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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 DE JUNY DE 2020

Mercantil, Civil i Administratiu

Tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas
Orden TMA/512/2020, de 5 de junio, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas.
(BOE, 11-06-2020)

Euro
Resolución de 10 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de junio de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-06-2020)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 1 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 11-06-2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/index.php?s=3



RECULL DE PREMSA DE L’11 DE JUNY DE 2020

Fiscal

Sánchez asegura que la salida de la crisis será justa, pero habrá que atajar el déficit con una reforma fiscal justa
El presidente del Gobierno ha asegurado que la respuesta a la crisis actual debe ser en positivo, sostenible e inclusiva y ha abogado por acometer políticas anticíclicas, es decir, endeudarse y aumentar el gasto público para proteger a los sectores y recortar el déficit con menos gasto en época de bonanza. En este sentido ha dicho que "un déficit del 10 % del PIB se tendrá que atajar en el futuro. Primero espoleando el crecimiento económico y luego con una reforma fiscal justa".

Pedro Sánchez, se ha comprometido que la salida de la crisis económica que ha generado el Covid-19 será sostenible, inclusiva y “en positivo”, aunque advirtió de que en el futuro habrá que atajar un déficit que amenaza con superar este año el 10% del PIB, para lo que, apuesta por subir impuestos a las rentas altas con el objetivo de alcanzar una fiscalidad más justa, antes que por acometer recortes que mermen el estado del bienestar.

Así ha contestado a la diputada de EH Bildu Mertxe Azipurua, que le ha preguntado si se compromete a no hacer recortes como los que hubo durante la crisis de 2008. Asimismo, el presidente del Gobierno ha abogado por acometer políticas anticíclicas, es decir, endeudarse y aumentar el gasto público para proteger a los sectores y recortar el déficit con menos gasto en época de bonanza. "Cuando hay una crisis económica lo que hay que hacer, endeudar, gastar más, porque tenemos que proteger a muchos sectores", ha dicho, añadiendo que "evidentemente” cuando crezca el empleo se irán reduciendo algunas políticas, ya que bajará el gasto en prestaciones por paro o subsidios.

La diputada de EH Bildu ha advertido a Sánchez de que "si pretende recortar derechos no contará con la mayoría de la Cámara", por lo menos por parte de su formación, porque, aunque el Ejecutivo insiste en que la respuesta a esta crisis no será como la anterior, "a la vez se apunta ya a un plan de ajustes para contentar a Europa". Así, ha instado al presidente a "ser claro" porque sino "entenderemos que estos recortes están sobre la mesa". "Debe tomar ya decisiones para que el escudo social y económico que tanto alaba no sea algo pasajero ni puntual para situaciones de emergencia", ha señalado, mientras Sánchez le ha recriminado que su partido quiera desviar el debate hacia otro lado en un momento preelectoral en el País Vasco.

"En definitiva, si hay que hablar de ese debate, hagámoslo de manera seria, de manera rigurosa, siendo muy conscientes que este gobierno está muy comprometido con una respuesta a la crisis desde el punto de vista de la inclusión social y de la sostenibilidad”, ha concluido el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que el Ejecutivo "no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora" y ha reiterado que su propuesta fiscal se encuentra ya en el Congreso con algunas figuras nuevas, como las tasas 'Google' y 'Tobin', y en el proyecto de Presupuestos que no salió adelante.

Estos contemplaban, medidas como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.
(Cinco Días, 11-06-2020)

El nuevo plan de automoción tendrá medidas para adaptar su fiscalidad y facilitar su financiación
El nuevo plan de automoción en el que trabaja el Gobierno contendrá medidas para adaptar su fiscalidad y facilitar la liquidez y la financiación de las empresas, según ha señalado este miércoles en el Congreso la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En una interpelación dirigida por la portavoz económica del PNV en la Cámara Baja, Idoia Sagastizabal, Maroto ha informado que el plan también atenderá "la urgente renovación del parque automovilístico", con estímulos a la compra de vehículos "más eficientes", medidas de inversión para favorecer la modernización de la producción, el impulso a la I+D+i y medidas de formación y cualificación profesional.

En su intervención, la titular de Industria que el plan buscará avanzar hacia la "autonomía tecnológica frente a terceros", con medidas para este mismo año, pero también a medio y largo plazo, con el objetivo de mantener y reforzar el "empleo estable y de calidad" en toda la cadena de valor, la multiplicación de inversiones y de la innovación y "acelerar la evolución del parque existente hacia vehículos más limpios y sostenibles".

