del Ministerio de Trabajo, para grandes empresas presentes en toda España- han contestado expresamente el 67% de los ERTE presentados por los Gestores Administrativos, habiendo denegado un 2% del total. Estas cifras suponen que se han denegado 12.000 ERTE que afectan a 86.000 trabajadores. El atasco que se vive en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) afectó a los ERTE por fuerza mayor desde marzo, que acumulaban importantes retrasos lo que, según los Gestores, abocaba ya en abril a cerca de 50.000 empresas a concurso. Las empresas tenían que sostener salarios mientras la Administración no tramitaba el ERTE y en el caso de los denegados por fuerza mayor, el plazo se alargaba a la espera de presentar el expediente por causas económicas o productivas. Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, refrenda el desconcierto de sectores en los que en algunos casos se admite la fuerza mayor y en otros no, como las ópticas. El ministro de Justicia ha calculado que en 2020 se presentarán 24.200 concursos, un 246% más, y en 2021, 50.000, un 619% más que en 2019. La media de trabajadores incluidos en los ERTE tramitados por los gestores administrativos es de 5,4 trabajadores por expediente, frente al 6,4 de media obtenida de la totalidad de los ERTE presentados en toda España. El presidente de los Gestores Administrativos indica: "Nuestra media es algo menor porque nuestros clientes son pymes y en los datos globales se incluyen grandes empresas, lo que distorsiona la comparación". En todo caso, Santiago quiere "destacar la falta de claridad en cuanto a los datos oficiales reales de ERTE presentados, trabajadores afectados, denegaciones, pago de subsidios y demás; y esta opacidad afecta por igual a casi todas las Administraciones". Las últimas cifras las hizo públicas el propio Pedro Sánchez en el Congreso el 15 de abril, cuando apuntó que el número de afectados por los ERTE se acercaba a los 3,9 millones, cifra que en estos momentos se sitúa en el entorno de 5 millones y 600.000 expedientes. Fernando Santiago pide al Gobierno que, dado que sigue el estado de alarma y que la situación económica continúa deteriorándose, "prorrogue el calendario fiscal al menos un mes más. Aun cuando estamos casi al límite del vencimiento de la prórroga para la presentación de IVA y a pocos días para el resto de los impuestos [la prórroga de las trimestrales acaba hoy y el 30 de mayo finaliza la posibilidad de pedir aplazamiento de seis meses], creemos que el Gobierno tiene la oportunidad de ofrecer un respiro a pymes y autónomos". Mercantil, Civil i Administratiu Las apuestas bajistas sobre la banca hunden al Ibex un 2,5% La caída en el Ibex contrasta fuertemente con las tímidas pérdidas en otros parqués europeos o incluso ganancias. Lo mismo ocurre en EE UU, donde el Dow Jones cotizaba prácticamente plano al cierre de los mercados del Viejo ContinenteEl desplome del selectivo español coincide con la primera sesión en la que se permiten las apuestas bajistas sobre valores españoles, después de dos meses de veto. También ha caído cerca de un 2% Milán, que como Madrid ha reabierto las apuestas bajistas. La CNMV anunció ayer que, con efectos de la medianoche pasada, se volvía a permitir el incremento de posiciones cortas, a través de cualquiera de los mecanismos disponibles, sobre valores cotizados. Las caídas han castigado con especial virulencia al sector bancario, con Sabadell (-11,87%) y Bankia (-11,12%) a la cabeza. Asimismo, la tercera mayor caída del selectivo ha sido para Telefónica, que se ha dejado un 9,4%. Ence, que ha cedido un 6,8%, es uno de los valores favoritos de los bajistas: antes del veto tenía un 4% del capital en posiciones cortas, según los datos de la CNMV. Sabadell no tenía recogidos recientes aumentos en sus apuestas bajistas, pero el supervisor recoge una posición por el 0,49% del capital, en manos de Citadel, con fecha del pasado miércoles. Telefónica tenía antes del veto una posición del 0,49% (por encima del 0,5% debían ser comunicadas) de Bridegwater. Hoy la teleco se ve castigada también por el rápido crecimiento del coronavirus en Brasil, uno de sus principales mercados y actualmente el tercer país del