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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 DE MAIG AL 2 DE JUNY DE 2020

Laboral

Aprobado el ingreso mínimo vital
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
(BOE, 01-06-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

Condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos
Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos.
(BOE, 02-06-2020)

Euro
Resolución de 1 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 1 de junio de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 02-06-2020)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 1 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 02-06-2020)

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo
Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
(BOE, 30-05-2020)

Exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 30-05-2020)

Flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(BOE, 30-05-2020)

https://boe.es/boe/dias/2020/06/02/
https://boe.es/boe/dias/2020/06/02/index.php?s=3

https://boe.es/boe/dias/2020/06/01/
https://boe.es/boe/dias/2020/06/01/index.php?s=3

https://boe.es/boe/dias/2020/05/30/
https://boe.es/boe/dias/2020/05/30/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 30 DE MAIG AL 2 DE JUNY DE 2020

Fiscal

La recaudación del impuesto de sociedades se desploma un 70% en abril
Los datos de ejecución presupuestaria publicados el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda ya avanzaban que los planes de contención de la pandemia de coronavirus Covid-19 llegaron a disparar casi un 50% el gasto público en el mes de abril, cuando los ingresos del Estado se redujeron en un 29%. Dentro de esta debacle de las cuentas públicas, sin embargo, el detalle de la evolución en el cobro de cada impuesto recopilado por la Agencia Tributaria da idea de la hecatombe económica que está sufriendo España y del mazazo que el confinamiento y el cierre de la actividad han supuesto para el tejido productivo.

El dato más revelador es que la recaudación del impuesto de sociedades se desplomó un 69,5% interanual en el cuarto mes del año, pasando de aportar 5.145 millones de euros en abril de 2019 a solo 1.572 en el de este ejercicio. La rebaja es, con diferencia, la más acusada de las producidas entre los principales impuestos del país que en el mismo mes arrojaron caídas del 13% en el IRPF; el 24,4% en la renta de no residentes; el 29,2% en IVA; o el 7,7% en impuestos especiales. Solo el tributo al carbón, que cede un 68,2%, sufrió un descenso de esta magnitud.

En conjunto, la recaudación descendió en abril un 32%, pasando de 20.886 a solo 14.213 millones de euros. Semejante descalabro en los ingresos tributarios en general, y en sociedades en particular, hay que enmarcarlo en el momento de mayor dureza de las medidas de contención contra la pandemia, pues abril arrancó con el cese total de las actividades no esenciales decretado durante 10 días. En paralelo, confluyeron también algunas de las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno en apoyo a las empresas.

Así, de un lado, el plazo para la declaración de impuestos del primer trimestre se retrasó de 20 de abril al 20 de mayo, lo que la Agencia Tributaria estima que ha mermado en 4.540 millones de euros la recaudación del cuarto mes del año. De otra parte, para entonces ya estaba vigente la moratoria tributaria de hasta seis meses impulsada en marzo por Hacienda, que ha dejado en el aire el cobro de otros 2.278 millones. En total, por tanto, las medidas del Ejecutivo han rebajado en 6.818 millones la recaudación.

Con todo, el fisco recuerda que tanto el respiro dado a los empresarios con estas dos medidas como la tensión que supone para las arcas públicas “tienen un carácter temporal”, ya que las autoliquidaciones solo se habían pospuesto un mes y la moratoria tiene una duración máxima de medio año.

En todo caso, la Agencia Tributaria advierte de que la caída de un tercio de la recaudación tributaria registrada en abril “no tiene una interpretación económica directa” debido a que efectos de calendario como el de la dispar evolución de las devoluciones no permite hacer comparaciones exactas. Según sus cálculos, la cifra en términos homogéneos que “mejor mediría el impacto que tuvieron sobre los ingresos los primeros días del estado de alarma” se limita a una caída del 8,4%. En el caso del impuesto de sociedades, la disminución en términos homogéneos quedaría contenida a un 25,5%.
(Cinco Días, 02-06-2020)

La UE busca ingresar 10.000 millones con una tasa a grandes empresas
La solidaridad tiene un precio y no es precisamente bajo cuando se trata de financiar la reparación de los destrozos que ha provocado el coronavirus. La Comisión Europea busca fuentes directas de ingresos para sufragar su fondo de recuperación pos-coronavirus, que quiere dotar con 750.000 millones de euros, y hacerlo así más digerible para los frugales socios del norte, que se perfilan como el principal escollo en la negociación de una iniciativa sin precedentes en la historia del proyecto europeo.

