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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 DE MAIG DE 2020 Mercantil, Civil i Administratiu Concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la financiación de los gastos de funcionamiento de su actividad Euro https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/
Fiscal Hacienda retrasa la publicación de la lista de morosos Esta medida, incluida en el real decreto ley de medidas económicas aprobado ayer en el Consejo de Ministros, retrasa el plazo para publicar la denominada lista de morosos, que normalmente está establecido en el primer semestre del año, explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado. El objetivo de este retraso es garantizar los derechos de los contribuyentes dando tiempo para que se resuelvan "con todas las garantías" los procedimientos en la actual situación de crisis sanitaria. El listado de 2019 incluyó a 4.028 personas físicas y jurídicas que adeudaban a Hacienda más de un millón de euros al cierre de 2018, con una deuda total de 14.100 millones de euros. Además, el Consejo de Ministros aprobó también una batería de medidas tributarias dentro de este mismo real decreto, entre las que destaca el aumento de tres a cuatro meses del periodo en que las pymes y los autónomos pueden aplazar el pago de sus obligaciones tributarias sin abonar intereses. Por otra parte, se introducen las adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades a la situación actual, permitiendo que aquellas empresas que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de este Impuesto puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese momento. También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido aprobar. Laboral CC.OO. pide subvenciones para las empresas que faciliten adaptaciones de jornada por la pandemia El secretario general de esta central, Unai Sordo, ha presentado hoy este paquete de ayudas que persigue sumarse al ingreso mínimo vital, que el Gobierno prevé aprobar este viernes, para dar protección económica a quienes no tienen ninguna renta o a trabajadores que han visto recortados sus ingresos por haber tenido que tomar estas medidas de conciliación que implican recortes de s sueldo. Si bien desde el sindicato quieren "que la adaptación de jornada (sin recorte salarial) sea la medida estrella" del paquete que propondrán al Gobierno, ha dicho hoy la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente. Para ello, proponen que "las empresas que faciliten la adaptación de la jornada laboral --según el artículo 6 del Real Decreto-Ley de 17 marzo de medidas para paliar el Covid-19-- podrán ser subvencionadas por cada una de las personas que de forma fehaciente se demuestre que han podido optar a la adaptación de su jornada laboral por motivos de conciliación, en la forma y cuantía, que fruto de acuerdo se establezca". Si bien, no se subvencionarían los casos que hayan conseguido esta adaptación en los juzgados. Junto a estas subvenciones a empresas, CC OO reclama una prestación económica para las personas que se acojan a excedencias o reducciones de jornada amparadas en las medidas contra el Covid. El TJUE califica al repartidor como contratista independiente por cuenta propia Pues bien, la resolución del TJUE es clara: No se da una relación laboral entre un rider y la plataforma para la que colabora. "Estamos en presencia de un contratista independiente por cuenta propia, y, por tanto, no debe ser clasificado como trabajador", explica sobre la resolución de este tribunal Raúl Rojas, socio de laboral de ECIJA. Los magistrados comunitarios argumentan su auto en base a motivos como la facultad de la empresa para designar subcontratistas o sustitutos de la totalidad o parte de los servicios, el derecho de los riders a no aceptar todas las tareas que se le asignan y su capacidad para trabajar para otras empresas incluso de la competencia. Además, la sentencia hace referencia al tiempo de trabajo fijado a estos trabajadores. "Si bien es cierto que debe prestarse en franjas horarias determinadas, no es menos cierto que tal exigencia es inherente a la naturaleza misma de ese servicio", explica el TJUE. No obstante, este tribunal deja en manos de la jurisdicción de cada país aplicar ese concepto de trabajador. "El juez nacional debe, para determinar en qué medida una persona ejerce sus actividades bajo la dirección de otra, basar esa clasificación en criterios