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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 17 DE JUNY DE 2020

Laboral

Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el sector de la economía y la industria digital
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el sector de la economía y la industria digital.
(BOE, 17-06-2020)

Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas.
(BOE, 17-06-2020)


Mercantil, Civil i Administratiu

Creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
(BOE, 17-06-2020)

Salud pública. Puertos y aeropuertos
Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 17-06-2020)

Términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
(BOE, 17-06-2020)

Euro
Resolución de 16 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de junio de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 17-06-2020)

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 17 DE JUNY DE 2020

Fiscal

El turismo exige un IVA superreducido y alargar los ERTE hasta diciembre
El sector turístico se ahoga sin liquidez y la finalización de los ERTE por fuerza mayor en quince días, si no se logra una ampliación hasta final de año, puede ser la sentencia de muerte de miles de empresas y trabajadores. Esa es la principal conclusión a la que llegaron los cinco ponentes que han participado en la mesa dedicada al turismo en la cumbre empresarial Empresas españolas liderando el futuro, organizada por CEOE, en la que apuntaron al turismo como la actividad más afectadas por la crisis del coronavirus.

Los más críticos fueron los presidentes de la patronal hotelera Cehat (Jorge Marichal) y de la patronal Hostelería de España (José Luis Yzuel), que presentaron un panorama apocalíptico para los 3,2 millones de trabajadores que en la actualidad tienen suspendidos sus empleos hasta el 30 de junio. "El turismo es uno de los sectores más afectados, pero las medidas de ayuda no han llegado. El sector se siente abandonado. Estamos cansados de pedir medidas para tener un verano que nos permita salvar los muebles", ha señalado Marichal durante su intervención. En su opinión las ayudas no pueden ser iguales para todos los sectores con la llegada de la desescalada y deben centrarse en los más dañados.

"El Gobierno acertó con los avales del ICO y los ERTE, pero ahora debe incentivar la demanda, con deducciones para empresas y ayudas para particulares en el IRPF, con bonos para viajar". En esa misma línea, Izuel alertó que, sin medidas correctoras, cerrarán 65.000 establecimientos hosteleros y habrá 200.000 parados más, por lo que insistió en la prioridad de flexibilizar los ERTE, de paralizar las amortizaciones hipotecarias de las empresas mientras que la actividad no vuelva a unos niveles mínimos de normalidad y sobre todo de bajar impuestos. "Es el momento de una rebaja temporal del IVA a la hostelería, como la que ha hecho Alemania del 19% al 7%. Vemos con envidia las medidas que han tomado en Europa", ha asegurado.

El frenazo de la actividad ha afectado directamente a grupos como Barceló, que ya tenían pactada la integración de sus agencias de viajes con las de Globalia para crear el mayor distribuidor de España por encima de El Corte Inglés. La operación ha quedado en suspenso hasta 2021. "Debemos compaginar lo urgente y lo importante. Lo urgente es asegurar la financiación a las empresas, flexibilizar los ERTE y aplicar un IVA superreducido para todas las actividades turísticas que nos permita ganar competitividad", ha señalado el copresidente del grupo, Simón Pedro Barceló, que ha apostado por programas de ayuda más personalizados para retomar la conectividad aérea. "Es imposible reactivar la actividad turística sin una apuesta clara por la conectividad, pero siempre que las ayudas no sean generales por compañías, sino por el número de aviones. Nada que no se haya hecho por los socios europeos", subrayó.

Pese a que los países de la UE están aprobando planes nacionales de ayuda y la UE va a comprometer 750.000 millones de euros para apoyar la reconstrucción de las economías más dañadas, los empresarios siguen viendo muy oscuro el panorama a corto plazo. Es el caso de Juan José Hidalgo, fundador de Globalia, que se ha mostrado muy pesimistas en cuanto a los plazos de la recuperación. "Nos va a costar tres o cuatro años en resucitar. Todo se ha derrumbado y ahora no sabemos como lo vamos a reconstruir. Si no nos ayudan, no vamos a durar ni un telediario. En esta semana hemos abierto 300 agencias de viaje de golpe, nos hemos lanzado al espacio sin saber lo que va a pasar. Ya hemos abierto el 20% de los vuelos y los hoteles". Para Hidalgo, la clave de la reactivación estará en quitarse el miedo a viajar. "Sin eso, no arrancamos ni levantaremos esa losa".
(Cinco Días, 17-06-2020)

La AIReF reclama un plan para reequilibrar las cuentas
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha reclamado este martes en el Congreso una "planificación coordinada con la estrategia de recuperación" de la crisis provocada por el coronavirus, con un horizonte en el reequilibrio presupuestario a medio plazo, y ha avisado de que, para hacerlo, "la incertidumbre" alrededor de la crisis "no puede ser una excusa".

