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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 29 DE MAIG DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Ampliación de la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional
Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
(BOE, 29-05-2020)

Euro
Resolución de 28 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de mayo de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 29-05-2020)


https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 29 DE MAIG DE 2020

Fiscal

El IASB aprueba que las firmas cotizadas computen como ingresos las rebajas en alquileres
Las empresas cotizadas que hayan renegociado a la baja la renta de sus alquileres debido al impacto del Covid-19 podrán apuntarse un ingreso extra en sus cuentas a partir del 1 de junio. Ayer, el IASB, el organismo que se dedica al establecimiento de normas contables de carácter internacional, aprobó una modificación temporal en la NIIF 16 sobre arrendamientos para permitir que las entidades que cotizan en Bolsa puedan contabilizar en sus cuentas intermedias y anuales como ingresos todas las reducciones en alquileres que se produzcan desde este mismo momento hasta junio de 2021.

Esta es, precisamente, la modificación más relevante que se ha producido sobre la propuesta inicial, ya que en un principio solo se contemplaba esta posibilidad contable para las rentas sobre las que se aplicase una exención durante 2020. Esta medida, reclamada tanto por entidades como por empresas auditoras y promovida por la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados), supone un balón de oxígeno para las empresas que decidan aplicarla (es de carácter voluntario) ya que contarán con un ingreso extra en un momento en el que han sufrido una caída de la cifra de negocios debido al parón en la actividad provocado la crisis sanitaria.

Además, según explica Carlos Sobrino, socio de capital markets & accounting advisory services en PwC, si la reducción de la renta es firme, cerrada, contempla todo el periodo y no está sometida ningún condicionante, la empresa podrá contabilizar inmediatamente el volumen total de esa exención. Es decir, en las cuentas semestrales que presenten las compañías cotizadas a partir del mes de julio ya podrán computar como ingreso el ahorro total que se producirá en las rentas que vayan hasta junio de 2021.

Una vez aprobada esta modificación en la normativa de arrendamientos por parte del IASB, ahora es la Unión Europa quien debe dar el visto bueno, algo que se prevé que haga de forma inmediata dado el interés que ha suscitado y la buena predisposición de la ESMA. El beneficio que puedan sacar las empresas sobre esta normativa dependerá en parte de su capacidad de renegociación con sus arrendatarios y del volumen de activos que controlen en régimen de alquiler. En ese sentido, IAG, Iberdrola o Telefónica son algunas de las compañías que podrían obtener un ingreso interesante.
(Cinco Días, 29-05-2020)

Laboral

La empresa familiar pide más flexibilidad en los ERTE para adaptarlos a la producción
Hay cientos de miles de empresas y negocios familiares que, ahora más que nunca, tienen muchísimos problemas para subsistir. En la encuesta que elaboraron en abril el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y el Banco de España sobre este tipo de empresas, la empresa familiar, el 50% de los directivos subraya que no podrán aguantar más de seis meses con el negocio en marcha, si no les llegan los programas de ayuda que el Gobierno ha puesto en marcha para combatir los efectos económicos del coronavirus. Es decir, antes de finales de año.

Este porcentaje supone, en una extrapolación, que 550.000 empresas están en esta situación. En España hay 1,1 millones de empresas familiares, con 6,6 millones de trabajadores. Es decir, estas sociedades son el 88,8% de las compañías existentes y representa el 66,7% de todo el empleo privado, sin incluir a los empresarios y trabajadores autónomos.

Curiosamente, aunque también hay empresas que no son familiares, el número de 550.000 sociedades con problemas para seguir adelante coincide con las que, hasta ahora, se han acogido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Igual que los 3,4 millones de trabajadores afectados por los expedientes, representan un poco más de la mitad de los asalariados de las empresas familiares en toda España.

En cualquier caso, el informe, en el que también ha participado el IESE, dice que el 86% de las empresas familiares ha visto reducida su actividad, mientras que el 42% ha experimentado caídas superiores al 60% o, incluso, ha tenido que parar su actividad. Un 30% de las empresas familiares ha sufrido un desplome superior al 80% en sus resultados. En estas circunstancias, el Instituto de la Empresa Familiar difundió ayer una batería de medidas para "relanzar la empresa e impulsar el empleo" después de la crisis del coronavirus.