Todo ello tras una intervención en la que Sagastizabal le afeara la falta de respuestas semanas atrás sobre medidas para el automóvil, el anuncio posterior sobre un plan y la incertidumbre actual sobre cómo y cuándo se pondrá en marcha, cuando países como Francia ya lo han definido e incluso se anuncian planes para otros sectores, como el aeronáutico, que "aquí ni se plantea".

"Dice que los sectores nos esperan. Los sectores nos han encontrado, estaban esperando", ha replicado Maroto, reivindicando la aprobación de las diferentes agendas sectoriales y la labor por, ha dicho, destacar en la opinión pública la importancia de la industria, como en el aprovisionamiento de material sanitario para enfrentar la crisis.

Asimismo, se ha mostrado favorable a extender más allá del plazo del 30 de junio los regímenes excepcionales de los ERTE, recordando que el Gobierno ya trabaja en ello con sindicatos y patronales, y ha expresado su deseo que este acuerdo pueda definirse "cuanto antes" para dar más flexibilidad interna en determinados sectores.
(Expansión, 11-06-2020)

Laboral

UGT pide legislar el teletrabajo y fijar un mínimo de un día a la semana y un máximo de cuatro
El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que es necesario legislar sobre el teletrabajo y asegura que se tienen que mantener los mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales.

Así lo ha señalado Pino durante un encuentro con los medios celebrado este miércoles, en el que ha remarcado que el teletrabajo ha pasado de ser el 4% a afectar a casi 10 millones de personas en España. Es por ello que ve necesario crear una norma sobre esta modalidad de trabajo "para que se den todas las garantías y no quede en manos de los empresarios esta fuente de derechos". "El Gobierno tiene que legislar y crear una norma", ha hecho hincapié.

Pino ha criticado que el Gobierno haya sacado a consulta pública un proyecto de ley para el teletrabajo y ha remarcado que esta no es una modalidad de diálogo social y que desconocen lo que se recoge en el borrador, "porque no se ha enviado a los agentes sociales". "Solo conocemos lo que dicen los medios de comunicación", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que no le parece mal que el Gobierno haya acelerado en esta materia, pero "siempre que lo consulte con agentes sociales". "Parece que hay un pensamiento de que si se va rápido quizás se consiga el teletrabajo que hay en estos momentos", ha señalado Pino refiriéndose a una vez termine la situación de alarma por el coronavirus.

Para el sindicato, un teletrabajo "digno" es aquel que potencia la eficacia de conciliación de la vida familiar o personal y la laboral del trabajador, fomenta la igualdad, respeta los derechos de los trabajadores, protege la salud y seguridad, no carga sobre el trabajador los costes propios del puesto de trabajo (equipos, mantenimiento, redes o suministros, entre otros) e impide el abuso, las jornadas excesivas y asegura el derecho a la desconexión.

Asimismo, aboga por establecer una obligación empresarial de elaborar y aplicar un plan de teletrabajo, "previa negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores", incluir el teletrabajo preponderante, fijar un mínimo y un máximo de tiempo dedicado a realizar la prestación a distancia, no inferior a una jornada completa ni superior a los cuatro días.

Sobre la jornada de cuatro días, Pino ha explicado que existe una demanda por parte de los sindicatos europeos de reducir la jornada de trabajo. Por ello, cree que hay que ir en la dirección de reducir la jornada a cuatro días de trabajo a la semana. UGT también ve necesario que obligatoriamente se refleje en el contrato de trabajo el lugar donde se desarrollará la actividad, que la empresa asuma la disposición y el mando de equipos informáticos, conexión y demás material necesario para la prestación de la actividad.

Asimismo, insta a que la empresa compense económicamente al trabajador por los gastos que genera el teletrabajo (luz, Internet, mobiliario, etc) y que se desarrolle de forma expresa el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada para esta forma de organizar el trabajo. Pino cree que cuando la patronal escuche las peticiones de los sindicatos "va a tener poco interés en el teletrabajo". "La patronal entiende que el teletrabajo es que todo va a costa del trabajador y nosotros ya hemos dicho que por ahí no vamos", ha remarcado.

El secretario de política sindical del sindicato ha pedido que se abra un espacio de trabajo en la negociación colectiva para proteger los derechos de trabajadores y ha insistido en que Gobierno debe crear la norma "para que los empresarios no sigan en esa situación feliz de tener las relaciones laborales por la reforma laboral en sus manos".
(Cinco Días, 11-06-2020)

El Supremo permite reducir un 50% la jornada y cobrar el sueldo íntegro
La Sección Cuarta de lo Contencioso ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contra la sentencia del TSJ de Castilla La Mancha que reconoció el derecho a una mujer funcionaria a reducir su jornada laboral al 50%, manteniendo su retribución íntegra para cuidar a una niña menor con diabetes Mellitus tipo 1, considerada como enfermedad grave.