En esa acuciante búsqueda de recursos, Bruselas ha planteado un impuesto a las grandes empresas para recaudar unos 10.000 millones de euros anuales. Así lo desveló el comisario europeo de Presupuestos y Administración, el austriaco Johannes Hahn, quien anticipó que la medida afectaría a unas 70.000 compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros.

El objetivo del Ejecutivo comunitario, hasta ahora muy encorsetado en el ámbito presupuestario, es abrir nuevas vías de ingresos que nutran los recursos propios de la Comisión. "Aspiramos a que, como muy tarde a finales de 2027, tengamos en marcha un flujo constante de nuevos recursos propios" que se añadan al Presupuesto, afirmó Hahn en unas declaraciones a Financial Times. El comisario de Presupuestos añadió que la previsión es lograr por esta vía unos ingresos estables de entre 15.000 y 20.000 millones anuales en ese horizonte temporal.

El impuesto que diseña Bruselas, que debería ser aprobado por los Estados miembros, se perfila como una tasa anual de acceso al mercado único para grandes compañías y entraría en vigor a partir de 2024. La fórmula no está aún definida. Por ejemplo, se desconoce si se aplicará sobre los beneficios o si será proporcional al tamaño de las sociedades. Lo que sí intentaron ayer fuentes comunitarias fue minimizar su impacto sobre las compañías, asegurando que los 10.000 millones de euros que está previsto recaudar con esta nueva tasa representarán menos del 0,2% de la facturación que las multinacionales afectadas generan por sus operaciones en el mercado europeo, según informó la agencia Reuters.

Al nuevo impuesto sobre el mercado único, Bruselas quiere añadir otros tributos de nuevo cuño con los que reforzar su arsenal presupuestario. Así, planea dos tasas sobre el dióxido de carbono: una sobre el comercio de emisiones y otra en frontera sobre productos procedentes de países con estándares medioambientales inferiores. La Comisión también baraja un gravamen sobre el plástico y sigue adelante con su intención de aplicar una tasa Google. Aunque en principio prevé hacerlo de forma coordinada con la OCDE, no descarta hacerlo en solitario si no hay acuerdo en la Organización.
(Expansión, 02-06-2020)

Los abogados pueden deducirse el IVA de la compra de una tableta o un teléfono móvil
Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en una reciente sentencia que da la razón a un letrado frente a Hacienda. La resolución considera que la tableta “es un instrumento de trabajo para un abogado, por ser necesario su manejo en vistas orales y actuaciones propias de la profesión”.

El fallo aborda asimismo la deducibilidad de otros gastos reclamados por el letrado. En concreto, las facturas de la luz y el agua, el mobiliario y las reformas en el despacho, además de los tiques de combustible y otros gastos relacionados con el uso de varios vehículos.

A la hora de determinar qué desembolsos son deducibles y cuáles no, el artículo 95 de la Ley del IVA establece una serie de limitaciones. Según la norma, los profesionales no tienen derecho a deducirse los gastos que no tengan relación directa y exclusiva con la actividad desarrollada. En este sentido, el demandante defendió que tanto el iPad como el teléfono móvil eran de uso profesional.

Según argumentó, la tableta era necesaria para su trabajo ya que debía manejarla tanto en las vistas orales en el juzgado como en otro tipo de actuaciones. Por otro lado, aportó documentos que demostraban que la línea del móvil cuya deducción había rechazado Hacienda estaba contratada con la tarifa Con Tu Negocio Horario Oficina 35, para lo que es necesario poder acreditarse como empresario o profesional.

Los magistrados admiten también la deducción de los gastos de agua y luz solicitados por el letrado porque, pese a constar otro titular en el contrato, el demandante demostró que este era su padre fallecido, anterior titular del inmueble en el que tiene el despacho.

Por último, el tribunal rechaza la deducción del 100% de las facturas relativas a unas obras de reparación en su vivienda, en la que también disponía de una oficina, y de los tiques por combustible de varios vehículos. Aplicando el criterio seguido en estos casos, solo acepta los gastos de la reforma en la proporción relativa a la superficie de la vivienda habitual destinada a despacho. En concreto, un 6%, aproximadamente. En cuanto a los coches, considera que no se ha demostrado que les dé un uso profesional exclusivo y solo reconoce la deducción del 50% del IVA recogido en las facturas.
(Cinco Días, 01-06-2020)

Laboral

El paro registrado sube en mayo en 26.573 personas respecto al mes anterior
El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 26.573 personas respecto al mes anterior, con un ritmo de crecimiento mensual que se ralentiza hasta el 0,69 %. El número de personas registradas en el mes de mayo ha aumentado en 778.285 trabajadores en relación con el mismo mes del año pasado. Supone un incremento relativo del 25,27%.