mundo con más contagiados, solo por detrás de Rusia y EE UU. "El veto a la prohibición de operación cortas permite ya a los inversores ir bajistas, razón por la que aprovechan esta oportunidad para entrar en contra de los sectores más cíclicos como es el sectorial bancario. Ya estaban en tendencia bajista antes del levantamiento del veto, por lo que no es el único motivo de las caídas, se puede decir que estamos ante una confirmación natural de una tendencia", explica Sergio Ávila, de IG. Los descensos, de hecho, llegan después de un rebote del 4,7%, lo que da más recorrido a las apuestas bajistas, como recuerda Luis Benguerel, de Anattea Markets. "No hay que descartar que puedan deberse al levantamiento de la prohibición de las posiciones cortas, pero también puede existir un factor de corrección de las subidas que se dieron ayer", añade Nuria Álvarez, analista de Renta 4. El Gobierno desbloquea un cuarto tramo de 20.000 millones de la línea de avales del ICO El nuevo tramo de 20.000 millones se dirigirá en su totalidad a facilitar liquidez a autónomos y pymes. Se trata de la cuarta línea de garantías públicas que aprueba el Ejecutivo, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones de euros sobre el total de 100.000 millones de euros dispuestos, de los que 60.000 millones (siete de cada diez millones otorgados) se han reservado para autónomos y pymes. "Creo que los números están reflejando de forma nítida que este Gobierno viene priorizando de forma especial a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos en cada una de las medidas económicas que adopta", ha destacado Montero. Este fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para volver a pedir al sector financiero que sea "suficientemente dinámico y ágil" para que los avales lleguen fundamentalmente a pymes y autónomos, "que son los que más lo necesitan". El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de mayo el tercer tramo de avales para empresas del ICO por un importe total de 24.500 millones de euros (4.500 millones gestionados a través de BME y Cersa). Este tercer tramo de la línea ICO estaba destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total era para asegurar la financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante iba destinado a grandes empresas. Las líneas de avales están gestionadas por la entidad pública, en colaboración con los bancos, los cuales asumen el coste de la garantía, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos. El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Hasta el pasado domingo, 17 de mayo, el ICO había registrado 394.543 operaciones (el 98% a pymes y autónomos) por importe de 38.631 millones de euros, y un flujo de crédito canalizado de 50.822 millones de euros. La Fed y la Casa Blanca se alían para activar la economía Tanto el presidente del banco central, Jerome Powell, como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, subrayaron que aún cuentan con herramientas para seguir apoyando la economía de Estados Unidos y las utilizarán sin ningún titubeo para hacer frente a la mayor crisis desde la Gran Depresión. La actuación sin precedentes de la Reserva Federal ante esta pandemia no hubiera sido posible sin el paquete de estímulos de más de dos billones de dólares que aprobó el Congreso hace unas semanas. Gracias a la partida de 500.000 millones de dólares para cubrir a la Fed, el banco central pudo ampliar su capacidad de préstamo y acudir al rescate de Estados, ayuntamientos y pymes con un plan de 2,3 billones de dólares. Además, extendió los programas de compra de bonos corporativos e incluyó deuda de mayor riesgo. El primer plan de rescate se ha consumido en tiempo récord, pero Mnuchin dijo este martes que seguirá aumentando el margen de maniobra de la Fed, adelantando que "estamos completamente preparados para asumir pérdidas en determinados escenarios". Mnuchin subrayó también que la economía de Estados Unidos podría sufrir "un daño permanente" si se amplían durante meses las medidas de confinamiento, haciéndose eco de las presiones de la Casa Blanca para reiniciar la actividad económica cuanto antes. En medio de la incertidumbre sobre la recuperación, los