"Puede ser que tenga que ser abierta, o revisada, pero tenemos que tener una hoja de ruta y ya tener esa visión de medio plazo", ha reivindicado en su comparecencia ante la Comisión para la reconstrucción social y económica de la Cámara Baja. La presidenta de la AIReF ha pedido que esta estrategia de recuperación se centre en el empleo y el crecimiento, para adaptar los esquemas de protección puestos en marcha para garantizar los empleos y facilitar la viabilidad de las empresas.

Para alcanzar esa planificación, Herrero ha elevado como "imprescindible la colaboración institucional entre administraciones", también ha reivindicado "el mayor respaldo posible del arco parlamentario" y de los agentes sociales, de cara a la "credibilidad y reputación internacional" del España. Este plan de reequilibrio, o "de modernización", ha dicho, debe "asegurar la sostenibilidad" de las finanzas públicas y "sentar las bases de un crecimiento sostenido e inclusivo", "modernizar el marco institucional" de las relaciones entre los agentes económicos, de los sectores productivos y del "capital humano".

Asimismo, ha reclamado un calendario, con hitos concretos u objetivos a alcanzar, para poder evaluarlo y, si es necesario, reorientar esfuerzos. "No podemos establecer un plan donde el grado de cumplimiento y efectividad se valore cuando acabe", ha exigido Herrero.

Por otro lado, ha defendido que este plan tenga en cuenta los recursos necesarios para afrontar la financiación necesaria de las políticas que deban aplicarse, y también tener en cuenta los desequilibrios que ya arrastra la economía española, al llegar a esta crisis con "un déficit estructural persistente y un nivel de deuda muy elevado", ante lo cual ha pedido "también un poco de autocrítica". "Esos desequilibrios siguen existiendo y en algún momento emergerán", ha avisado.
(Expansión, 17-06-2020)

Laboral

Una juez hace fija a una interina que llevaba trece años con plaza temporal
Los interinos de larga duración han conseguido una importante victoria en los tribunales en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante acaba de dictar la primera sentencia que convierte en fija a una interina que llevaba trece años con contrato temporal. El fallo condena al Ayuntamiento de la ciudad a mantener en adelante a la empleada en su puesto con los mismos derechos de estabilidad e inamovilidad que los funcionarios de carrera, pero sin serlo.

La magistrada de la resolución, María Begoña Calvet Miró, considera que esta es la sanción “más acorde y equilibrada” al abuso en la contratación temporal en que incurrió el consistorio. Una práctica, recuerda, abolida por el Derecho comunitario, como viene denunciando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según señala, con esta decisión recoge “el testigo” del tribunal europeo, que insta a los Estados miembros a dar “una respuesta eficaz, proporcionada y disuasoria” frente a dicho abuso.

En concreto, la juez cita la última de las sentencias dictadas sobre este asunto por el TJUE, de 19 de marzo de 2020, que abría la puerta a hacer fijos a estos empleados. En ella, reconocía el abuso de las administraciones españolas (en concreto del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid) en la contratación de interinos para solventar necesidades estructurales de personal al no contar con suficientes funcionarios fijos. El TJUE, en cambio, rechazó dar una solución concreta (los recurrentes pedían que se les reconociera la condición de personal estatutario o, subsidiariamente, un estatuto comparable) y dejaba en manos de las autoridades nacionales la sanción. Pues bien, la primera sentencia que convierte a un interino de larga duración en fijo ya se ha dictado.