Por sectores económicos, el paro registrado respecto a abril desciende en la construcción, en 23.717 personas (-6,89%) y en la industria con 262 personas paradas menos (-0.08%). El paro registrado sube, sobre todo, en el sector Servicios con 40.784 demandantes más (1,50%), en Agricultura sube en 710 trabajadores (0,43%) y, por último, en el colectivo Sin Empleo Anterior, se incrementa en 9.058 personas (3,30%).

El desempleo masculino se sitúa en 1.666.098 personas, al bajar en 13.305 personas (-0,79%). El número de trabajadoras en paro, sin embargo, se incrementa en 39.878 (1,85%) personas respecto al mes anterior y deja el registro de desempleo femenino en 2.191.678 trabajadoras, que se debe a la afectación por sectores. En términos interanuales, el paro masculino se eleva en 415.286 (33,20%) personas, y el femenino se incrementa en 362.999 (19,85%). Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se incrementa en 7.752 personas (2,43%) respecto al mes anterior, mientras el paro de 25 y más años sube en 18.821 (0,54%).

El paro registrado baja en siete comunidades autónomas encabezadas por Andalucía (-9.210), Castilla La Mancha (-5.075) y Extremadura (-4.056). Sube, en cambio, en las diez restantes. Sobre todo, en Cataluña (15.339), Madrid (14.336) y Canarias (6.093). El número total de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 850.617, un 26.3% más que en el mes de abril, mes desde el que la contratación comienza a experimentar una cierta evolución positiva. De ellos, 76.692 fueron contrataciones indefinidas y 773.925 contratos temporales.

Los contratos indefinidos de mayo se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 45.648 a tiempo completo y 31.044 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una bajada, respecto a mayo de 2019, de 60.954 (-57,18) y los segundos se han reducido en 46.515 (-59,97%). Los hombres firman un 63,5% de los contratos (539.781) frente a tan solo los 310.836 que firman las mujeres y que suponen 36,5% del total. Un 34,2% de los contratos de mujeres, son de jornada a tiempo parcial.

En el mes de mayo la cifra total de prestaciones abonadas por parte del Servicio Púbico de Empleo Estatal asciende a 5.988.572, de las que 791.921 son nuevas prestaciones. El total incluye las prestaciones por desempleo y los afectados por un ERTE, incluidos los que regresaron total o parcialmente a la actividad durante el mes de mayo. El importe total abonado asciende a 5.121 millones de euros.

El SEPE ha reconocido 3.748.009 prestaciones entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, que ya están abonadas gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y las entidades financieras. Dado que hay trabajadores a los que ha afectado más de un ERTE, esta cifra es mayor al total de beneficiarios. El SEPE ha reconocido el 98,5% de las solicitudes recibidas. Quedan pendientes nuevas prestaciones o las que hay que subsanar errores ajenos al Servicio Púbico de Empleo Estatal.
(Cinco Días, 02-06-2020)

El Gobierno lanza la tarjeta social contra el fraude en las prestaciones
El Gobierno pondrá en marcha inmediatamente una tarjeta social que puedan usar los ciudadanos en toda España para el acceso a las prestaciones sociales de todas las administraciones. La tarjeta recogerá también todas las ayudas que puedan tener los ciudadanos, con una información muy completa, que servirá también a las administraciones para detectar, en su caso, la incompatibilidad de prestaciones o los presuntos intentos de fraude, con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

El nuevo dispositivo está regulado en la disposición final quinta del Real Decreto de esta prestación, que aprobó el Consejo de Ministros del pasado viernes, y que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. La norma dice que la Tarjeta Social Digital incluirá, de manera paulatina, la "información actualizada de todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido económico y financiadas con cargo a recursos públicos" que pueda tener el beneficiario. Y además recogerá información de aquellas prestaciones que puedan tener los cónyuges u otros miembros de la familia del titular de la tarjeta.

También se trata de conocer los niveles de renta de los ciudadanos cuando vayan a solicitar el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación. La normativa de la Seguridad Social recuerda que tanto la Hacienda central, como las forales, en el País Vasco y Navarra, "están obligadas a suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) información relativa a los niveles de renta de los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales públicas de contenido económico".