demócratas siguen presionando para poner en marcha un nuevo paquete de ayudas por tres billones de dólares. El plan ha pasado ya el corte de la Cámara de Representantes, donde el partido de la oposición tiene mayoría, pero es probable que se frene en el Senado, de mayoría republicana, tal y como está diseñado. Los tres billones incluyen un billón destinado a estados y gobiernos locales y el reparto de más dinero en efectivo que, esta vez, incluiría a los inmigrantes sin papeles. El Gobierno de Trump y los republicanos se oponen tanto a la ayuda a los ilegales como al rescate de estados. Powell siguió insistiendo ayer en que la Fed "está comprometida a usar todas las herramientas disponibles en estos tiempos desafiantes", pero subrayó que las estrategias del banco central "son solo parte de una respuesta más amplia del sector público", volviendo a instar a los legisladores a que amplíen las ayudas fiscales. La Reserva Federal se guarda todavía un plan de préstamos de 600.000 millones para ciudadanos y pymes que se activará a finales de mes, dijo ayer Powell. En todo caso, varios legisladores pusieron en cuestión que los planes de ayudas estén priorizando a las grandes corporaciones frente a pymes y ciudadanos. Las exportaciones caen un 3% en el primer trimestre con el desplome del 14% en marzo Así, en alimentación, bebidas y tabaco, cuyas exportaciones representaron el 21,9 % del total de marzo y el sector menos afectado por el parón de la pandemia, se incrementaron un 12,9 %; mientras que las de bienes de equipo cayeron un 18,1 %. También se desplomaron un 33,7 % las del sector automovilístico frente a marzo del año pasado, y un 31 % las de otras manufacturas de consumo. Antes estas cifras, el Club de Exportadores ha reclamado a las autoridades españolas y comunitarias que planifiquen el restablecimiento de la movilidad internacional, tanto en la UE como en el resto del mundo, para que las empresas españolas puedan reanudar su actividad exterior lo antes posible. Junto al descenso en las exportaciones, el parón del consumo por el COVID-19 también se notó en las importaciones, que bajaron un 4,9 % en el trimestre y un 14,4 % sólo en marzo, hasta los 76.565 millones y los 23.805 millones, respectivamente. Se trata del mayor descenso para un mes de marzo de las compras de España al exterior desde 2013, en los peores momentos de la crisis, cuando se redujeron un 15,8 %. Con esta evolución de exportaciones e importaciones, el déficit comercial de España se sitúo en 7.661 millones en el primer trimestre del año, un 19 % menos que en el mismo periodo de 2019, mientras que solo en marzo fue de 2.036 millones, un 13,4 % menos que en el mismo mes del año pasado. La tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) a cierre de marzo se situó en el 90 %, 1,8 puntos más que la registrada en el mismo periodo de 2019, mientras que solo en marzo fue del 91,4 %. El déficit energético disminuyó un 12,1 % interanual hasta los 1.824 millones en marzo, mientras que en el trimestre cayó un 14,2 %, hasta 5.897 millones. De vuelta a las exportaciones, y en balance trimestral, las de alimentación, bebidas y tabaco subieron un 9,9 %, en tanto que las de bienes de equipo descendieron un 6,9 % y las del sector automóvil, un 9,3 %. La deuda pública española alcanzó en marzo el máximo histórico de 1,22 billones Según el procedimiento de déficit excesivo, la deuda ha aumentado en un año 27.567 millones de euros respecto a los 1,196 billones de euros que registraba en marzo de 2019, lo que representa en términos interanuales un incremento del 2,3%. El alza hasta los 2,2 billones de euros sitúa la deuda en el entorno del 98% del producto interior bruto (PIB), 1,8 puntos porcentuales más que la ratio estimada el mes pasado, aunque cinco décimas menos que hace un año. Este significativo aumento de la deuda en marzo se concentró exclusivamente en el Estado, debido al impacto de la crisis del coronavirus y las medidas adoptadas para evitar su propagación. En concreto, la deuda de la Administración General del Estado marcó máximos históricos, junto con la de la Seguridad Social, que también está en máximos, pero el endeudamiento disminuyó en el caso