La primera propuesta es que el Gobierno se haga cargo de una parte del salario del trabajador en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). De esta forma, la empresa familiar estima que el Gobierno le saldría más barato esta prestación que pagar a un trabajador toda la cuantía a la que tiene derecho mientras no trabaja. Es decir, garantizar que todo el mundo esté ocupado o en formación, en lugar de estar en paro.

El instituto plantea que los ERTE se amolden a la actividad de la empresa. No por un tiempo fijo, sino que las empresas puedan activar este sistema flexiblemente, con entradas y salidas de los trabajadores. Los empresarios también reclaman al Ejecutivo nuevos sistemas de financiación, más allá de los 100.000 millones de euros de créditos que está habilitando para dotar de liquidez a las empresas. Más recursos "para las empresas que mantengan el empleo en el futuro". El IEF también pide nuevas moratorias fiscales.
(Cinco Días, 29-05-2020)

Una juez anula un ERTE vinculado al Covid-19 por aplicarse en una empresa pública
La sentencia revoca el visto bueno que había dado las autoridades laborales a la suspensión de 276 contratos de trabajo de Tuvisa, la empresa de autobús urbano de Vitoria, a pesar de que la entidad pública había alegado causa de fuerza mayor al haber caído el número de viajeros en un 80%. La avalancha de ERTE que ha provocado la crisis del Covid-19 comienzan a ser revisados por los tribunales. Al menos, así lo ha hecho el Juzgado de lo Social Nº2 de Vitoria que ha anulado el que aplicó Transportes Urbanos de Vitoria (Tuvisa), compañía pública de autobuses urbanos de la ciudad vasca.

El ERTE de la entidad de capital 100% municipal afectaba al 88% de su plantilla, es decir, que afectaba a 276 contratos de trabajo. Tuvisa, el pasado 23 de marzo, presentó ante la autoridad laboral la autorización para aplicar este ajuste laboral por causa de fuerza mayor, señalando que los servicios de autobús se habían reducido a la mitad y que el tráfico de usuarios se había reducido en un 80% por el estado de alarma. A los cuatro días, Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitieron un informe en el que apreciaban la causa de fuerza mayor para la compañía pública vasca, por lo que el 30 de marzo, la mayor parte de su plantilla se encontraba en ERTE.

Sin embargo, el sindicato de Tuvisa lleva esta decisión a los tribunales, que le han dado la razón. "Al tratarse de una empresa pública, a no ser que se den unas circunstancias muy concretas, no puede acogerse a un ERTE. Esta norma está regulada en una disposición de la reforma laboral de 2012, una medida que probablemente no se contempló al redactar el real decreto del Covid-19", señala Raúl Rojas, socio de laboral de Ecija.

La sentencia recuerda que Tuvisa, al ser una sociedad mercantil pública, con más de un 50% de su capital social perteneciente al Ayuntamiento de Vitoria y estar encuadrada en el Inventario de entes del Sector Público Local no puede acudir a las medidas de flexibilidad dispuestas en el Estatuto de los Trabajadores. "La directiva 3 del real decreto por el que se aprobaba la reforma laboral de 2012 veta al sector público de acogerse a un ERTE por causa de fuerza mayor, salvo cuando la empresa se financie mayoritariamente con ingresos obtenidos a partir de operaciones de mercado, que no sería el caso al tratarse de una entidad participada al 100% con capital público", explica Rojas.

En consecuencia, el juzgado estimó la demanda del sindicato de la empresa de transportes, declarando injustificada la decisión de suspender el ERTE por fuerza mayor y declara la inmediata reanudación de los contratos suspendidos parcialmente y la obligación de abonar las prestaciones por desempleo durante el período de suspensión, además del reintegro del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas.
(Expansión, 29-05-2020)

Fedea ve necesario adaptar la regulación de los ERTE de cara a la reactivación económica
Fedea cree que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han jugado un papel "esencial" en la protección de los trabajadores durante la fase inicial del Covid, pero afirma que sería necesario adaptar su regulación de cara al proceso de reactivación que ahora comienza. Así se desprende de un estudio publicado este jueves, donde los autores identifican cuatro prioridades. Desde su punto de vista, se debe clarificar en qué condiciones los ERTE por fuerza mayor se podrán transformar en ERTE por razones económicas, así como facilitar tales transformaciones, "que deberían ser automáticas".