Cuando la mujer solicitó la reducción de su jornada laboral su hija tenía 5 años de edad, necesitaba dos controles de azúcar en horario escolar y el colegio público donde estaba escolarizada no disponía de personal sanitario para asumir los controles a la niña. La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha había rechazado la solicitud de reducción al 50% de la jornada diaria laboral al entender que no constaba la necesidad de requerir una atención directa, continuada y permanente equiparable a la que precisaría la menor de estar hospitalizada, requisito contemplado en Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El artículo 49.e) de esta norma permite al funcionario reducir su jornada de trabajo en al menos la mitad de la duración y sin reducir su retribución cuando tiene un hijo menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave para el cuidado durante la hospitalización del niño y tratamiento continuado o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del Servicio Público de Salud.

En su recurso de casación, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha alegaba que se habían vulnerado las normas citadas porque en el caso concreto no existe ni hospitalización, ni el tratamiento continuado, ni siquiera cuidado en el domicilio del menor. La cuestión analizada por la Sala es si ese artículo 49.e) resulta de aplicación en los supuestos en que no resulta necesaria dicha hospitalización. Y en caso de concluir que no resulta necesaria dicha hospitalización, si el cuidado directo, continuo y permanente, puede ser interpretado de forma compatible con la escolarización del menor.

El tribunal en su sentencia explica que no se ha desarrollado el EBEP y concretamente la aplicación de su artículo 49.e) tal y como había recomendado el Defensor del Pueblo en 2013 y acordado la Comisión del Empleo Público para concretar los supuestos en los que es aplicable ese permiso a los padres sin que se exija sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente sean circunstancias que hayan de darse simultáneamente.

En ausencia del desarrollo reglamentario estatal, ni del autonómico en el caso concreto analizado, el tribunal se basa en el Anexo del Real Decreto 1148/2011 para concluir que la Diabetes Mellitus tipo 1 es una enfermedad grave que precisa atención continuada y permanente. "Es notorio que los centros públicos españoles suelen carecer de personal sanitario para atender necesidades sanitarias de carácter permanente o que requieran una atención sanitaria continuada en el tiempo", subraya la Sala.

Por ello la Sala entiende que el artículo 49.e) del EBEP resulta de aplicación en los supuestos en que no es necesaria la hospitalización del menor, pero sí es necesario un cuidado directo, continuo y permanente, aunque el menor se encuentre escolarizado.
(Cinco Días, 11-06-2020)

Las oficinas de empleo planean abrir al público el 15 de junio en los territorios en fase 3
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) planea volver a abrir sus oficinas al público el próximo 15 de junio en los territorios que están en fase 3, siempre que se cumplan las medidas en materia de riesgos laborales contempladas en el protocolo del SEPE, según ha comunicado la dirección de este organismo a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Desde el CSIF, sindicato mayoritario en el SEPE, rechazan esta apertura inmediata de las oficinas al público porque aún no se ha estabilizado la carga de trabajo de sus empleados Concretamente denuncian que, en contra de lo afirmado por el Ministerio de Trabajo que ha cifrado en un 98% las prestaciones reconocidas y pagadas, aún hay cerca de 200.000 expedientes de Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sin resolver (y por tanto personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar)

Además, desde esta central sindical aseguran que existe "otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar". Se refieren, por ejemplo, a las ayudas a las empleadas de hogar o a las regulaciones de las prestaciones de ERTE en función del número de hijos.

Ante estas circunstancias, CSIF rechaza esta apertura sin antes sacar adelante todo el trabajo acumulado porque, de lo contrario, "es más que previsible, que la angustia e incertidumbre de estas personas (que no han cobrado) se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden". De hecho, ante la posibilidad de que existan conflictos entre los usuarios y los gestores de las prestaciones, desde este sindicato, reclaman la presencia la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "en el conjunto de las unidades, para garantizar la invulnerabilidad tanto de gestores como de usuarios".

Asimismo, el sindicato rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE, ya que, en su opinión, las oficinas estatales deben abrir en toda España al mismo tiempo "y de la mano de las Comunidades Autónomas con las que se comparte el espacio físico en las oficinas". En su opinión, "poco sentido tiene reanudar la atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no, si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar".