El caso concreto en el que se ha producido esta primera condena es el de una empleada pública que, tras superar el proceso de selección, llevaba trece años prestando servicios en el Ayuntamiento de Alicante con contrato de interinidad. La mujer recurrió la decisión del consistorio de rechazar su petición para que le hicieran fija. En su escrito, denunció el fraude de ley en que estaba incurriendo la administración conforme al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo. Asesorada por el sindicato CGT, consideraba que “la solución jurídica aplicable a su situación, de acuerdo con la citada directiva comunitaria y con la jurisprudencia sentada al efecto por el TJUE, debía comportar el reconocimiento de su condición de empleado público fijo”.

Tras analizar el expediente, la juez cree que se trata de un “evidente abuso de la contratación temporal” que infringe tanto la directiva comunitaria como la interna. Por un lado, la empleada llevaba trece años consecutivos trabajando como funcionaria sin que por contrato se justificase, de alguna manera, las “necesidades urgentes, transitorias o coyunturales” que motivaran la temporalidad. Por otro, no existía un límite máximo de duración de esta situación, dado que el ayuntamiento había incumplido su obligación de sacar a concurso la plaza.

La magistrada dedica gran parte de su resolución a argumentar jurídicamente la sanción impuesta al Ayuntamiento. Como reconoce, no hay precedentes, pero, en su opinión, es la decisión más acorde para disuadir al consistorio de nuevos abusos y proteger a la víctima. Ni la organización de un proceso selectivo (en el que licitarían otras personas además de la empleada perjudicada), ni la conversión del contrato en indefinido no fijo (igualmente precario puesto que en cualquier momento el consistorio podría amortizar la plaza), son sanciones proporcionales, cree la juez.

Tan solo una indemnización podría equipararse a la conversión del contrato en fijo. El problema con esta vía, explica, es que nuestro ordenamiento no prevé la posibilidad. Además, añade, sería difícil fijar una cantidad equitativa. Por tanto, concluye, “la medida sancionadora más acorde y equilibrada para dar cumplimiento a los fines de la directiva comunitaria -con la debida protección de los empleados públicos víctimas del abuso-, es el de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija”.

Esta solución choca, no obstante, con la imposibilidad legal, proclamada tanto por el Tribunal Supremo como por el propio TJUE, de adquirir la condición de funcionario de carrera sin superar el previo proceso selectivo. Sin embargo, entiende la magistrada, la solución adoptada no vulnera la legalidad porque, además de que la empleada ya había pasado una criba, el reconocimiento de la fijeza del contrato no implica adquirir un estatuto funcionarial y, añade, no existe otra medida alternativa “que sea lo suficientemente eficaz y disuasoria”.

Por todo ello, sanciona al Ayuntamiento de Alicante declarando, como situación jurídica individualizada, “el derecho de la recurrente al reconocimiento de su condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera”.
(Cinco Días, 17-06-2020)

El coste laboral de las empresas sube tan solo un 0,8% hasta marzo por los ERTE
El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.570,32 euros en el primer trimestre, lo que supone un repunte interanual del 0,8%. Se trata de su menor alza desde el segundo trimestre de 2018, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido la moderación en el ritmo de crecimiento del coste laboral a la suspensión temporal de diversas actividades económicas por la declaración del estado de alarma a mediados de marzo.

Los trabajadores afectados por este cierre temporal acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores están exoneradas en su mayor parte.

Con este aumento interanual en el primer trimestre de 2020, el coste laboral encadena once trimestres consecutivos en positivo. La subida del 0,8% registrada entre enero y marzo contrasta notablemente con los crecimientos trimestrales que se experimentaron en el ejercicio 2019, todos superiores al 2%.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,7% respecto al primer trimestre de 2019, situándose en 1.889,78 euros por trabajador y mes. Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron hasta marzo los 680,54 euros, con un alza interanual del 1%.

El coste laboral por hora creció en el primer trimestre un 4,8% interanual. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe a la bajada del 3,8% en el número de horas efectivas de trabajo debido, fundamentalmente, a la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma, que afectó a las dos últimas semanas del mes de marzo Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 4,2%. Por su parte, el coste laboral por hora pagada creció un 0,6% interanual, dado que el 98,4% de las horas no trabajadas son remuneradas, incluyendo las de los ERTE.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el primer trimestre de 2020 un 1% en tasa interanual, también su menor repunte desde el segundo trimestre de 2018. En tasa trimestral (primer trimestre de 2020 sobre cuarto trimestre de 2019), y eliminando tanto el efecto de calendario como la estacionalidad, el coste laboral total por trabajador bajó un 0,3%, su primer descenso trimestral desde el último cuarto de 2016.
(El País, 17-06-2020)