Por esta razón, la Seguridad Social enviará el fichero de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital a la Hacienda que corresponda para que informe del nivel de renta del beneficiario. También harán lo mismo todas las administraciones que gestionen las prestaciones por desempleo, las situaciones de discapacidad y de dependencia, así como las ayudas familiares.

En realidad, la Tarjeta Social Digital es un proyecto de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social en los gobiernos del PP. Sin embargo, no llegó a ponerse en marcha. Entre otras cosas, porque nunca se llegó a completar toda la información sobre las prestaciones y ayudas sociales que hay entre todas las administraciones.

En todo caso, el Real Decreto Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital establece un régimen sancionador como el siguiente: desde la pérdida de la prestación por tres meses, con la obligación de devolver las cantidades percibidas en ese periodo, por falta grave, hasta, en el grado máximo, la pérdida de la ayuda durante cinco años por falta muy grave. Esto ocurrirá, cuando el beneficiario reincida en una falta muy grave en un periodo de cinco años. Todo ello, independientemente de que tendrá que devolver las cantidades que percibió indebidamente. Una infracción muy grave será no dar a la administración toda la información para acreditar los requisitos y la conservación de la prestación, cuando, por ello, el beneficiario hubiera recibido más del 50% de la prestación que le correspondería. En ese caso, perderá la ayuda durante seis meses y devolverá la prestación de ese periodo.
(Expansión, 02-06-2020)

La patronal vuelve a las negociaciones del diálogo social
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado hoy que los empresarios volverán a todas las mesas de negociación del diálogo social con el Gobierno y no solo a las técnicas, como estaba ocurriendo ahora tras el malestar creado por el pacto del Ejecutivo y EH Bildu para derogar la reforma laboral.

El líder empresarial confirmaba así lo sugerido ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya avanzó la vuelta de las organizaciones empresariales al diálogo. Garamendi ha especificado que la reanudación de las negociaciones al más alto nivel se hace por "responsabilidad". Pero también ha apuntado a la necesidad de adoptar medidas que afectan "de verdad" a los empresario y a la economía, en todos los sectores pero sobre todo en áreas como el turismo, el comercio o la automoción.

"Con responsabilidad, nos sentamos a la mesa porque eso nos preocupa, el día a día, ver cómo reconstruimos el país y es evidente que la iniciativa privada es parte fundamental de esa reconstrucción", ha señalado el máximo dirigente empresarial.

De esta forma, el propio Garamendi y el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, tendrían previsto asistir a la próxima reunión interministerial de seguimiento de la crisis, que convoca la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño que podría celebrarse previsiblemente el próximo jueves. Si bien, esta cita está sujeta a la agenda de los numerosos asistentes --hasta siete ministros económicos asisten a estos encuentros y los líderes patronales y sindicales-- y, aunque en un primer momento se habló de celebrarla hoy, lunes, finalmente parece que se llevará al jueves, según fuentes de la negociación.

Asimismo, responsables técnicos de estas organizaciones patronales acudirán también este miércoles a la reunión que estudia la renovación de los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en algunos sectores, sobre todo los relacionados con el turismo y el sector automovilístico, y las condiciones de dichas prórrogas. Estos responsables técnicos sí acudieron la semana pasada a esta misma reunión, pese a que los líderes empresariales mantenían en suspenso su propia asistencia a las negociaciones con el Gobierno.

Dicho todo esto, Garamendi ha precisado que las patronales nunca se levantaron de la mesa del diálogo social si no que se encontraron con que había "otra gente sentada" en dicha mesa, en clara referencia a EH Bildu, debido al pacto antes citado.

"Nosotros lo que hicimos fue reaccionar a eso, porque nos encontramos con un papel que no estaba en el diálogo social, que se lo saltaba" Y ha añadido que el malestar que llevó a los empresarios a suspender temporalmente la negociación con el Ejecutivo estuvo provocado por "con quién" se había firmado el acuerdo y a una "quiebra" de la confianza.

Sin embargo, el hecho de que Calviño frenara primero los términos iniciales de ese acuerdo que recogía la derogación "íntegra" e inmediata de la reforma laboral y, sobre todo que dijera después públicamente que dicha derogación no tocaba ahora porque sería "absurda y contraproducente" fuer para los empresarios "un paso importante para que quedara un hilo para poder seguir hablando con este Gobierno", ha dicho el líder empresarial.