En este punto, también ven necesario aumentar la flexibilidad del sistema, permitiendo la adaptación rápida de los ERTE a la situación de la empresa y a posibles rebrotes de la pandemia. Por otro lado, creen que también es una prioridad el diseño de un sistema de incentivos que fomente la reincorporación de los trabajadores a un ritmo acorde con el interés general. "Ya se han tomado algunas medidas en este sentido y podría ser aconsejable reforzarlas, quizás elevando gradualmente el coste de los ERTE para las empresas según vayan mejorando las condiciones para su actividad", añaden.

Para Fedea, la tercera prioridad es la revisión del requisito de mantenimiento del empleo y la penalización por su incumplimiento, que ambos "son más estrictos que en otros países europeos y pueden dificultar ajustes necesarios en muchas empresas y llegar a comprometer su continuidad". Por último, insta al diseño de incentivos para la movilidad y la re-cualificación de los trabajadores, "en particular en aquellos sectores en los que la actividad no se recuperará por completo mientras no haya una vacuna".

Respecto a la puntualidad en los pagos de compensaciones por la suspensión de contratos o la reducción de las horas de trabajo, Fedea cree que se ha errado inicialmente, hasta encontrar una vía para agilizar las transferencias a los trabajadores.

Además, ha apuntado que los mecanismos de refuerzo de la productividad de los sectores afectados por los ERTE con programas y fondos especiales para la formación durante el período de inactividad también "han sido insuficientes" y que los últimos cambios han generado confusión que puede derivar en "un alto grado de inseguridad jurídica si no se aclara bien la aplicación de las exoneraciones y las diferencias entre ERTE por fuerza mayor parciales y completos".

Pese a todo, ha remarcado que los ERTE por fuerza mayor han ayudado a amortiguar "el primer golpe de la crisis del coronavirus", aunque considera que "lo difícil viene ahora", que es "conseguir que el mayor número posible de las personas incluidas en ERTE puedan reincorporarse a sus empleos y que el resto consiga otro empleo".

"El Gobierno ya ha tomado algunas medidas, como la desvinculación de la duración de los ERTE por fuerza mayor del Estado de alarma. Sin embargo, queda la importante tarea de definir el marco que regulará las ayudas a partir de julio y que debería permitir la reincorporación gradual de los trabajadores, compaginando un nivel adecuado de protección con incentivos a la movilidad para los trabajadores cuyo puesto de trabajo no se puede garantizar", ha añadido.
(Expansión, 29-05-2020)

Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%
La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.

"De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual, que no se ve afectado por las transferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos -en el entorno de los 30.000 millones de euros- como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras -préstamos con cargo a endeudamiento- y, veremos, si recortes de pensiones, algo descartado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", explica Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement Spain Willis en Towers Watson.

Ello, explica el experto, supone que España tendrá que solicitar ayuda financiera a la UE y, teniendo en cuenta la magnitud del déficit del Estado y el alto nivel de endeudamiento, la propia UE pondrá ciertas condiciones, más o menos exigentes, para poder acceder a ella. Cuando ha ocurrido esto en anteriores ocasiones (Grecia, Irlanda y Portugal), la UE ha exigido una reducción del sistema de protección social, principalmente de las pensiones, porque es la partida que más gasto absorbe.

"Este año es posible que no llegue a haber recortes porque podamos seguir manejando la situación. Sin embargo, el próximo año es casi seguro que si la situación no mejora mucho haya que hacer algún recorte", asegura el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa. Así, calibra que se podría recortar una parte de las pagas extras de las pensiones, aunque no en el mismo porcentaje en todas las pensiones ya que sería más elevado en las pensiones altas y nulo o muy pequeño en las pensiones más bajas. "Es muy difícil hablar de un porcentaje, porque habrá que esperar a ver la presión de los mercados y de la UE", concluye.

Otro de los puntos de análisis apremia a esperar a ver el saldo de la pandemia para adoptar medidas. "Sería un error tomar decisiones mirando al déficit de la Seguridad Social este año, o mientras estemos en mitad de una pandemia. Además, seguramente este año acabemos en deflación y por lo tanto la revalorización de las pensiones será mínima, por no decir cero", argumenta el subdirector de Fedea y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la UCM, José Ignacio Conde-Ruiz. "Creo que es mejor para todos, que en lugar de hacer fuertes recortes ahora, como por ejemplo hicieron en Grecia y Portugal en la crisis de 2008 eliminando las pagas extras, se hagan las reformas que esta demandando nuestro sistema de pensiones desde hace muchos años. Estas reformas, afectarían muy poco a los actuales jubilados, ya sin margen para adaptarse a los cambios, y afectarían a los trabajadores que se jubilen en el futuro", señala el profesor.
(El Economista, 29-05-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La economía de EEUU cayó un 5% en el primer trimestre
La segunda revisión del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre es aún peor que la primera. La riqueza de la primera caída del mundo cayó un 5% por los efectos del coronavirus, frente al 4,8% de la lectura inicial, poniendo de manera abrupta punto y final a once años de bonanza.