de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Así, la deuda del Estado subió en marzo en 25.201 millones respecto al mes de febrero, hasta el máximo de 1,089 billones de euros, un 2,3% más, y respecto al año anterior repuntó un 3%, sumando 31.429 millones en un año. Mientras, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se situó en 55.025 millones de euros -un millón más que el mes anterior-. No obstante, hay que tener en cuenta que a nivel interanual creció un 27,7%, sumando 11.957 millones de euros en solo un año. Por el contrario, la deuda pública de las comunidades autónomas se redujo en el tercer mes del año en 257 millones, hasta los 297.852 millones de euros, un 0,1% menos, y en tasa interanual registró un alza del 0,3%, con 927 millones más. A su vez, las corporaciones locales disminuyeron también en un 1,4% su deuda en el mes de marzo, hasta los 22.973 millones de euros, al tiempo que bajó un 11,5% a nivel interanual. El notable aumento de la deuda estatal se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones, cuya factura mensual se acerca actualmente a unos 9.700 millones de euros, cuantía que en los meses en los que hay paga extra se duplica. Del montante total de deuda pública en marzo, el 86,6% se correspondió a valores representativos de deuda, con 1,06 billones de euros, mayormente en valores a largo plazo (993.280 millones de euros) frente a los de corto plazo (67.241 millones de euros). Según las previsiones del Banco de España, en el escenario más moderado de caída del PIB por la crisis sanitaria, la ratio de deuda pública se elevará en torno al 115% del PIB, mientras que el escenario más pesimista apunta a que podría superar el 120% del PIB. El Gobierno pacta con Cs que la nueva prórroga sea de 15 días Así informa un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación, en el que no se da cuenta del acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros para solicitar al Congreso una prórroga del estado de alarma. Según La Moncloa, Sánchez y Arrimadas han mantenido contactos semanales que han permitido "analizar y poner en marcha medidas necesarias para seguir protegiendo a la ciudadanía en el ámbito sanitario, económico y social". Durante esos 15 días de prórroga del estado de alarma, el Gobierno -según el comunicado- se compromete a analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma. Asimismo, en esos mismos 15 días, el Gobierno comunicará a Cs "las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias". El Gobierno ha informado en un comunicado de que ambas partes muestran su satisfacción por la interlocución que han mantenido desde su acuerdo del pasado 5 de mayo sobre la cuarta prórroga y precisa que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han mantenido contactos semanales con la voluntad de seguir consensuando medidas pensando en el interés general de todos los españoles. Los dos coinciden en que el estado de alarma debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario. En esos 15 días de la quinta prórroga a partir del 24 de mayo, el Gobierno se compromete a analizar las medidas, y en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin el recurso del estado de alarma, según el acuerdo alcanzado. El Ejecutivo se compromete asimismo a comunicar e intentar, si es posible, consensuar esas medidas y reformas legislativas necesarias. El acuerdo con Ciudadanos afecta también al compromiso por parte del Gobierno de ampliar en un mes (de tres a cuatro) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los aplazamientos tributarios motivados por el impacto de la Covid-19. También se agilizará el pago de prestaciones por ERTEs o desempleo a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibir durante el mes de junio como muy tarde. Se dará prioridad a la resolución de posibles incidentes al respecto. Otro de los compromisos asumidos ante Ciudadanos en este último acuerdo tiene que ver con el compromiso del Gobierno a analizar la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación. Además, se acuerda impulsar que el mes de julio de 2020 sea hábil en el Congreso de los Diputados a los efectos de agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por