Por el contrario, Garamendi ha señalado que pese a toda esta polémica apenas se ha intercambiado un mensaje con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz --partidaria de una derogación más dura de la reforma laboral--, con quien sí espera intercambiar pareceres el próximo jueves en la reunión convocada por Calviño.
(Expansión, 02-06-2020)

ATA asegura que el 82% de los autónomos ya ejerce su actividad en toda España
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha informado hoy de que el 82% de los trabajadores por cuenta ajena ya tiene su actividad en marcha en toda España tras el parón obligado por la pandemia del Covid-19. Según el presidente de la organización, Lorenzo Amor, quedan unos 550.000 autónomos por retomar sus negocios.

En ese porcentaje está incluido el 22% de los autónomos que no han parado durante estos casi tres meses y hay que tener en cuenta que hoy, 1 de junio, España se encuentra en un proceso de desescalada en tres velocidades, con algunas regiones en fase 1, la mayor parte en el estadio 2 y sólo las islas de la Graciosa, Hierro, La Gomera y Formentera en el 3.

Según ATA, el análisis del funcionamiento de las actividades de los autónomos, atendiendo a la rama de actividad, denota la diferencia por sectores y destaca que el 85% del comercio ya está abierto, mientras la hostelería aun sigue rezagada, con el 30% de aperturas.

En este sentido, la organización señala que sigue habiendo actividades que están completamente paralizadas, como son las artísticas y las relacionadas directamente con la época estival, las fiestas, la cultura, el ocio o la educación.

Destacando el medio millón de autónomos que todavía no han podido abrir, Amor ha apuntado que, aunque los trabajadores van adaptándose cada semana a la nueva normativa y a las medidas de seguridad que exigen las autoridades sanitarias, "es complicado volver a la normalidad con tantas restricciones”. "Vienen meses muy complicados y dos años de lenta recuperación de una economía a la que le han bastado tres meses para caer en picado", ha dicho.

Según datos de la patronal Hostelería de España, la apertura de los establecimientos en las zonas en fase 1 gira en torno al 15%-20%, mientras que en las áreas que se adentraron ayer en el estadio 2 abrieron el 30%-40% de los bares, siguiendo la misma tendencia que la semana pasada, cuando el porcentaje se elevó hasta el 50%-60% del viernes al domingo.

Por otro lado, el 71,1% de los centros comerciales ya están abiertos en aquellas zonas inmersas en la fase 2 del plan de desescalada, lo que supone la reapertura de 404 unidades, según los datos aportados por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

La apertura de estos parques comerciales se traduce en la vuelta a la actividad de 22.302 comercios situados en su interior, el 61,7% del total, con 11,27 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), lo que supone el 68,6%, según los datos recabados.
(Cinco Días, 01-06-2020)

El Gobierno estudiará que más comunidades puedan gestionar el IMV a partir de 2021
El Gobierno estudiará, a partir de 2021, establecer convenios con comunidades autónomas para que gestionen la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según publicó este lunes por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ahora, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital -aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y cuya reglamentación se ha detallado este lunes- se han firmado convenios con País Vasco y Navarra. El real decreto-ley también detalla la concesión de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar esta medida en 2020.

En una entrevista en la COPE, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que Navarra y País Vasco ya podrán gestionar el IMV, pero que para el resto de autonomías "se abre la posibilidad a un arreglo posterior", porque en estos momentos "hemos priorizado ser lo más eficaces posibles" y "algunas autonomías no han demostrado serlo" con prestaciones similares. "Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital", recoge el BOE.

La norma también recoge la creación de una comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo Vital como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley y de un consejo consultivo sobre la medida. El IMV garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30% son menores.
(El Mundo, 01-06-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

España peleará por recibir los adelantos de las ayudas europeas en el último trimestre del año
España no puede esperar a 2021 para recibir las primeras ayudas comunitarias pensadas por la Comisión Europea para hacer frente a la pandemia del coronavirus . Así, peleará en Bruselas para recibir en el último trimestre del 2020 parte de las ayudas que está diseñando la Unión Europea para asistir a los países más afectados, según ha revelado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, con los que se reunió por videoconferencia.

Del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros que ha propuesto el Ejecutivo Comunitario –por el que a España le corresponden unos 140.000 millones entre transferencias a fondo perdido y créditos–, Bruselas contempla la posibilidad de adelantar el desembolso de 11.500 millones del total al último trimestre de este año, mientras que el resto de los fondos no se desbloquearían hasta 2021, coincidiendo con el comienzo del nuevo presupuesto comunitario.