La mayor potencia del mundo llevaba creciendo de manera ininterrumpida desde marzo de 2009, cuando logró remontar después de dieciocho meses, el periodo más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el parón económico llevaba el nombre de Lehman Brothers. Hoy, tiene la identidad del Covid-19, responsable de una pandemia sin precedentes y de consecuencias aún inciertas que ha hecho estragos en todo el mundo.

La bonanza de la que disfrutaba Estados Unidos desde 2009, la más larga que ha vivido nunca, ha sido lenta, pero sostenida, hasta alcanzar un mercado laboral en pleno empleo, un nivel de paro menor del 4%, una inflación controlada en el entorno del 2% y un crecimiento del PIB también superior al 2%. Una crisis de emergencia de salud internacional ha roto los cimientos del crecimiento de manera inesperada y justo cuando Donald Trump pretende revalidar en noviembre su cargo de presidente con el rédito de la economía.

La caída del 5% de la riqueza estadounidense en los tres primeros meses de 2020 es la mayor desde el cuarto trimestre de 2008 y supone la punta del iceberg de lo que está por venir. Para el segundo trimestre, afectado por medidas de confinamiento totales y el cierre de negocios y fronteras, el desplome podría superar el 30%, con un nivel de desempleo de más del 20% que acercaría al país al periodo más negro de la Gran Depresión.

El paro en el país también está disparado. Más de 2 millones de personas se apuntaron al subsidio de desempleo durante los últimos siete días. Supone la décima semana consecutiva que se supera esa cifra y eleva a 40 millones el número de personas que buscan acogerse a las ayudas del paro desde el 21 de marzo, días después de que estallara la crisis con toda su virulencia.
(Cinco Días, 29-05-2020)

El IPC ahonda su caída en mayo hasta el -1% por las gasolinas y el efecto Covid
El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó cambios en mayo en relación al mes anterior, pero recortó tres décimas su tasa interanual, hasta el -1%, su mayor tasa negativa desde mayo de 2016, según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este desplome de tres décimas, el IPC interanual encadena cuatro meses de retrocesos y suma dos meses en tasas negativas. El organismo estadístico ha atribuido la disminución de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y combustibles, frente a la subida de precios que registraron en mayo de 2019.

Los precios de los productos incluidos en el 'Grupo especial bienes coronavirus', en el que se incluyen los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el hogar, comida para animales, productos farmacéuticos y cuidado personal, aumentan un 2,8% en mayo respecto al mismo de 2019, tres décimas menos que abril.

Estadística destaca el comportamiento de los precios de los alimentos, cuya tasa anual pasa del 4% en abril al 3,5% en mayo. De ellos, los alimentos frescos alcanzan una tasa del 5,4%, un punto y medio por debajo de la del mes anterior, y los alimentos envasados sitúan su tasa anual en el 2,3%, una décima por encima de la de abril.

Por su parte, los precios del 'grupo especial servicios coronavirus', en el que figuran los servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, telefonía, música y televisión en 'streaming', seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios, disminuyeron un 4,2% en mayo en tasa interanual, dos décimas más que en abril.

En términos mensuales (mayo sobre abril), los precios de los productos incluidos en el 'grupo especial bienes Covid-19' se encarecieron un 0,1%. Dentro de ese grupo, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvieron estables, si bien los alimentos frescos se abarataron un 0,4%, mientras que los envasados se encarecieron un 0,2% respecto a abril.