objetivos y efectuar una apreciación global de todas las circunstancias, teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las actividades como la relación de las partes interesadas", asegura Rojas. Por eso, el auto no contradice las sentencias que ya han ido definiendo esta cuestión en España, que vienen declarando a los riders como falsos autónomos y bajo relación laboral con su empleador. Sánchez: "Vamos a recuperar los derechos laborales arrebatados y a reconstruir los consensos sociales rotos" De esta forma, Sánchez incide en las explicaciones aportadas por la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y por la ministra portavoz, María Jesús Montero, después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, asegurase que el pacto con Bildu supondría la derogación "íntegra" de la reforma laboral. El presidente del Gobierno ha asegurado que ya dejó claro que recuperaría los derechos laborales arrebatados y los consensos sociales rotos por la reforma laboral tanto en su "programa electoral, en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos y en el debate de investidura". Respecto a los derechos laborales arrebatados, ha recordado que ya comenzó en febrero eliminando mediante un decreto Ley la posibilidad de despedir por acumular bajas de enfermedad, tras una sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, ha apuntado que el Gobierno ha venido practicando estos meses de Legislatura el diálogo social, roto "como consecuencia de esa unilateralidad" de la reforma laboral, y prueba de ello son los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos para elevar el SMI este año a 950 euros y para extender los ERTE hasta el 30 de junio. Trabajo permitirá despedir a las empresas con ERTE en riesgo de quiebra “No exigiremos a nadie cumplir lo imposible”, ha declarado, y ha añadido: “Esta cláusula de salvaguarda se hace cargo de que algunas empresas, que se encuentren en riesgo de concurso, no podrán cumplir este compromiso”. Díaz también ha recordado que los nuevos ERTE han sido pactados gracias al diálogo social, después de que las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO ratificaran el acuerdo. “Es momento de que esta Cámara muestre su apoyo a este diálogo y que, permítanme, humildemente, incluso aprenda de él”, ha comentado. Una reivindicación que se produce unos días después de que PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu pactaran derogar la reforma laboral durante la negociación para prorrogar el estado de alarma. La decisión disgustó a las patronales hasta el punto de que la CEOE anunció que rompía el diálogo social con el Gobierno. El PSOE luego matizó este acuerdo y lo remitió al programa de Gobierno, quitando el plazo para la derogación. Por lo que respecta a la prorroga de los ERTE, Díaz ha señalado que serán necesarios nuevos acuerdos, ya que se contempla la extensión de medidas extraordinarias en determinados sectores más allá del 30 de junio, al igual que las exenciones a las empresas y las prestaciones por desempleo si así lo negocian los agentes sociales y lo ratifica el Consejo de Ministros. Tal como ha recordado la ministra, la norma prevé la posibilidad de que las exenciones se extiendan a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, hasta ahora, habían quedado fuera de estos beneficios. “Las exenciones podrán así acomodarse a nuevas situaciones que requieran incentivación y apoyo por parte del Estado”, ha afirmado Díaz, al tiempo que ha calificado los ERTE como una norma “evolutiva, adaptable, incentivadora y que garantiza un buen uso de los fondos públicos”. El Gobierno acuerda con el PNV la transferencia del Ingreso Mínimo a Euskadi y Navarra El texto del acuerdo alcanzado en este sentido por el Gobierno central y el PNV quedará plasmado en el Real Decreto Ley por el que se apruebe el Ingreso Mínimo Vital. El PNV, que se compromete a votar a favor de la convalidación de ese real decreto en el Congreso, ha considerado que el acuerdo supone "un logro político en un contexto de tentaciones recentralizadoras". Mercantil, Civil i Administratiu Lagarde anticipa que el PIB de la eurozona caerá entre un 8% y un 12% en 2020 "Creo que el escenario suave, con una caída del PIB del 5% en 2020 ya está anticuado", ha señalado Lagarde durante una rueda de prensa en la que ha anticipado que "probablemente la economía de la eurozona se situará entre los escenarios medio y severo planteados por el