De este adelanto, unos 5.000 millones corresponderían a la política de cohesión, que se pretende reforzar con hasta 55.000 millones de euros complementarios hasta 2022 a través del citado fondo de recuperación, que se incluye en la propuesta del presupuesto europeo, con un total de 1,85 billones de euros.

Estos adelantos en 2020 son por ahora tan solo una propuesta de la Comisión, que ha de contar con el acuerdo de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, ya que para ello habría que enmendar el presupuesto actual, que finaliza el último día de 2020. España, según adelantó Sánchez a los miembros de la Ejecutiva, peleará por que esta posibilidad se haga realidad.

El borrador de la Comisión fija para España unos 77.000 millones en subsidios y transferencias directas (el 15% del total) y unos 63.000 millones en préstamos. El país recibiría, por lo tanto, unos 140.000 millones en total, el equivalente al 11% del PIB.

Italia, el socio europeo más castigado por la pandemia, sería el que más fondos recibiría, con casi 82.000 millones en subvenciones y 90.000 millones en préstamos (unos 172.000 millones en total). Francia y Polonia recibirían casi 40.000 millones respectivamente solo en transferencias. A Alemania llegarían unos 28.000 millones en subsidios y Grecia, por su parte, obtendría algo más de 22.000 millones en transferencias.

Con todo, la Comisión sigue pensando fórmulas con las que financiar el fondo de recuperación. Este lunes, el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, pidió a los estados miembro en una entrevista con el Financial Times su respaldo a nuevos impuestos europeos como parte del paquete de medidas para la reconstrucción. Entre las nuevas figuras se encuentra un impuesto anual a 70.000 grandes empresas para que puedan acceder al mercado único, que se complementaría con otro tipo de tributos.
(Cinco Días, 02-06-2020)

Plan a muy corto plazo para evitar la desaparición de pymes por el Covid
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha reclamado un plan a muy corto plazo para apoyar a las personas y las empresas más afectadas por la pandemia del coronavirus para evitar su desaparición, al tiempo que ha llamado a reactivar la economía cuanto antes pero con las medidas de seguridad necesarias para transmitir confianza.

Durante el Pleno Extraordinario de la Cámara de España celebrado el 1 de junio, Botín ha sostenido que la reapertura económica requiere que las personas confíen en que la vuelta es segura, por lo que ha apelado a la colaboración entre empresas, gobierno central y autonómicos y autoridades sanitarias para ofrecer esa confianza.

"Por cada día que no se abre, está costando a la economía española muchos puestos de trabajo", ha señalado la presidenta del Santander, quien ha insistido en que la vuelta ala normalidad sea segura y se ha puesto a disposición del Gobierno para ayudar a ello.

Botín también ha valorado el impulso a la digitalización que ha supuesto la crisis sanitaria, lográndose en tres meses "cambios que hubieran tardado diez años", pero ha advertido de que ha crecido la brecha entre los que más y los que menos tienen, pues resulta más complicado para una pyme instalar medidas de seguridad o digitalizarse en un corto periodo de tiempo para vender online.

En este sentido, la presidenta de Banco Santander ha pedido desarrollar planes estructurales a dos o tres años, pero también otros a muy corto plazo para evitar la desaparición de muchas pequeñas empresas, con ayudas como ofrecerles iPads, asesoramiento o financiación "incluso a fondo perdido en muchos casos" para que puedan adquirir equipos de protección.

"Hay empresas que cada día desaparecen si no logran vender. Las grandes sobrevivimos, ganaremos más o menos, pero las pequeñas mueren. Hay que ayudar en el tema digital a las personas que se están quedando atrás y al mismo tiempo contar con un plan más estructural. Si no sobrevives hoy, no habrá un plan a dos o tres años", ha advertido.

Botín también ha reclamado planes de choque en materia educativa ante la aceleración del cambio en la sociedad. "Creo que hemos hecho un gran trabajo en España en el tema de la formación en los últimos años y es hora de dar el siguiente salto. Ya no solo es importantísimo sino urgentísimo, hay mucha gente que se está quedando atrás, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y pensando en el corto plazo", ha alertado la presidenta del Santander, quien aboga por invertir más recursos en todos los niveles de educación.
(Expansión, 01-06-2020)

Consumo denuncia a 17 compañías por eludir información sobre el reembolso de las reservas y abre la vía para cambiar bonos por dinero
El Ministerio de Consumo, que lidera el ministro Alberto Garzón, ha interpuesto una acción judicial de cesación contra un mínimo de 17 de las aerolíneas con mayor actividad en España, entre ellas Iberia, Air Europa, Easyjet o Ryanair, por los problemas en las devoluciones de billetes de vuelos cancelados. Desde el Gobierno se acusa a las compañías de realizar una práctica comercial desleal, sobre la que coloca el calificativo de grave, y se reclama que "ofrezcan información correcta sobre el derecho al reembolso que asiste a los viajeros", argumenta el ministerio a través de un comunicado.