la Covid-19. Sector Los grandes bufetes alientan arbitrajes millonarios por las medidas contra el covid-19 A pesar de la crisis sanitaria sin precedentes, que ha costado la vida a más de 300.000 personas en el mundo, “los abogados instan a las grandes empresas a defender sus beneficios y a desafiar las medidas de emergencias”. Así lo desvela un estudio elaborado por el Corporate Europe Observatory (COE), grupo de investigación con sede en Bruselas, y el Transnational Institute (TNI), instituto de investigación y promoción de políticas públicas, de Amsterdam. La investigación, muy crítica con los ISDS, a los que considera “un sistema paralelo de justicia corporativa”, se basa en informaciones públicas de los despachos: notas en sus páginas webs, blogs o seminarios, en los que explican a sus clientes “las vastas protecciones que los acuerdos de inversión les ofrecen” para reclamar. Por ejemplo, en el área de la energía o los servicios, por la prohibición que muchos Gobiernos, como España, han impuesto a las compañías de cortar el suministro de electricidad, luz, gas y agua a los consumidores vulnerables. Respecto al país más afectado por la pandemia, Italia, con más 32.000 fallecidos, el informe alude a un artículo publicado por la firma local ArbLit el 26 de marzo, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. Los abogados de este despacho plantean si las medidas, “mal coordinadas”, del Ejecutivo de Giuseppe Conte “podrían estar dentro del alcance de los tratados de inversión entre Italia y otros Estados”. Tratados que solo protegen al inversor extranjero y que puede fijar indemnizaciones no solo por los perjuicios presentes, sino “por la previsión de pérdidas futuras”, señala el informe, además, a diferencia de la justicia nacional (que, en este caso, se rige por los decretos excepcionales de estado de alarma que da poderes amplios a los Gobiernos democráticos), no tienen en cuenta “los intereses sociales”, como en el caso de la crisis actual. Ante el riesgo de reclamaciones millonarias por parte de los inversores y las empresas al que se enfrentan los Estados, los expertos han pedido una restricción permanente de dichas reclamaciones por el covid-19.También la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hizo sonar las alarmas el pasado 4 de mayo con estas declaraciones: "Si bien, aún no se conocen demandas reales de ISDS relacionados con el coronavirus, los abogados especializados están considerando numerosos casos y escenarios muy duros". La industria del arbitraje, alertan CEO y TNI en su investigación, está preparando el terreno. Así lo demuestran bufetes como Quinn Emanuel, que, en uno de sus blogs, animaba a los inversores “a buscar alivio y/o compensación por cualquier pérdida resultante de las medidas estatales”. En la misma línea se manifiesta Volterra Fietta. Más explícita resulta la firma Ropes & Gray en este comentario: “los Gobiernos han respondido ante el covid-19 con una serie de medidas, como las restricciones de viajes, limitaciones en las operaciones comerciales o beneficios fiscales. Por su legitimidad, estas medidas pueden afectar negativamente a las empresas al reducir su rentabilidad, retrasar sus operaciones o ser excluidas de las subvenciones”. Y añade que, para las empresas con accionistas extranjeros, los ISDS “podrían ser una herramienta poderosa para recuperar o prevenir pérdidas resultantes de las acciones relacionadas con el covid-19”. Los despachos cobran una media cinco millones de dólares por litigio En España, donde se acaba de abrir una boutique especializada en arbitrajes (la de José Antonio Caínzos, presidente del Centro de Arbitraje Internacional de Madrid), todos los grandes llevan litigios internacionales de inversión: Garrigues, Gómez Acebo & Pombro, Cuatrecasas, Uría y Menéndez, Antolín, Creamades, Pérez Llorca o Samaniego. En los últimos 25 años se han tramitado más de mil demandas (solo se incluyen las reconocidas) contra Estados que, en gran medida, han ganado el inversor. Los tribunales arbitrales los componen tres miembros: uno designado por cada parte y el tercero, consensuado por los dos primeros.
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