Por su parte, los precios del 'grupo especial servicios coronavirus' disminuyeron un 0,2% en mayo respecto a abril. El INE atribuye este descenso al abaratamiento del gasóleo para calefacción. En el quinto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el -0,9%, dos décimas menos que en abril. Por su parte, el indicador adelantado del IPCA se mantuvo estable en tasa mensual.
(Cinco Días, 29-05-2020)

Calviño propone un plan de inversiones y reformas para impulsar crecimiento
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado este jueves por la puesta en marcha de un Plan de Inversiones y Reformas capaz de impulsar el crecimiento y la transformación de la economía española a lo largo de los próximos dos años. Este plan, que requerirá "un importante volumen de inversión pública y privada", se enmarcará en el plan de recuperación de la Unión Europea, ha explicado durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

El plan se basará en seis "ejes o pactos": la transición ecológica, la transformación digital, el empleo y la formación profesional, la ciencia -con el objetivo de lograr que la inversión en investigación y desarrollo sea de al menos el 2 % del PIB-, los servicios públicos y la transformación del sector agroalimentario, en línea con el reto demográfico. Este plan a medio plazo se enmarca en la agenda europea, ha insistido Calviño, que ha valorado la "ambiciosa" propuesta de la Comisión Europea de creación de un fondo, aunque "queda mucho por hacer" y hay "resistencias formidables" por parte de algunos países.

En cualquier caso, ha reconocido que las medidas para afrontar las consecuencias de la epidemia de coronavirus supondrán un coste importante y lastrarán las cuentas públicas, aunque el objetivo del Gobierno es retomar la senda de consolidación fiscal -con un sistema fiscal sólido y mayor eficacia del gasto- cuando la economía vuelva a crecer. En ese sentido, la vicepresidenta ha señalado que "si la desescalada continúa como hasta ahora" la economía evolucionará tal y como se preveía, en forma de uve asimétrica, con una recuperación "a partir de ahora" que será intensa el próximo año.

Para lograr este objetivo, ha subrayado que es necesario "el concurso de todos", es decir, partidos políticos, los agentes sociales, los trabajadores y las empresas. Sin embargo, ha destacado que el trabajo para la recuperación "empezó en el primer momento de la crisis" con medidas como el apoyo a la liquidez de las empresas, que han permitido suscribir 491.000 operaciones de avales desde su puesta en marcha, el 98 % de ellos a autónomos y pymes, por un importe de 46.600 millones de euros avalados y 61.000 millones de euros movilizados.
(Expansión, 29-05-2020)

Malas noticias para la economía de la automoción nacional
Nissan cerrará la planta de la Zona Franca y las factorías satélite de Barcelona, lo que implicará unos 3.000 despidos en los próximos meses. Al menos 15.000 empleos indirectos dependen de estas instalaciones. La decisión no afecta a las factorías de Cantabria y Ávila. Genís Alonso, consejero director general de Nissan Motor Ibérica, firmó ayer su cese en el cargo.

La multinacional japonesa ha comunicado a los sindicatos y al Gobierno de España su decisión de cerrar sus plantas de Barcelona, lo que implica unos 3.000 posibles despidos, dentro de la voluntad de la alianza con Renault de que Nissan se concentrará en Japón, China y EEUU. Se calcula que existen unos 15.000 o 20.000 empleos que dependen indirectamente. La compañía ha explicado a los sindicatos que su intención, hoy, es que la clausura se produzca en diciembre.

Nissan ha ofrecido una rueda de prensa en Japón para dar detalles sobre sus planes a medio plazo en todo el mundo. Su presidente y consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, ha explicado que la compañía tiene la intención de reducir su capacidad de producción en todo el mundo de los 7,2 millones de unidades anuales de ahora a 6 millones, un 20% menos, con la voluntad de que las instalaciones funcionen al 90% de su capacidad, esto es, que ensamblen 5,4 millones de vehículos por ejercicio.

Dentro de estos planes, la multinacional cerrará la planta de Indonesia, de manera que Tailandia será la única planta en la región Asean (sudeste asiático). También ha expresado la "intención de cerrar la planta de Barcelona" y mantener Sunderland como planta base de producción en Europa.

El consejero director general de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso, firmó ayer el cese como máximo responsable en España, cargo que desempeñaba desde septiembre de 2018. El ejecutivo se ha negado a ser quien cierre la planta de la Zona Franca, ya que entiende que su función era potenciar las instalaciones, no desmantelarlas. Le sustituirá Frank Torres, que fue consejero director general de Nissan Motor Ibérica entre 2011 y 2016.

La Administración ya ha alertado de que no pondrá fácil a la multinacional japonesa su salida de Cataluña y ha advertido de que tendrá que asumir unos costes de al menos mil millones de euros, incluyendo las indemnizaciones a los trabajadores, el restablecimiento a su estado original de los terrenos (propiedad del Consorcio de la Zona Franca) donde está ubicada la planta y los múltiples compromisos, por ejemplo, con proveedores, además de la posible devolución de subvenciones que, en los últimos doce años, según la Generalitat, se sitúa en 25 millones de euros.