En este punto, recuerdan que desde comenzó la crisis, los profesionales del SEPE han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios. De hecho, la carga de trabajo se ha incrementado un 530%, mientras que la plantilla solo ha aumentado un 10% con personal interino por seis meses, prorrogable a nueve.
(Expansión, 11-06-2020)

El Congreso da luz verde al Ingreso Mínimo Vital
El Pleno del Congreso ha apoyado con 297 votos a favor, 52 abstenciones y ningún voto en contra la convalidación del Real Decreto-Ley que regula esta renta mínima y a la que finalmente el PP ha sumado sus votos positivos y VOX sus abstenciones. Asimismo, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han coincidido en que se trata de una de las medidas con mayor capacidad de redistribución de rentas y que "dignifica el país". Escrivá ha explicado que el ingreso mínimo ha sido calculado con precisión ya que se adaptará a las necesidades de cada solicitante, teniendo en cuenta la modalidad de familia, sus ingresos y su patrimonio.

"Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a la sociedad" ha dicho Escrivá tras puntualizar que el IMV no sólo luchará contra la pobreza, sino que servirá de palanca para la inclusión social y laboral. "Es un seguro colectivo que rescatará a las personas en cada momento que sufran carencias", ha señalado tras añadir que su coste de unos 3.000 millones de euros es "perfectamente asumible".

Por su parte, Iglesias ha defendido que es el momento de hacer políticas expansivas para afrontar la actual crisis generada por la pandemia y ha dicho que también ayudará a la recuperación económica, ya que la renta irá "directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando". La renta mínima ha recibido el apoyo de todos los partidos políticos, incluso de VOX que no votará en contra, aunque ha criticado que la medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo.

Ha considerado que es el "precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez" para ser investido y ha reiterado que el IMV supone un efecto llamada a los inmigrantes y pone en riesgo el sistema de protección de la Seguridad Social. La mayoría de los partidos ha felicitado una aprobación que era urgente, aunque algunas formaciones, como PP, Ciudadanos, ERC o JxCAT, han solicitado que su tramitación como proyecto de Ley para introducir cambios.

El PP ha recordado que fue el presidente Mariano Rajoy el que impulsó la tarjeta social y ha criticado que el Gobierno se "apropie" de las competencias autonómicas y exceptúe al País Vasco y a Navarra. El PP ha considerado que lo razonable habría sido presentar un proyecto de ley pactado con CCAA, ayuntamientos, tercer sector y con la oposición y que tuviera una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.

Ciudadanos ha abogado porque la prestación vaya ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario mientras que JxCAT ha apostado por analizar la compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo. ERC ha considerado que la medida no debe ser reversible y ha incidido en que se debería modificar la condición de tener que acreditar un año entero de bajos ingresos y ha urgido extenderla a las personas en situación irregular.
(El País, 11-06-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Fed prevé mantener los tipos a cero hasta 2022
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya adelantó en sus últimas comparecencias que los tipos cero seguirían acompañando a la economía estadounidense durante un largo periodo de tiempo, y la institución lo corroboró. En la primera reunión en la que se incluyen las proyecciones macroeconómicas desde el estallido de la pandemia, el Banco Central de EE UU confirmó no solo que los tipos se mantenían sin cambios por ahora, sino que permanecerían en la horquilla del 0% al 0,25% los dos próximos ejercicios.

Es decir, la era de tipos cero que retornó el pasado 15 de marzo se prolongará hasta 2022. Estas proyecciones descartan la entrada de las tasas en tipos negativos, una idea que ya había sido desechada por el responsable de la institución. El escenario que dibuja la Fed para los próximos meses dista mucho del que preveía en diciembre de 2019. Hace seis meses la institución estimaba que los tipos de interés se situarían en el 1,5%-1,75% en 2020.

Pero que la Reserva Federal no vaya a rebajar aún más el precio del dinero no significa que no vaya a seguir apoyando la recuperación. En el comunicado emitido por el Comité de Mercado Abierto (FOMC) la institución se compromete a usar todas las herramientas que estén a su alcance para seguir apoyando a la economía a la vez que contribuye a lograr la estabilidad de los precios y el pleno empleo, dos de las grandes variables que tiene en cuenta la institución a la hora de tomar decisiones.

La Fed, que ha retomado la compra de activos este año, tanto de títulos de deuda pública como privada, afirmó que seguirá adquiriendo deuda durante los próximos meses al mismo ritmo que el actual y abre la puerta a incrementar el importe de las compras. El objetivo que se persigue con esto es sostener el funcionamiento del mercado y garantizar la transmisión de la política monetaria

Al igual que las previsiones en lo que a tipos de interés se refiere, la Fed ha recortado de forma drástica sus proyecciones macroeconómicas. Para 2020 el Banco Central prevé que la economía se contraiga un 6,5% frente al crecimiento del 2% que auguraba en la recta final de 2019, antes de que la pandemia estallara.