BCE", que apuntan a una contracción del 8% y el 12%. El BCE dará a conocer sus nuevas proyecciones macroeconómicas para la eurozona el próximo 4 de junio, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la institución. Según las últimas previsiones de la entidad, la recuperación de la actividad de la zona euro oscilaría entre el 4% y el 6% en 2021, según los distintos escenarios planteados por el banco central. El BCE anticipa una recuperación del PIB de la eurozona de entre el 4% y el 6% en 2021. Según el escenario más suave manejado por el BCE, que contempla la finalización de las medidas estrictas de confinamiento durante el mes de mayo y una gradual vuelta a la actividad a partir de entonces, pero que Lagarde ya considera anticuado, el PIB de la zona euro registraría en 2020 una caída del 5%, que se recuperaría sobradamente con el rebote del 6% previsto para la actividad del bloque en 2021. Por su parte, en su escenario intermedio, en el que el confinamiento estricto acaba en mayo, pero se mantienen medidas de contención más prolongadas, el BCE anticipa una contracción del 8% este año y una recuperación del 5% en 2021. A su vez, bajo el escenario más pesimista planteado, con el confinamiento prolongándose hasta junio, seguido de medidas estrictas de contención, la economía de la zona euro sufriría este año una contracción del 12%, con una caída del PIB del 15% en el segundo trimestre, tras la que seguirían crecimientos trimestrales del 6% entre julio y septiembre y del 3% entre octubre y diciembre, con un crecimiento anual del 4% en 2021. De Guindos aboga por poner coto a las ayudas de Estado y por apostar por "campeones europeos" "Ha habido una relajación de las políticas sobre ayudas de Estado en la Comisión Europea, aunque creo que ahí deberíamos ir hacia una vuelta a la normalidad porque no todos los países pueden dar las mismas ayudas desde el punto de vista del volumen y sobre todo de la calidad de estas", ha señalado Guindos durante su intervención en un encuentro telemático organizado por la Cámara de España. En este sentido, el banquero central ha considerado fundamental que se vuelva a contar a nivel europeo con un marco de actuación desde el punto de vista de ayudas de Estado que, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, permita "minimizar el riesgo de fragmentación al haber países con mayor margen que otros". "Es muy importante que la normativa de ayudas de Estado evite disparidades. Mi impresión es que la CE esta prestándole a este tema más atención porque empiezan a ser evidentes esos desajustes que pueden ser muy negativos para el mercado interior", ha señalado. De este modo, el vicepresidente del BCE se alinea con la postura defendida por la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien, en una reciente entrevista con Financial Times, advertía de la necesidad de garantizar la protección del funcionamiento del mercado interno afirmando que "no puede ser que algunos países puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros". Por otro lado, Guindos ha advertido de que se prevé un deterioro "muy intenso" del comercio internacional, que dará lugar a "un paso atrás en el proceso de globalización", algo que era evidente incluso antes de la pandemia, cuando ya se estaba cuestionando a través del auge de medidas proteccionistas. De este modo, ha destacado que el impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro de la industria ha incorporado el factor de proximidad a la matriz de elementos que conforman las decisiones empresariales, algo que Europa tendrá que "jugar de manera correcta" en las decisiones públicas y privadas. España obtendría 140.446 millones del fondo de recuperación de la UE La Comisión Europea (CE) propone un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea, de los cuales 500.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos, confirmaron a Efe fuentes comunitarias. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se ha adelantado al anuncio que prevé hacer la presidenta de la Comisión Europea a las 13.30 hora local en el Parlamento Europeo al informar del volumen del fondo. "La Comisión propone un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que se añade a los instrumentos comunes ya en marcha. Un viraje europeo para afrontar una crisis sin precedentes", ha dicho el italiano en la red social Twitter. A España, que le corresponderían 140.446 millones de euros de este fondo, es el segundo país con el montante más elevado de la Unión Europea, solo por detrás de Italia, que recibiría hasta 172.745 millones, y seguida de lejos por Polonia, con 63.838 millones de euros. Estas cantidades corresponden al primero de los tres pilares con que contará el fondo, que se llevará un 87 % de la dotación total, 655.000 millones de euros, según fuentes comunitarias. Estos se destinarán a ayudar a los Estados a financiar "reformas estructurales e inversiones" para reflotar sus economías. Para recibir el dinero, los gobiernos tendrán que presentar planes de recuperación que muestren que lo gastarán en línea con las recomendaciones económicas que les hace la Comisión y las prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital. La mayor parte del dinero, 405.000 millones, se desembolsará en forma de subvenciones a fondo perdido, tal y como venían reclamando España o Italia, los países más afectados, pero también Francia o Alemania. La dotación en subvenciones se ha preasignado ya por países, de modo que Italia sería la primera beneficiaria, con 81.807 millones, seguida de España, con 77.324 millones, Francia (38.772 millones), Polonia (37.693 millones) y Alemania (28.806 millones). Los restantes 250.000 millones de este pilar se concederán en forma de préstamos que tendrán que ser devueltos por el país beneficiario. La Comisión ha estimado qué parte estaría disponible para cada uno en función de la renta nacional bruta de los Estados en los que este indicador está por debajo de la media. Aquí, Italia sería de nuevo la primera beneficiaria, con 90.938 millones, seguida de España (63.122 millones) y Polonia (26.146 millones), en tanto que Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Finlandia y Suecia no podrían recibirlos, según esta estimación. El resto del Fondo de Recuperación, 95.000 millones de euros, se repartirían entre el segundo pilar del mismo, destinado a movilizar la inversión privada y en sectores clave, y un tercer bloque para reforzar programas que la pandemia ha revelado vitales, como la nueva reserva de equipamiento sanitario europea, según ha venido anticipando la Comisión en los últimos días. Además del fondo de recuperación, la Comisión propone un nuevo presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros vinculado al mismo. En cuanto a la financiación del fondo, la Comisión prevé emitir deuda en el mercado con el respaldo del presupuesto comunitario aprovechando que su calificación triple A asegura bajos tipos de interés. Para ello quiere aumentar el techo de recursos propios del presupuesto comunitario, lo que en la práctica ampliará su margen para emitir sin que los países tengan que elevar ahora su contribución a las arcas comunitarias. El reembolso del principal y los intereses de esta deuda empezaría a partir de 2028 y para costearlo la Comisión propone introducir nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto, como un tasa al carbono en frontera, una ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones, una tasa digital o a la operación de grandes empresas en la UE. La gran banca cree que el Gobierno debe ampliar ya los avales del ICO por encima de 100.000 millones Pero el éxito de estos préstamos ha sido tal que cinco de los grandes bancos españoles reconocen que las peticiones por parte de las empresas, sobre todo de las pymes, sigue siendo elevada. Tanto es así, que algunas fuentes bancarias explican que incluso la petición de préstamos sin la garantía del Estado se ha elevado por encima, no solo de lo concedido el año pasado, sino de sus propias previsiones nada más iniciarse la pandemia y el estado de alarma el 15 de marzo. Es por esta razón por la que las principales entidades del país consideran necesario que el Gobierno apruebe una ampliación de esta línea de avales de 100.000 millones de euros, por lo menos en un tramo más de 20.000 millones como mínimo. Un ejemplo de la avalancha crediticia que está asumiendo parte del sector es Banco Santander. La entidad ha concedido desde el 15 de marzo hasta la semana pasada 35.000 millones de euros en créditos, de los que 15.000 millones corresponden a préstamos con aval del ICO, y tiene demanda para alcanzar a finales de junio los 45.000 millones en préstamos, de los que el 50% son créditos con aval. CaixaBank ha concedido ya créditos con avales ICO que superan los 12.000 millones de euros. BBVA, sin embargo, va ligeramente más rezagado, ya que con una cuota