El Gobierno confirma que ampliará la ayuda a autónomos más allá de junio
El Gobierno ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos más allá del 30 de junio, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

"No puedo anticipar nada porque lo estamos viendo con los agentes sociales. Tenemos que pasarlo por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, pero estamos trabajando en un esquema de prolongación mas allá de junio con una parametrización similar a la actual, tanto en los ERTE como en los autónomos. Tenemos que afinar algunos elementos", aseguró el ministro.

La única pista que ha dado el ministro acerca de la extensión de la ayuda es que será una concesión selectiva en función de diferentes parámetros y con mayor incidencia en los sectores más afectados por la pandemia con menor margen de recuperación durante los primeros meses tras el estado de alarma. De este modo, las ayudas para estos colectivos, muchos de ellos asociados a actividades turísticas, hostería y transportes podrán disponer de la prestación al menos hasta el 30 de septiembre, fecha hasta la que se prevé la prórroga.

Esta es una de las demandas que viene haciendo el colectivo de los autónomos al Gobierno para el colectivo ante la previsión de que la recuperación de ingresos no llegará pronto para la gran mayoría de los autónomos ante una menor actividad y demanda, principalmente afectada en estos meses por la previsión de una escasa llegada de visitantes del extranjero, y ya que en algunos sectores aún no han podido levantar las persianas y reanudar sus negocios.

En este sentido, Escrivá aseguró que serán prestaciones "más selectivas" pero que la idea es un acompañamiento de ambos planes, tanto para la ayuda extraordinaria de autónomos de 660 euros, que también incluye la exención de cuotas, como para los ERTE por fuerza mayor. Sobre este aspecto trató precisamente la reunión que tuvo la Mesa de Diálogo Social este pasado miércoles y en la que se dirimieron las condiciones y la extensión de estos expedientes de regulación de empleo en función de la liquidez de la que disponga el Ejecutivo para soportar el coste que ello implica para las arcas de la Seguridad Social y que según la AIReF supondrá un esfuerzo acumulado a final de año de 30.000 millones de euros.

Cabe recordar que más de 1,4 millones de autónomos cobran la prestación extraordinaria para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19, con un importe mensual de unos 1.200 millones de euros, que sumados a los desembolsados los pasados 17 y 30 de abril, suponen alrededor de 2.500 millones de euros en prestaciones.
(El Mundo, 17-06-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Ibex se dispara al borde del 7.500 aupado por los nuevos estímulos
Los nuevos estímulos monetarios, fiscales y macroeconómicos han animado a las compras en las Bolsas europeas. Además, el aumento récord del consumo en Estados Unidos, muy por encima de lo esperado, ha reavivado las esperanzas de una brusca recuperación, aunque los inversores no pierden de vista los rebrotes de la pandemia en Pekín y EEUU. El Ibex, que ha llegado a subir mas de un 4%, ha cerrado con alzas del 3,25% hasta los 7.495,30 puntos. Bancos, acereras y Telefónica han destacado en las subidas.

La volatilidad continúa muy presente en los mercados. Con dosis extra de liquidez de fondo, los movimientos bruscos siguen a la orden del día. Si ayer la jornada comenzó con caídas de hasta el 3% en Europa, hoy la sesión ha deparado subidas de hasta el 4%.

Este vuelco comenzó a fraguarse durante la sesión de ayer, con el respaldo ofrecido por la Reserva Federal de Estados Unidos. Las medidas excepcionales aprobadas para paliar la crisis toman forma, y desde hoy la Fed comenzará a comprar deuda de empresas en el mercado secundario. La medida podría aliviar a un elevado número de compañías que han sufrido los estragos de la crisis.

La reactivación de la economía, además, continúa en marcha, y datos como el publicado hoy sobre el consumo apuntan a una recuperación contundente. Los analistas preveían un incremento récord de las ventas minoristas en EEUU en mayo, tras el confinamiento, hasta un 8%. Pero el dato final ha duplicado con creces este récord, hasta el 17,7%. La producción industrial (+1,4%), sin embargo, ha quedado por debajo de lo esperado (+3%).