De nada ha servido el plan industrial que el Gobierno y la Generalitat presentaron a Nissan -que preveía ayudas por 100 millones para una inversión de 300 millones- ni el ERE que se estaba aplicando para 600 personas con la intención de hacer más competitiva la planta. Incluso Nissan había anunciado una inversión de 70 millones de euros para una nueva planta de pintura (las obras no han comenzado), que presagiaba la continuidad de las instalaciones.

El plan industrial que el Gobierno y la Generalitat propusieron a Nissan para mantener su actividad en Cataluña incluía ayudas por cien millones de euros, la tercera parte de los 300 millones que, según la Administración, le habría costado a la multinacional japonesa la inversión para dotar de un modelo eléctrico a la planta de la Zona Franca y asegurar su continuidad.
(La Vanguardia, 29-05-2020)

El 70% de la población estará el lunes en fase 2 y cuatro islas inaugurarán el estadio 3
El 70% de la población, algo más de 32 millones de personas, vivirá a partir del lunes en territorios en fase 2 del plan de desescalada de medidas de contención del Covid-19. El 30% de los ciudadanos, unos 15 millones, continuarán en fase 1 y 45.000 isleños estrenarán el último estadio hacia la nueva normalidad, la fase 3. Así lo ha anunciado Salvador Illa, el ministro de Sanidad este jueves, tras discutir con el equipo técnico y los Gobiernos autonómicos los documentos técnicos que argumentan el paso de fase o las medidas de alivio que han propuesto otros territorios que no ha solicitado avanzar.

Illa ha decidido que la región sanitaria de Lleida no avance de fase. La Generalitat había pedido mantener el área en fase 1 tras detectar 95 casos positivos durante los últimos días. "Creo que es una decisión acertada, darse una semana más a ver cómo evoluciona", ha dicho Illa que ha descartado hacer retroceder a Ceuta por otro brote. El Gobierno ceutí había valorado volver a la casilla de salida de la fase 0 tras detectar un repunte de casos en su territorio. Sin embargo, Illa ha valorado que la emergencia sanitaria "está bajo control". "Ha habido un mecanismo de detección precoz que ha funcionado y, en principio, si las cosas siguen bajo control no hay ninguna indicación que haya un retroceso de fase", ha indicado el ministro.

El resto de peticiones han sido concedidas. En Castilla y León, la comarca de El Bierzo (noroeste de León) estrenará la fase 2 el próximo lunes "por su situación epidemiológica y las capacidades que ha demostrado", según ha dicho Fernando Simón, el coordinador de la emergencia sanitaria. En Cataluña, las áreas sanitarias de Girona, Catalunya Central, Alt Penedès y El Garraf avanzarán también al estadio 2 de la desescalada y las tres áreas sanitarias de Barcelona quedarán unificadas en una sola para permitir la libertad de movimiento de los ciudadanos en fase 1.

Las tres provincias de la Comunidad Valenciana pasan a fase 2. De forma excepcional, la comarca valenciana localizada entre Teruel y Cuenca, Rincón de Ademuz, ya lo había hecho para permitir libertad de movimiento con la vecina provincia aragonesa. Málaga y Granada se unirán en fase 2 al resto de Andalucía al igual que Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha.

Del 53% de la población que vive en territorios en fase 2, los ciudadanos de las islas Canarias y Baleares que sirvieron de avanzadilla —La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera— pasarán a fase 3 el lunes, la última de la desescalada. Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Murcia (el municipio de Totana, en fase 1 por un rebrote, avanza a la 2), el resto de islas Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se mantendrán en fase 2 durante, al menos, una semana más.

Galicia, Extremadura, Aragón y la Comunidad de Madrid —esta última en fase 1 tras dos intentos—, aunque no solicitaron formalmente pasar de fase, sí relajar algunas medidas. Sin embargo, Illa no ha aceptado estas medidas de alivio para abrir centros comerciales, por ejemplo, en el caso de Madrid o permitir la movilidad entre provincias, en el de Galicia. "La Comunidad de Madrid ha pedido algunas medidas de flexibilización de la fase 2, también nos lo han pedido otras comunidades, pero nosotros somos partidarios de mantenernos con las medidas que están permitidas en las fases", ha explicado el titular de la cartera de Sanidad.
(El Mundo, 29-05-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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