similar a la de la entidad de origen catalán ha prestado 6.400 millones de euros con garantía del Estado, que representan una financiación de 8.300 millones de euros, en 85.120 operaciones. Banco Sabadell, uno también de los grupos mas activos en créditos a pymes, lleva hasta el momento concedidos 6.300 millones de euros, en 14.000 operaciones. De hecho, tiene comprometidos casi la totalidad del cuarto tramo. Bankia ha dado financiación con avales ICO por un importe de 6.300 millones de euros, aunque la cifra avalada es de 4.700 millones de euros. El problema, como se ha reiterado ya es que algunas entidades van a un ritmo mucho más lento que otras. Incluso, algunas entidades no logran cubrir todo el cupo que se les adjudica. Los cupos que no se cubren son, posteriormente prorrateados entre el resto de los bancos, pero el siguiente ajuste de tasas no se producirá hasta el 30 de junio, “lo que supone mucho tiempo para esperar a comprobar si con este sobrante será o no suficiente para hacer frente a las peticiones que tenemos en las tuberías”, explica el director de un banco. De ahí, que las grandes entidades vuelvan a pedir una ampliación de la línea ICO. Aunque en Economía recuerdan que hasta el 24 de mayo se habían realizado 462.614 operaciones, por un importe de 44.095 millones de euros, lo que se corresponde a una financiación de 57.852 millones. Sector El Poder Judicial aprueba una guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas El texto señala que aunque el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya prevé la posibilidad de realización telemática de determinadas actuaciones procesales y el real decreto 16/2020 ha establecido que la forma telemática sea el modo preferente de celebración de las actuaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma y los tres meses posteriores a su levantamiento, estas normas no precisan los criterios para la aplicación de estos medios tecnológicos ni los requerimientos técnicos que la hagan conciliable con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, la confidencialidad exigida por las normas procesales y de protección de datos, la mayor amplitud de los derechos de defensa; la validez, integridad y calidad epistémica de la prueba o la garantía que aporta la inmediación. "La aplicación de las tecnologías al proceso ha de ser una forma de avanzar, no de retroceder, e implicaría un retroceso limitar las garantías procesales al servicio de la tecnología, cuando ha de ser la tecnología la que se adapte y permita la plena satisfacción de esas garantías", subraya el documento, cuya elaboración fue acordada por la Comisión Permanente el pasado 11 de mayo. La guía advierte de que las experiencias en el uso de tecnologías telemáticas en actuaciones judiciales son limitadas -básicamente han supuesto la conexión telemática de algunos de los participantes en actos procesales presenciales- y que su aplicación para la práctica de actuaciones más complejas -como el desarrollo de un juicio íntegro- precisan de un marco normativo más completo que el vigente, de una mayor inversión económica y de una apuesta decidida por las tecnologías por parte de las administraciones prestacionales. Por ello, el documento no se presenta como un texto definitivo, sino como un avance provisional para dar respuesta a las necesidades más inmediatas que se prevé que se van a plantear en esta materia una vez que se alce la suspensión e interrupción de términos y plazos procesales, y también una orientación sobre cómo actuar en caso de que la actual situación de alerta sanitaria se reproduzca en los próximos meses, "lo que permitirá abordar la situación, en el plano judicial, de una manera mucho más proactiva y efectiva de como se ha podido en un primer momento", explica el CGPJ en una nota informativa. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la guía identifica los requisitos técnicos mínimos que, para establecer un marco común homogéneo, han de ser considerados para asegurar que los actos procesales se desarrollen con las debidas garantías. Con arreglo a ese precepto, a las Administraciones prestacionales les corresponde la implementación de los sistemas tecnológicos teniendo en cuenta los requerimientos mínimos establecidos por el CGPJ para que puedan considerarse de uso obligatorio para jueces y magistrados en caso de que estos opten por celebrar actos de forma telemática.
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