Sin embargo, el mayor foco de incertidumbre para los mercados es el rebrote de casos de coronavirus, Aunque los analistas se mantienen escépticos sobre la posibilidad de que el repunte de casos de coronavirus acabe reinstaurando las restricciones, lo cierto es que desde hoy Pekín pasa del tercer al segundo nivel de emergencia, con lo que, entre otras medidas, las comunidades de vecinos volverán a comprobar la identidad y el estado de salud de los residentes, se suspenden todas las clases presenciales y se aconseja a los residentes trabajar desde el domicilio.

Con todo, las primeras referencias de la jornada, las procedentes de los mercados asiáticos, reflejaron un brusco resurgir del optimismo. El Nikkei de Tokio se disparó al cierre un contundente 4,79%, con el estímulo adicional del incremento de los préstamos para empresas que ha anunciado hoy el Banco de Japón.

Wall Street, que ya remontó a última hora de ayer hasta cerrar en positivo, relanza sus subidas, cercanas al 2%. Las noticias sobre el plan de infraestructuras que ultima la Casa Blanca, dotado con un billón de dólares, y el aumento récord en las ventas minoristas refuerzan si cabe el optimismo sobre la recuperación económica. Como contrapunto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha advertido ante el Senado de que persiste una "gran incertidumbre" respecto de la fortaleza y el momento de la recuperación.

El optimismo ha reaparecido en las Bolsas europeas y el Ibex ha cerrado con avances del 3,25% hasta los 7.495,30 puntos. El inicio de las compras de deuda corporativa por parte de la Fed podría reducir la morosidad prevista en bancos con presencia en el mercado estadounidense como Santander y BBVA, que han cerrado con alzas del 4,63% y del 3,21%, respectivamente. El resto de bancos también ha sumado posiciones. Sabadell se ha disparado un 7,42% y Bankia se ha apreciado un 5,33% y supera el euro por acción.

Entre los protagonistas de la sesión destaca Telefónica, que ha remontado un 6,04% en el último día comprar acciones con derecho a participar en el dividendo flexible que abonará la operadora.
(Cinco Días, 17-06-2020)

El Gobierno ultima un plan de rehabilitación de vivienda de 2.000 millones
El Gobierno lanzará un plan de rehabilitación de viviendas de dos años que supondrá movilizar una inversión de unos 2.000 millones de euros en colaboración con la iniciativa privada y que generará 221.000 empleos. El programa aspira a multiplicar por cuatro el número de pisos que se reforman al año en España, de forma que ascienda a unos 120.000 anuales, frente a los 30.000 actuales. El objetivo es mejorar la situación del parque de viviendas, dada su antigüedad, y al tiempo mejorar su eficiencia energética.

En paralelo, busca contribuir a atajar la crisis impulsando uno de los segmentos del sector de la construcción que más "efecto tractor tiene" en la economía en cuanto a generación de empleo y actividad económica. El plan contemplará tanto obras de rehabilitación por parte de particulares como grandes proyectos de regeneración y renovación urbana "a gran escala e integral de barrios", según detalló el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura.

Se trata de uno de los programas que conformarán el Plan de Inversiones y Reformas 2020-2022 que el Ejecutivo diseña para canalizar los fondos de recuperación que espera recibir de la UE y reactivar la economía para superar la crisis. A pesar de la confianza en recibir unos 140.000 millones de euros del plan de reconstrucción de la UE, el Gobierno asegura que deberá contar con una "importante participación" de la inversión privada, especialmente en la ejecución de programas como los relacionados con la vivienda, indicó el 'número dos' del Ministerio de Transportes durante su intervención en el 'Executive Fórum'.

En este sentido, aseguró que su Departamento tiene ya diseñados dos modelos de contrato de concesión, consensuados con Hacienda y la UE, para recuperar este tipo de contratación y levantar financiación privada de forma segura y con un "equilibrado reparto de riesgos". El Gobierno también aspira a que la inversión privada tenga especial peso en el otro gran plan relacionado con la vivienda, el de construcción de un parque de pisos públicos en alquiler mediante la concesión del derecho de uso de suelos públicos.