La tasa de desempleo que, según los últimos datos, cerró mayo en el 13,3% tras las creación de 2,5 millones de puestos de trabajo, seguirá bajando en los próximos meses a medida que avance la reapertura de las economías. Las estimaciones de la Fed fijan la tasa de desempleo en el 9,3% para 2020 lejos del 3,5% que auguraban hace seis meses.

La inflación, una de las variables más tenidas en cuenta, cerrará el año el 0,8%. Es decir, otorga margen para que la Fed mantenga su política de tipos cero. Más optimistas se muestran para los próximos dos años. En 2021, prevén que el PIB aumente un 5%, y un 3,5% el año siguiente. Este impulso económico permitiría rebajar la tasa de desempleo al 6,5% y al 5,5%, respectivamente, lejos del 3,6% y 3,7% que esperaban en diciembre. Por su parte, los precios subirán el 1,6% y el 1,7%.
(Expansión, 11-06-2020)

La OCDE teme que España encabece la caída económica mundial si hay un rebrote de la pandemia
Los cálculos de la OCDE incluyen dos escenarios, “igualmente probables”, uno en el que el golpe del coronavirus se limita al acontecido hasta la fecha y otro en el que contempla un nuevo rebrote a finales de año que intensificaría la hecatombe. De recobrar fuerza la pandemia en otoño, alerta la OCDE, la de España será la más golpeada de todas las economías desarrolladas como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Para empezar, el organismo asume que el PIB español sufrirá ya una caída del 11,1% este año, aunque no haya rebrote, como consecuencia de las medidas de confinamiento y cierre generalizado de comercios –con una caída de la actividad del 30%– impuestas bajo el estado de alarma decretado el 14 de marzo y que solo comenzaron a desescalarse a partir del 10 de mayo. La cifra supera el 9,2% de retroceso estimado por el Gobierno. Pero, en el caso de una segunda oleada de Covid-19 en otoño, la caída del PIB se agravaría hasta el 14,4%.

El déficit público, por su parte, se elevaría desde el 2,8% de cierre del año pasado al 10,3% este año, en el primer caso, o el 12,5%, si hay rebrote. Como consecuencia, la deuda pública española sufriría un incremento desde 95,5% de 2019 hasta el 117,8%, su mayor nivel en más de un siglo, en caso de que el impacto sea el ya conocido, y, de resurgir de la pandemia, se dispararía al 129,5% en este año (con descensos al 115,7% y el 128,7%, respectivamente el próximo año).

Desde la OCDE achacan la especial virulencia de la crisis del Covid-19 en España a su dependencia de sectores tan afectados como el turismo, en un mundo que ha cerrado sus fronteras, o los servicios, erosionados por las medidas de distanciamiento social. El peso de estas áreas de actividad en la economía española explica también, en parte, las previsiones de la OCDE de que su tasa de paro se eleve a niveles de entre el 19,2% y el 20,1% este año, para situarse entre el 18,7% y el 21,9% el próximo ejercicio.

“En ambos escenarios, la caída de la demanda interna, debido a la destrucción del empleo y el cierre de la actividad, es el factor clave de la contracción. La caída de la demanda externa, especialmente en los servicios turísticos, también tendrá un gran peso” en el golpe que deja la pandemia en la economía española, reza el apartado específico sobre España del informe global, que reconoce que “el gobierno ha tomado medidas significativas para apoyar el empleo y proporcionar liquidez a la economía”.

El documento asume que el refuerzo de “las capacidades hospitalarias y de pruebas de identificación de las personas infectadas serán cruciales para prevenir nuevos brotes” habida cuenta que “la capacidad del sistema de salud era más baja que en el promedio de la OCDE al entrar en crisis, con menos camas de cuidados intensivos”, si bien su número se habría “más que duplicado” en el pico de la crisis.

A partir de 2021, en todo caso, se produciría una recuperación parcial que oscilaría entre un avance del PIB del 5%, en caso de rebrote, y del 7,5% de no producirse, lo que retrasaría a años posteriores retomar los niveles perdidos por el Covid-19.
(La Vanguardia, 11-06-2020)

  

Aquí trobareu tota la normativa publicada al BOE en relació a la crisi sanitària del COVID-19. Cal tenir en compte, que es tracta d’un document en continua actualització i revisió.
 
 
 
 
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