Consumo habla de una serie de "incumplimientos en la información" que estas aerolíneas ofrecen a los clientes sobre sus derechos ante la cancelación de vuelos. Las empresas han desarrollado, a ojos del Gobierno, "una práctica comercial desleal al omitir información sobre el derecho al reembolso en un plazo de siete días al que obliga la normativa comunitaria europea y la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios".

Las 17 aerolíneas denunciadas son, por orden alfabético, Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair. Antes de abrir el frente judicial, el ministro Garzón recuerda que ya remitió una comunicación a las compañías, semanas atrás, para que cesaran esta actividad. Las denunciadas esperarán a analizar el caso antes de reaccionar públicamente, pero ya afirman que “están haciendo frente a los reembolsos de vuelos cancelados”, han asegurado desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

La Ley contempla la acción de cesación en un acto o práctica fraudulenta para proteger a los consumidores. El ministerio también ha solicitado ante la justicia que "sean declarados nulos todos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado un bono sustitutorio del reembolso si este se ha adquirido mediante un consentimiento viciado". Todo un torpedo que estallará contra la línea de flotación de unas aerolíneas que piensan ya en la reactivación.

Desde Consumo se argumenta que la reclamación del precio del billete debería ser posible cuando la compañía aérea no haya informado del derecho de reembolso al usuario y haya ofrecido el bono como única opción. Esta práctica se habría llevado a cabo ante la enorme presión contra la liquidez de las compañías aéreas que está suponiendo tener los aviones en tierra y las miles de cancelaciones en pleno arranque de la temporada de verano. La defensa de un marco en que los clientes puedan contar con su dinero en un plazo máximo de siete días abre una vía a múltiples reclamaciones y una nueva sangría para la caja de las compañías.

La decisión de acudir a la justicia ha sido comunicada a las comunidades autónomas. En el debate se ha recordado que la normativa europea establece que, ante la cancelación de un vuelo, "las aerolíneas deberán ofrecer a los viajeros el reembolso de su dinero en un plazo de siete días; la conducción hasta el destino final lo más rápido posible; o la conducción hasta el destino en una fecha que convenga al viajero".
(El País, 01-06-2020)

El Gobierno propondrá a la abogada Cani Fernández, asesora de Iván Redondo, para presidir la CNMC
El Gobierno propondrá a la abogada Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante los próximos seis años, en sustitución de José María Marín Quemada, cuyo mandato venció el pasado septiembre. Fuentes del Gobierno han confirmado a EFE la propuesta de Fernández, quien en febrero pasado se incorporó a Moncloa como asesora del Gabinete de Presidencia.

El Consejo de Ministros aprobará mañana la propuesta de su nombramiento para poner en marcha la renovación de la CNMC para sustituir los mandatos vencidos, han confirmado las mismas. Además de la presidencia, tienen vencidos sus mandatos la vicepresidenta María Fernández y los consejeros Josep Maria Guinart, Benigno Valdés y Clotilde de la Higuera.

Tras su propuesta por parte del Gobierno, la candidata tendrá que comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados antes de su nombramiento definitivo, donde será evaluada y podría ser vetada. Fernández, jurista experta en competencia, es actualmente asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, donde llegó tras más de dos décadas en el bufete Cuatrecasas.

Además, ha sido profesora de Competencia en la Universidad Carlos III de Madrid, la Toulouse School of Economics y la Barcelona Graduate School of Economics. Fernández sustituiría así a José María Marín Quemada, cuyo mandato de seis años venció en septiembre del pasado año y que hasta ahora ha sido el único presidente del organismo desde su creación en 2013 para aglutinar todos los reguladores sectoriales y de competencia.
(La Vanguardia, 01-06-2020)

Sanidad no notifica ningún fallecido con coronavirus en las últimas 24 horas
El Ministerio de Sanidad no ha notificado ningún nuevo fallecido por coronavirus durante las últimas 24 horas. Los muertos de la última semana, sin embargo, alcanzan las 35 personas, la mayoría de ellos notificados por Cataluña. Quince comunidades autónomas han comunicado entre cero y dos decesos la última semana. En total, han muerto 27.127 personas desde que comenzó la crisis. "No tenemos notificado ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo que es un dato muy favorable", ha explicado Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitaria. El doctor, sin embargo, no ha negado que pueda haber algún retraso de notificación por el fin de semana, lo que podría aumentar el número de fallecidos diarios en los próximos días.