Este proyecto, ya previsto antes de la crisis, pero que ahora también se incluirá en el Plan anticrisis del Gobierno, se espera genere otros 148.000 puestos de trabajo en los dos próximos años. El plan de rehabilitación de vivienda y el de promoción de pisos en renta son dos de los que el Ministerio que dirige José Luis Ábalos aportará al referido 'macroplan' que el Gobierno diseño para superar la crisis. El resto de iniciativas propuestas por Transportes para dicho plan son un programa de movilidad sostenible en entornos urbanos, otro de seguridad y conservación de carreteras, y otro más para la digitalización de la logística.
(Expansión, 17-06-2020)

El Gobierno aprueba un último tramo de 15.500 millones en avales del ICO
El Gobierno ha aprobado este martes un último tramo de 15.500 millones en avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, de los que 7.500 millones se pondrán a disposición de autónomos y pymes y 5.000 millones para grandes empresas.

Para impulsar el sector turístico se reservan 2.500 millones que garantizarán préstamos de pymes y autónomos y servirán para cubrir necesidades de liquidez, pero también para llevar a cabo inversiones, según ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, se abre un tramo específico de 500 millones de euros para impulsar el sector de la automoción, que servirán para financiar la compra de vehículos de uso profesional, ha añadido. En total 15.500 millones que se habilitan en el quinto tramo de la línea de avales de hasta 100.000 millones aprobada por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, "la mayor movilización de avales públicos puesta en marcha por España".

Hasta el momento, ha añadido Montero, las empresas españolas han recibido 69.023 millones de financiación garantizada por los avales públicos, después de que se hayan aprobado 565.110 operaciones de financiación, con un importe avalado de 52.761 millones de euros.
(El País, 17-06-2020)

El Consejo de Ministros desbloquea 16.000 millones para las autonomías
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el desbloqueo de 16.000 millones de euros para la financiación de las comunidades autónomas. Un fondo "no reembolsable", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será transferido en cuatro tramos a las regiones. El ejecutivo, por otra parte, ha asegurado que las autoridades regionales podrán disponer de su superávit para financiar el déficit en el que estas puedan incurrir.

La ministra de Hacienda ha destacado que el Gobierno "cree en el estado de las autonomías y las estamos dotando de recursos que no tienen que devolver. El Gobierno se endeuda para dar recursos a las CC AA para la atención temprana de brotes y para el comienzo del próximo curso escolar".

El Gobierno entregará las partidas para reforzar la sanidad (9.000 millones) y la educación (2.000), además de 5.000 millones para "compensar la caída de recaudación de impuestos propios y de viajeros", ha afirmado Montero. Este tramo, el cuarto, solo afectará a las autonomías del régimen común y no a Euskadi y a Navarra, que deberán fijar otra cuantía. Este, a su vez, se dividirá entre tributos y transporte. Hasta 4.200 millones de euros se dedicarán a compensar el desajuste de la recaudación impositiva por la pandemia (pérdida de ingresos en transmisiones y actos jurídicos documentados y tributos de matriculación, así como los impuestos sobre el juego, excepto el juego online).

Los 800 millones restantes del tramo se refieren a la movilidad (transporte regular de viajeros interurbanos, 34%; transporte en metro, tranvía o tren de titularidad autonómica, 13%; consorcios de transporte, 49%; y líneas de transporte interurbano en autobús de Canarias, 4%). Los consorcios de transporte de Madrid y del área metropolitana de Barcelona serán los principales beneficiarios del fondo, dado que se repartirán el 49% del total, esto es unos 392 millones de euros.

La partida más cuantiosa, la sanitaria, se divide en dos tramos. El primero, de entrega en junio, abordará cuatro criterios de reparto con distinta ponderación: la población protegida equivalente (35%), el número de ingresos en UCI (30%), hospitalizaciones (30%) y pruebas PCR realizadas (10%). El segundo tramo sanitario -los 3.000 millones restantes- se entregará en noviembre y aunque se mantendrán los mismos criterios de reparto, cambiará el peso de cada uno de ellos: población protegida equivalente (45%), ingresos UCI (25%), hospitalizaciones (20%) y pruebas PCR (10%).

La distribución territorial del crédito en el ámbito de la educación (2.000 millones) será el siguiente: el 80% de ese importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común en función de la población de 0 a 16 años de cada región según el Padrón autonómico a 1 de enero de 2019. El otro 20% del importe, "teniendo en consideración el gasto en educación superior", se repartirá, de nuevo, según la población de los padrones regionales en el tramo de edad de 17 a 24 años. Ceuta y Melilla recibirán 7 millones de euros.

La titular de Educación, Isabel Celaá, ha comentado en la rueda de prensa que “la educación es el motor de desarrollo de las sociedades. A pesar de que hayamos podido arreglarnos con la educación online, hemos comprobado que aún tenemos necesidades sin cumplir, por eso hacemos un esfuerzo de inversión en digitalización". Celaá ha anunciado un convenio entre el Ministerio de Economía y el de Educación para poner en marcha el programa 'Educa en digital', a través del que se movilizarán hasta 260 millones de euros para la digitalización”.
(La Vanguardia, 17-06-2020)

Sector

El Poder Judicial aprueba un plan de choque para la reactivación tras el estado de alarma
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado, con 18 votos a favor, dos en blanco y uno en contra, el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación tras el estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia de coronavirus Covid-19, que incluye más de 60 medidas organizativas y/o gubernativas que quedan dentro de su capacidad de actuación propia y no requieren de modificaciones legales para su aplicación.

Las medidas aprobadas son el resultado del debate y votación del más de medio centenar de enmiendas presentadas por los vocales a las propuestas que figuraban en los documentos de trabajo definitivos de los distintos bloques que constituyen el plan de choque -medidas organizativas y procesales, medidas sobre solución extrajudicial de conflictos, medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables y medidas tecnológicas- cuya elaboración fue acordada por la Comisión Permanente el pasado 2 de abril.

El documento final que recogerá estas medidas, que entre otras cuestiones contemplan el mantenimiento o incremento de las medidas de refuerzo o apoyo en Juzgados y Tribunales, el fomento de las herramientas existentes para la unificación de criterios o la potenciación del empleo de sistemas telemáticos, estará disponible en los próximos días en la página web www.poderjudicial.es, una vez incorporadas las enmiendas aprobadas.

Los objetivos del plan son agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces también ha aprobado los principios y criterios generales que deberían inspirar las reformas legales que puedan acometerse en este momento. En esta materia, la actuación del CGPJ ha de quedar limitada a la función de propuesta y aportación de trabajos técnicos al prelegislador para su valoración y, en su caso, tramitación ante las Cortes Generales.

Tras el debate y votación de las enmiendas presentadas en relación con este apartado, los vocales han acordado que las reformas deberían procurar la agilización procesal, incrementando la eficacia de la respuesta judicial y acortando, en la medida de lo posible, los tiempos de respuesta; introducir previsiones en la normativa procesal orientadas a alcanzar el máximo aprovechamiento en la utilización de los medios tecnológicos; favorecer el incremento de la seguridad jurídica, la unificación de criterios ante la previsible litigiosidad masiva y la uniformidad de la respuesta judicial; y mitigar el exceso de litigiosidad.

Además, dadas las especiales circunstancias generadas por la crisis sanitaria y su impacto socioeconómico, las reformas habrían de prestar especial atención a determinados procedimientos: los de familia, en base al principio del interés superior del menor; los mercantiles, al objeto de facilitar la continuidad de las empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis; la protección de las víctimas, con especial y constante atención a las de la violencia de género; los contencioso-administrativos más directamente asociados a los efectos de la declaración del estado de alarma; y los laborales sobre protección social, conciliación de la vida familiar y profesional, viabilidad de las empresas y mantenimiento del empleo.

Por último, el Pleno ha señalado como criterios y principios aplicables con carácter general a cualquier reforma procesal que se acometa que ninguna de ellas vaya en detrimento de las garantías procesales de los justiciables ni merme la calidad del servicio judicial; que dadas las circunstancias que motivan la elaboración de las propuestas éstas han de tener, cuando proceda, carácter temporal, sin excluir el planteamiento de reformas con vocación de permanencia cuando puedan introducir mecanismos que favorezcan la respuesta judicial de cara al futuro; y que ha de contemplarse en todo momento la conexión de las reformas con las exigencias derivadas de la protección de la seguridad y la salud laboral.
(Expansión, 17-06-2020)

   

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