Los casos positivos diagnosticados con pruebas PCR del domingo a este lunes han sido solo 71, el dato más bajo desde el 5 de marzo. "Con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se diagnosticaron 268 en total y con fecha de ayer hay solo tres comunidades autónomas que han notificado más de diez casos", ha indicado Simón. Estas regiones han sido la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León, los tres territorios que mantienen todo o parte de su territorio aún en fase 1. Diez regiones, además, han registrado entre cero y un contagio durante las últimas 24 horas. En total, han enfermado 239.638 personas con el Covid-19.

"Ahora tenemos una detección de los datos muy buena, sabemos que el tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de consulta es de 24 horas, lo que nos da una oportunidad para identificar los brotes muy rápido y actuar de manera quirúrgica, muy localizada", ha explicado el doctor. Solo nueve pacientes han requerido cuidados intensivos durante la última semana y 243, con fecha de ingreso en los últimos siete días, los que han necesitado ser hospitalizados. 69 de ellos han sido ingresados en hospitales de la Comunidad de Madrid, 47 en Cataluña y 39 en Castilla y León.

Según Simón, los datos mantienen la misma tendencia de las últimas semanas. "Nos mantiene en una posición en las que podemos, progresivamente, ir abriendo las medidas de restricción", ha dicho el epidemiólogo. Una idea que ha refrendado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una entrevista con TVE cuando ha planteado permitir los viajes entre provincias y comunidades autónomas en fase 3 a partir del próximo lunes, 8 de junio. En cualquier caso, Ábalos ha insistido en que esta decisión dependerá de la evolución de la epidemia, de los datos de movilidad y de las consideraciones de los Gobiernos regionales.

Esta semana, las Consejerías de Sanidad de los diferentes territorios que lo deseen deberán enviar sus informes técnicos al Ministerio para argumentar su paso a la siguiente fase. El 70% de la población que vive en regiones en el estadio 2, desde el lunes, podrían pasar a la 3 la semana que viene, una fase en el que, entre otras medidas de alivio, permite a los territorios recuperar el control de la gestión de la crisis. Por ahora, solo las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y la isla de Formentera en Baleares disfrutan del último escalón hacia la nueva normalidad.

Los Gobiernos de los territorios aún en fase 1 —la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona, la región sanitaria de Lleida y la mayor parte de Castilla y León—, mantienen diferentes estrategias sobre su avance en la desescalada. El Gobierno madrileño ya ha anunciado que sí pedirá pasar a la fase 2 para poder abrir los centros comerciales. "Ya que las fases están muy estipuladas necesitamos seguir avanzando", ha indicado Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica, que ha argumentado que estos establecimientos están teniendo "gravísimas pérdidas".
(El Mundo, 01-06-2020)

Sector

Los jueces empiezan a aplazar los pagos de las empresas por la crisis
Los juzgados españoles han comenzado a aprobar medidas cautelares para que las empresas puedan posponer los pagos establecidos en sus contratos financieros ante las extraordinarias circunstancias acaecidas con motivo de la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno para combatirla.

La decisión de los jueces se refiere a la aplicación de la causa de fuerza mayor por circunstancias extraordinarias, que hasta ahora había sido aceptada en situaciones muy limitadas. Esta una alteración extraordinaria de las circunstancias a la hora de cumplir el contrato, sin que esta pudiese preverse en el momento de su formalización. Además, la jurisprudencia exige que concurra una desproporción o desequilibrio exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes debido a estas circunstancias, tal y como se establece el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, por ejemplo, en la sentencia de 21 de marzo de 2003.

Según explica, Laura Pujol, abogada en Kernel Legal, "será si concurren todos estos requisitos que las partes deberán proceder a la revisión del contrato con el fin de encontrar una solución que restaure la reciprocidad de intereses. Sólo en aquellos supuestos en los que no sea posible la revisión u modificación del contrato se podrá proceder a su resolución".

Establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de 2020, de la que es ponente el magistrado Sancho Gargallo, que "el cambio de estas características que, bajo las premisas que establece la jurisprudencia, podría generar un supuesto de aplicación de la regla de la rebus sic stantibus es más probable que se dé en un contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, como el presente, de contrato de corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato.
(Expansión, 02-06-2020)

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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